Denunciado en los últimos días de diciembre pasado por la Asociación de Usuarios de Aguas del arroyo de “Las Trancas”, de Huitzilac, el ex alcalde del vecino municipio, Antonio Cruz García, habría cometido los delitos de despojo agravado, y de presunta extorsión los comuneros de San Juan Atzingo, del estado de México. Aseguran los denunciantes: el edil pretende apropiarse de la red de agua potable de fraccionamientos de la zona, en tanto los comuneros les exigen tres millones de pesos a cambio de liberar el agua. Dicen tener la concesión para el uso del pozo y la red del agua, y reprochan desatención por parte de la autoridad estatal culpando al ex alcalde y a autoridades auxiliares (¿ayudantes municipales?) de que desde hace meses no surten del vital líquido, pues obstruyeron las tuberías. A decir de los usuarios, durante cincuenta años han pagado los gastos del suministro del agua y desde hace ocho separaron el medidor de energía eléctrica que surte al pueblo de Huitzilac, lo que provocó una gran deuda del municipio. Explicaron que ellos comparten con la población el agua de la concesión que obtuvo la asociación civil, pero el ex edil ambiciona el control de la red para cobrar por el servicio. Los afectados suman más de cuatro mil propietarios de casas en fraccionamientos residenciales de Huitzilac, muchas de fin de semana y descanso que generan una considerable derrama económica en el municipio. Al pedir la intervención del Gobierno Estatal para la solución del conflicto, es porque la situación ya derivó en demandas penales ante la Fiscalía General del Estado… No es la primera vez que en Huitzilac riñen por la política, el agua y la tierra. En aquella ocasión las cosas se salieron de control, las amenazas y los miedos cubrieron las copas de los árboles de los bosques y la sangre llegó al río. A los vecinos de los fraccionamientos de Huitzilac les mataron a uno de los suyos... y otros enfrentaban el peligro de correr la misma suerte. En el marco de la prolongada controversia por la tenencia de la tierra de los 34 fraccionamientos ubicados en terrenos de origen comunal y ejidal, que venía de al menos cuatro décadas atrás, el vienes 18 de mayo 2001 cayó asesinado de nueve balazos Armando Ruiz Rivera, quien como presidente del fraccionamiento Sierra Encantada había destacado como uno de los activistas más combativos en la lucha de los colonos por la legitimación de sus propiedades. Aquella fue la crónica de un homicidio anunciado. Quince días antes, Ruiz asistió a una reunión del Consejo Consultivo para la Seguridad de la Tenencia de la Tierra. El evento fue convocado por el Gobierno del Estado y, de acuerdo a una carta dirigida al presidente Vicente Fox por los presidentes y representantes de los fraccionamientos, el dirigente de colonos Ruiz denunció públicamente que con los documentos que había logrado obtener y las acciones realizadas por él “había lesionado muchos intereses”, señaló los nombres de los posibles responsables y él mismo temía que “lo iban a matar”. Junto con un grupo que había retomado el liderazgo del movimiento, Ernesto Castellanos Herrerías acudió más de una vez al Congreso Estatal para solicitar el apoyo de los diputados y que fueran castigados los autores intelectuales y materiales del homicidio del señor Ruiz. Precisamente en una de las sesiones efectuadas la semana anterior a la fecha indicada, se había enterado de la amenaza de que “podía ser el siguiente”, supo que en Huitzilac se comentaba una lista de sentenciados a muerte y fue avisado de que dos hombres estaban mezclados con el público en las butacas del salón de sesiones de la sede legislativa, para identificarlo. En esas circunstancias, los colonos decían estar seguros de que la orden del asesinato de Ruiz y la existencia de la lista de la muerte había salido de la camarilla que ejercía el control de la representación de bienes comunales y el ejido de Huitzilac. En vano exigieron justicia para su movimiento y seguridad para sus personas y sus patrimonios. Topados con una actitud de indiferencia por parte de la Procuraduría General de Justicia, fue por lo que decidieron escribirle a Fox, pero en vano, recibiendo la respuesta burocrática de que “la oficina de la Presidencia de la República recibió su carta”, y luego de pedir un viernes una entrevista con los diputados miembros de las comisiones de Atención Ciudadana y Seguridad Pública del Congreso de la Unión los recibieron un miércoles con el mismo resultado: nada… (Me leen después). 

 

José Manuel Pérez Durán
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