El Congreso del Estado echó atrás esta noche 12 pensiones "doradas" adjudicadas por los ex diputados a familiares y allegados.
El paquete de 12 decretos, con los que diputados de la LIII Legislatura autorizaron una pensión vitalicia, habían sido emitidos a favor de:
-Juan Bobabilla Cuenca
-Miguel Arellano Rivera
-Rocío Flores Reynoso
-Griselda Toledo Gargallo
-Gilberto García Díaz
-Karina Arteaga Gutiérrez
-Elena Marín Sánchez
-Lucía Pérez Jiménez
-José Zavaleta Castro
-María Eugenia Andrade Cortéz
-Severino Bahez Márquez
-Froylan Figueroa Espinosa
Es el segundo paquete de un conjunto de más de 70 pensiones denominadas por los propios diputados como "doradas" por los montos económicos y las condiciones irregularidades en las que fueron procesadas.
La sesión tuvo un receso de más de seis horas, decretado cuando los diputados iniciaron la votación de los dictámenes correspondientes al paquete.
Avanzaron con uno y después integrantes del autodenominado G-6 objetaron la votación y solicitaron el receso supuestamente porque los dictámenes no se los habían hecho llegar con anticipación.
Además de que estos habían sido enlistados en la orden del día con errores en su redacción que podían representar un problema legal a futuro.
Las pensiones más significativas que los diputados abrogaron esta ocasión fueron las de Karina Arteaga, ex directora de Recursos Humanos en la LIII Legislatura, y la de la esposa del ex legislador José Manuel Tablas Pimentel, quien supuestamente era asesora en la comisión que el mismo diputado presidía.
La sesión reinició a las 20:01 con 14 diputados; el G-6 no regresó.
El presidente pidió la aprobación del Pleno para aclarar la redacción de los dictámenes de abrogación en la orden del día y procedieron a votar por separado cada uno.
El primer paquete de 24 decretos presentados para su abrogación, fue votado el 11 de abril; de los cuales se sabe que la mayoría de los afectados, iniciaron juicios de amparo para defender la pensión.
Los decretos fueron abrogados porque los diputados, a través de la Comisión de Trabajo, detectó irregularidades en la antigüedad laboral que supuestamente tenían los beneficiarios la cual habrían comprobado con información falsa.