Porque del delito de coalición de servidores públicos han sido formalmente imputados, es que nueve de los dieciocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se encuentran en la condición de vulgares presuntos delincuentes: Carmen Cuevas López, Rubén Jasso Díaz, María Idalia Franco Zavaleta, Elda Flores León, Valentín González García, Miguel Ángel Falcón Vega, Manuel Díaz Carvajal, Carmen Aquino Celis y Leticia Taboada Salgado.

El delito que se les imputa se llama coalición de servidores públicos, y lo habrían cometido los nueve nombrados ungiendo a su correligionario Jasso como presidente del TSJ en la sesión del 5 de mayo. Una reunión, que no pleno pues no asistió el número de doce para el quórum que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, las dos terceras partes de los dieciocho magistrados. Si ante el espectáculo de esta suerte de golpe de estado se halla el gremio de los abogados en particular y la sociedad en general, que sea la justicia quien lo determine.

Y de la misma manera en el caso de la magistrada Carmen Cuevas quien, acusada del delito federal de uso de documentación falsa, podrá acabar siendo víctima de su propia frivolidad por la ligereza de quitarse un año de edad. Usando la CURP de otra persona, alteró su nombre añadiéndose otro y al tiempo modificó su fecha de nacimiento restándose un año. Al darse el encontrón de magistrados precisamente en medio de la curva de la pandemia del Covid-19, si términos legales no hay de cumplimiento inmediato deberán pasar varias semanas para el desenlace.

Que en base a la justicia y la ley resulte la decisión será lo correcto y decente. Mientras tanto, empatados en nueve unidades cada facción, el mínimo de tres votos que cabildeen uno u otros grupos harán la diferencia.

A veces la literalidad es necesaria, por útil. La posición de los magistrados contra el grupo que usurpa la presidencia del TSJ detalla: “Por lo tanto, aún y a sabiendas que para realizar la sesiones y deliberaciones se requieren, de acuerdo con lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las dos terceras partes de los magistrados, aun sin existir quorum legal continuaron en dicha reunión y determinaron designar como presidente a Rubén Jasso Díaz a quien a sabiendas de la ilegalidad de dicho acto desplegó una conducta consistente en protestar un cargo que proviene de un hecho ilegal (…) existen indicios suficientes que hacen presumir la existencia de un hecho delictivo siendo este el de coalición de servidores públicos (…) y la ilegalidad que no es desconocida para los 09 magistrados…” NO lo dice el columnista, lo indica la lógica: los consensos sociales se escenifican en la calle, las fábricas, las oficinas, las sobremesas de familia. Sobre los alcaldes de Cuernavaca y Jiutepec se perciben opiniones divididas pero mayormente positivas para Antonio Villalobos y Rafael Reyes Reyes.

Creativos, laboriosos, echados para adelante frente a las dificultades por la epidemia del cólera virus en este sentido lo comentan en ambos municipios… y en Temixco como la excepción que confirma la regla.

Quizá distraída la alcaldesa Jazmín Solano López en actividades ajenas a la emergencia sanitaria, tuvo que intervenir la Guardia Nacional para que fueran cerrados los comercios no esenciales que permanecían abiertos en la cabecera municipal no obstante el riesgo de contagios. A la señora Solano se le olvidó que la salud está primero que el sector comercial.

Algunos fenicios lo sienten pero ni modo… HILARANTES de por sí los memes versus el ex presidente Felipe Calderón, que es dibujado chaparro y cabezón, uno reciente a propósito de su libro “Decisiones difíciles” tira de risa. Aparece sufriendo indeciso, sin saber escoger entre una botella de “Bacachá” y otra de “Ron Cagüey”… (Me leen después).  

 

JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN

jmperezduran@hotmail.com