CUERNAVACA, MORELOS.- Industriales de la construcción, agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) pidieron ayer a diputados que suspendan la aprobación del dictamen de reforma a diferentes ordenamientos, en materia de licencias de construcción.
Demandaron ser incluidos en un análisis integral de las condiciones en las que se encuentra actualmente el sector de la construcción en Morelos, para mejorar las condiciones, tanto para el sector público como privado.
El presidente de la Canadevi en la entidad, Eduardo Vargas Romero, planteó que en lugar de los cambios que el Congreso se dispone hacer a Ley Orgánica Municipal, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, a la Ley de Vivienda y la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, de manera conjunta se trabaje en un Plan Estatal de Vivienda con metas a corto, mediano y largo plazo.
Así como un trabajo para flexibilizar la normatividad de desarrollo, simplificar la tramitología, regresar facultades a municipios, homologar el cobro de derechos, permisos y licencias y legislar sobre la vivienda irregular.
Indicó que si bien la obra pública requiere de condiciones para que los gobiernos la lleven a cabo, también el sector privado necesita un ambiente legal más amigable para cumplir metas y expectativas.

Inconvenientes
Dijo que la ley en materia ambiental quitó facultades a los ayuntamientos e impuso plazos muy largos para que los desarrolladores consigan una licencia de impacto ambiental; una acción que resta competitividad al mercado de la construcción en la entidad.
Aseguró que de 2010 a 2016, la construcción tuvo un crecimiento en el país de 4.9, mientras que en Morelos hubo un decremento de -69 por ciento, con la reducción de inversión y la falta de creación de fuentes de empleo.
La iniciativa de reforma en materia de licencias de construcción fue remitida al Congreso por el titular del Poder Ejecutivo, con calidad de preferente, al inicio del periodo ordinario de sesiones, y debe tener una respuesta de los diputados en un plazo de 40 días naturales, a partir del 1 de febrero.

Por: Antonieta Sánchez
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