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Ya hay una gasolinería en Las Palmas, de modo que otra cien metros abajo y una más en Chipiltán no son necesarias. Colapsarían el tráfico vehicular de por sí complicado en las “horas pico”, contraviniendo el sentido común fueron autorizadas por el anterior y el antepasado ayuntamiento, las empresas hicieron trabajos de construcción que aparentemente suspendió la oposición del vecindario de Chipitlán. Hace un año, el lunes 2 de abril, bloquearon la circulación vehicular, estrangularon el tránsito de automotores y personas en gran parte de la ciudad. Fue uno de los embotellamientos más extensos y prolongados de que los cuernavacences tengamos memoria. Rechazaron la construcción de la gasolinería en  su barrio, lo cual debió considerar la Comuna antes de aprobarla. Y no fue la primera vez que desquiciaron el desplazamiento vehicular; ya lo habían hecho el 26 de febrero con el mismo motivo e igual método. Argumentó el entonces el ayudante Alfonso Díaz Hernández que el establecimiento de la estación gasolinera representaba un peligro para los alumnos de cinco planteles escolares, ignorado tal vez por sus vecinos que “en corto” ya había expresado su complacencia al dicho proyecto. Fechado el 20 de junio y oficializado con el sello de la Ayudantía de Chipitlán, le dirigió un oficio a la contadora Blanca Azucena Gaona, representante legal de Empresas Administradora de Bienes Crisan del Centro, S.A. de C.V. y Combustibles Crisan del Centro, S.A de C.V. Escribió: “El que suscribe CP Alfonso Díaz Hernández, ayudante municipal del Poblado de Chipitlán, con domicilio para recibir y oír todo tipo de notificaciones el señalado al rubro, en respuesta a su similar de fecha 16 de junio de la presente anualidad donde solicita la manifestación expresa por parte del suscrito en relación a la construcción de una gasolinería que se ubicará en la avenida Morelos 104 antes 1201 frente al centro comercial Soriana, me permito manifestar que una vez desahogadas varias reuniones de trabajo donde se llevó a cabo la revisión de cada uno de los permisos, licencias y autorizaciones de las dependencias federales, estatales y municipales gestionadas en tiempo y forma por la empresa y exhibidas en original, no se encontró ninguna irregularidad, por lo que en base a las atribuciones que me consagra la Ley Orgánica Municipal no existe inconveniente alguno en el proyecto en mención, toda vez que se cumple con la normatividad vigente”. Sin embargo  y en  apariencia hecha la “transa”, la gasolinería no abrió, vino el cambio de presidente municipal, salió Jorge Morales, llegó Cuauhtémoc Blanco, luego hubo elecciones de ayudantes municipales  y este asunto quedó en el olvido… hasta que la semana pasada los vecinos dijeron haber escuchado ruidos de trabajos en el predio de la gasolinería presuntamente cancelada, y al desaparecer los sellos de suspensión de la Secretaría de Desarrollo Sustentable los alertó sobre que el Ayuntamiento encabezado por Blanco se fue por el dinero de las ratificaciones del permiso del uso del suelo y la licencia de construcción para que continúe la edificación de la estación de combustible. Un craso error, y un ajo en el que el nuevo ayudante municipal no ha dicho si está o no está… PROMULGADA por el presidente Enrique Peña Nieto, la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene que ver con las autorizaciones del Congreso Estatal a los refinanciamientos de los ayuntamientos. De acuerdo al discurso de Peña, esta ley federal permitirá que las finanzas públicas locales sean sostenibles a mediano “y largo plazos”. Es así que este ordenamiento no parece evitar que los actuales presidentes municipales contraten deudas cuyos pagos vayan más allá del trienio y continúe el cuento de nunca acabar. Caso de Cuernavaca, que con una deuda de mil 600 millones de pesos requeriría de un refinanciamiento por un monto mayor a esta cantidad para saldar sólo una parte y dejarle el resto a las siguientes administraciones durante diez, quince o veinte años. Agobiados por los laudos laborales, las “drogas” a proveedores de servicios y a empresas constructoras, aunque tal es la realidad de nueve de cada diez de los ayuntamientos los diputados deberán ser muy prudentes a la hora de autorizar las contrataciones de deudas bancarias por las que claman los alcaldes. Un tema que no es menor, pues podría afectar a las próximas generaciones de morelenses. Conste…  ME LEEN EL DOMINGO.

Atril
José Manuel Pérez Durán

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