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La Suprema Corte de Justicia falló en contra del Congreso y de la pensión dorada que la Comisión de Trabajo y Previsión Social concedió, mediante violaciones al proceso legislativo, al ex consejero de la Judicatura del Poder Judicial, Jesús Antonio Tallabs Ortega.
En la sesión que la Segunda Sala llevó a cabo el miércoles, resolvió la controversia constitucional 36/2015 promovida por el Poder Ejecutivo.
Como resultado del análisis, los ministros le concedieron la razón al Ejecutivo, en que los diputados de la Comisión de Trabajo, presidida por el entonces diputado del PT, Héctor Salazar Porcayo, no atendieron de manera correcta las observaciones que el Gobernador hizo al decreto con el que se concedió la pensión a Tallabs.
Declararon la invalidez de tres oficios con los que el Congreso “resolvió” ratificar la pensión vitalicia por más de 72 mil pesos mensuales para Tallabs Ortega, y ordenaron a los diputados discutir y votar el dictamen de las observaciones que,  el Gobernador hizo al decreto.
Tallabs Ortega fue nombrado por el ex gobernador Marco Adame Castillo, como el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
Con la llegada del gobierno de Graco Ramírez, lo relevó del cargo en 2013.
Con antelación, Tallabs inició el trámite para pensionarse y el 9 de julio de 2014, el Pleno aprobó el dictamen que le otorgó una pensión vitalicia calculada con el salario que tenía como miembro del Consejo de la Judicatura.
El Gobernador vetó el decreto y lo devolvió al Congreso con observaciones para que los diputados reconsideraran la decisión de haber dado a Tallabs Ortega categoría de “subordinado”.
Desde el punto de vista del Ejecutivo, Tallabs tenía carácter patronal, y los años como consejero y el salario de 92 mil pesos mensuales que percibió en ese cargo no debieron considerarse en el cálculo.
Sin embargo, la Comisión se rehusó a analizar las acotaciones del Gobernador con el argumento de que no llegaron con el decreto.
En lugar de presentar un dictamen a votación del Pleno, la Comisión resolvió ratificar la pensión con un oficio del que sólo se dio cuenta a los diputados en sesión ordinaria y la presidencia del Congreso volvió a solicitar al Ejecutivo que publicara el decreto en el periódico oficial Tierra y Libertad, para que la pensión cobrara vigencia.
Ahora, la Corte resolvió que, los entonces diputados violaron el proceso legislativo y los nuevos diputados tendrán que entrar al análisis de dichas observaciones.