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Cámaras de video en todas y cada una de las fachadas de edificios de departamentos habitacionales, en plazas comerciales, como ya las hay, en parques públicos, en rutas y taxis. Incluidas las cámaras del Centro de Control y Mando C-5 que, situado en la localidad de Palo Escrito, tejerían una red de protección social para inhibir la comisión de delitos (robo de autos y a casas-habitación, asaltos a bancos y a pasajeros de rutas, etc.), los delincuentes se sentirían vigilados y mejoraría sustancialmente la seguridad pública. Poner tantos “ojos” en Cuernavaca, en los municipios conurbados, en Cuautla, Jojutla y dondequiera que los malhechores hacen de las suyas no es imposible; las cámaras son cada vez más baratas y por mayoreo lo son más. Esto junto con los llamados Comités de Vigilancia Vecinal (Comvive), cuya integración promueve el Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP) en los treinta y tres municipios y de los cuales el secretario ejecutivo de dicho organismo, Darío de Lassé Cañas, reporta un avance del cincuenta por ciento de los 520 que serán establecidos. Sin embargo, la creación de los Comvive no prevé la instalación de cámaras de video vigilancia en edificios particulares, ni a los diputados se les ha ocurrido emitir una ley que las haga obligatorias. La idea de las células de vigilancia vecinal viene de al menos tres años atrás, comentada así en julio de 2013 por el gobernador Graco Ramírez en un evento realizado en el Centro de Convenciones de Xochitepec: “Se acabó el miedo, vamos a decir a los delincuentes que somos uno solo y que no vamos a permitir que anden impunemente delinquiendo”. Un año después fueron concluidos el equipamiento y construcción del C-5 con una inversión de 600 millones de pesos provenientes de recursos federales para el fortalecimiento de las entidades federativas. Entonces estaban en su apogeo las autodefensas de Guerrero y Michoacán. Coincidentes con los Comvive de Morelos en el propósito de combatir a los delincuentes, la diferencia es que los comités de aquí serian integrados por personas desarmadas. Las agrupaciones comunitarias del estado vecino y la entidad purépecha representaron levantamientos armados, y por eso la especie de tabú como son vistas por el estado mexicano. Sin embargo, tienen la justificación de que en los poblados donde funcionan han disminuido notablemente los índices criminales. Siendo una forma de organización social que data de mediados de los noventa, eran organizaciones vigilantes pero no armados, hasta el otoño de 2013 cuando resurgieron provistos de armas en municipios guerrerenses de la Costa Chica y la Montaña. La gente de Olinalá destapó la cajita del hartazgo, y en Marquelia, Copala, Tecuanapa, San Marcos, Cuautepec, Florencio Villareal y más dijeron ya basta a los secuestros y el chantaje por derecho de piso, los robos a viviendas, de coches y a comercios. Siguieron el ejemplo en comunidades rurales de Michoacán donde la extorsión a productores de aguacate, ganaderos y comerciantes era la constante, y crecieron en Guerrero al punto de sumar miles y miles. De su eficacia dieron una muestra el martes 26 de marzo de ese año que irrumpieron en Tierra Colorada. Ese día calcularon dos mil, trasladados tierra abajo desde la costa por el crucero de Cruz Grande y la carretera que atraviesa Ayutla de los Libres con la misión al cabo cumplida de atrapar al director de Seguridad Pública del lugar, Óscar Ulises Valle, quien había asesinado al comandante de los guardias comunitarios de Tacoanapa, Guadalupe Quiñónez Carbajal. De paso le echaron un vistazo al domicilio de la alcaldesa (panista, por cierto) Elizabeth Gutiérrez Paz, donde de acuerdo al reporte del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, hallaron capuchas y doce paquetes de droga, al parecer mariguana, que fueron mostrados a los medios. A la sazón procuradora de justicia, Martha Elba Garzón Bernal acudió de emergencia, y el gobernador Ángel Aguirre tuvo que apechugar la rebeldía. En esa época que Juan Salgado Brito era el delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero probó la beligerancia de las policías comunitarias, al ser retenido en un pueblito costeño junto con funcionarios del Gobierno Estatal. Y aquí, en junio pasado fueron disueltos “Los Marcelinos” del Chivatero, municipio de Axochiapan, que portando machetes se proclamaron como autodefensas cando su motivación no fue la seguridad de su comunidad, sino discrepancias con otro grupo de lugareños… ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán /  jmperezduran@hotmail.com