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El coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso Estatal, Jaime Álvarez Cisneros, no exagera la nota. Hace una metáfora: el rescate financiero de ayuntamientos en crisis es una cuestión de vida o muerte. Lo es debido a que hay alcaldes en peligro de ser puestos de patitas en la calle, destituidos porque no pagan laudos laborales por un monto global de mil 500 millones de pesos, impedidos de seguir dándole “largas” a los desembolsos ganando tiempo en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) pues, si de procesos federalizados se trata, los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) pueden ordenar la separación del cargo no sólo de los presidentes municipales sino de los cabildos completos y consignarlos ante jueces de distrito. Real el riesgo, avizora la imagen de un montón de presidentes municipales ingresando al penal de Atlacholohaya, cubierto el evento inusitado por periodistas de medios nacionales e internacionales, vestidos a rayas los imputados y una vez adentro conviviendo con delincuentes de toda laya. Calculada a principios de marzo la cifra de sólo una parte de laudos (450) en quinientos millones de pesos por la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, advirtió que anteriormente los tribunales colegiados enviaban los expedientes al TECA, en este lapso los ediles podían alcanzar la conciliación, ganar semanas o meses para obtener recursos y sólo entonces pagar los laudos. Pero una notificación del TCC acortó los tiempos, así que dedujo el columnista: expedientes que iniciaron en 2003 e incluso antes y vinieron aumentando cada tres años con las entradas de nuevos alcaldes que despiden a trabajadores para darles trabajo a parientes y amigos y cumplir “compromisos de campaña” en una cadena de irresponsabilidades que a la postre los puso con un pie en la cárcel. De Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac, Axochiapan, Huitzilac, Jonacatepec, Miacatlán, Temoac, Tlaquiltenango, Yecapixtla, etc. Y el resultado, dicho de la manera “coloquial” como los diputados podrían parafrasear al edil capitalino, que Cuauhtémoc Blanco “le pidió chichi” al Congreso, autorizado por el cabildo para solicitar un refinanciamiento de 650 millones de pesos al que ayer los legisladores debieron darle entrada, probablemente paqueteado con las peticiones de Cuautla (Raúl Tadeo Nava), Jiutepec (José Manuel Agüero Tovar), Jantetelco (Juan Felipe Domínguez Robles), Tetecala (Luz Dary Quevedo Maldonado)  y Jonacatepec  (Israel Andrade Zavala) como los más inmediatos, según adelantó Álvarez el martes, el mismo declarante que en los estiras y aflojas de este asunto semanas atrás resaltó la figura de la “tercería” para la aprobación de los refinanciamientos. Operada por una institución oficial, la tercería es un acuerdo del gobernador Graco Ramírez con el propósito de salvar a los presidentes municipales a quienes los laudos tienen a maltraer, ya que por resoluciones desacatadas el TCC no sólo puede destituirlos, también ordenar que sean consignados y parar en prisión. De acuerdo a lo dicho por Álvarez, el apoyo a funcionarios municipales agobiados por laudos puede ser por medio de un tercero, “como en las quiebras de empresas”, con créditos bancarios exclusivamente para pagos de laudos aplicados no por los ayuntamientos sino por la tercería. Esta fórmula posibilita pagar pesos a centavos y ahorrar una fuerte suma a los municipios. Ejemplo: negociaciones en las que por cada peso se paguen veinte centavos, los demandantes reciban recursos que han esperado por años, los ayuntamientos queden en cero laudos y sin demandas. Esto para que los señores presidentes (que suelen serlo de horca y cuchillo) no se gasten el dinero de los reendeudamientos más que para, aparte de saldar laudos, pagar “drogas” a proveedores recientes o heredadas y si les alcanza hagan una que otra obra. Que en Cuernavaca, Cuauhtémoc, el vicealcalde íbero José Manuel Sánz, los hermanos Roberto Carlos y Julio Yáñez Moreno, “El Jefe” Eduardo Bordonabe y el secretario de  Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos, Jorge Humberto Sánchez Becerril, al fin transparenten el caso opaco, negro como la noche y por lo tanto sospechoso de esconder una transa monumental de las “donaciones” de reasfaltado de calles por parte de empresas “altruistas” que mediante contratos de obras  futuras de obras se estarían cobrando a lo chino. A poco no… ME LEEN MAÑANA. 

Atril
José Manuel Pérez Durán

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