El problema de los damnificados por el terremoto de septiembre es fundamentalmente del gobierno federal, es éste mismo quien debe resolverlo y, poniéndole nombres y apellidos a los responsables directos de la solución, ellos son el presidente Enrique Peña Nieto y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga. En este contexto, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, vienen a ser coadyuvantes de soluciones. Una precisión que nadie le hizo a la Robles, anteayer cuando vino a Cuernavaca, empujada la también ex jefa del Distrito Federal de tristes recuerdos (caso del argentino Carlos Ahumada) a una junta en la delegación de la Sedatu donde repitieron el menú de números que, aunque presuntamente ciertos, poco o nada dicen a los damnificados del gran sismo en Morelos y significativamente a gente de Jojutla. Lenta la reconstrucción, tanto que en muchos lugares ni siquiera ha empezado, se dio el detalle insultante de que el gobierno federal considera un universo de 15 mil 801 tarjetas para igual número de viviendas afectadas, seis mil 104 catalogadas como daño total y nueve mil 697 con daño parcial para las que fueron depositados sólo 15 mil pesos de los 30 mil ofrecidos inicialmente para cada caso. O sea, otra vez el engaño, y por ello el ultimátum de los damnificados, puesto a la Berlanga el plazo impostergable del 31 de mayo para que les entregue los cheques y/o tarjetas bancarias para la construcción de casas. Una historia en curso todavía que no debiera ser politizada pero lo es, incierto el “happy and” con otros y el papel protagónico del diputado federal Javier Bolaños Aguilar en un papel clave por su proximidad al PAN nacional… CUESTA más que antes, 500 pesos, y obtenerla ha sido un calvario: la verificación vehicular, suspendida en el verano de 2016 cuando las contingencias ambientales de la Ciudad de México que en Morelos darían pretexto al borrón y cuenta nueva, desaparecidos por inanición los cuarenta y dos verificentros propiedad de morelenses y sustituidos por once fijos y dos móviles de una o más empresas foráneas. Un negociazo, sólo trece centros de verificación para revisar a las más de cuatrocientas mil unidades del parque vehicular con placas de Morelos, insoportables las “colas” de automotores en los locales de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Cuautla, Jojutla, Yautepec, Jantetelco y Mazatepec… que al cabo no han funcionado normalmente sino todo lo contrario. Lo bueno, juran en la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), es que “no hay corrupción”, coches trampeados que no deben pasarla, lo que si no fuera mentira significaría el imposible de que docenas de miles de carcachas serían sacadas de la calle. Para llegar al reinicio del programa de verificación vehicular, la SDS estuvo meses como el lobo que no venía y no venía hasta que llegó, y sólo al principio protestó la Asociación de Titulares de Verificentros en Morelos que luego calló, “sospechosistamente”. Cerrados sus establecimientos a fines de junio de 2016, dos meses después los dueños dirigieron una carta a la Comisión de la Megalópolis que integran autoridades de la Ciudad de México, el estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, a los Congreso Estatal y de la Unión, a colegios de profesionistas, a la Procuraduría del Medio Ambiente y otras instituciones federales y estatales. No solamente ellos se dijeron afectados, también sus 250 empleados que al cabo se quedaron sin trabajo. Señalaron una serie de inconvenientes, como que, obligados en esos días los agricultores morelenses a verificar sus vehículos en la Ciudad de México, pasaban dificultades para buscar mejores precios a sus cosechas en la capital del país, Puebla o el estado de México; que las mesas de trabajo a las que habían asistido representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canacintra, Canaco y la Asociación de Agencias de Automóviles nuevos y usados coincidieron con las afectaciones que registraban no únicamente los empresarios del área de verificentros, sino en general el proceso de productividad y comercialización como eje económico en Morelos. Aseguraron que hasta ese momento no existía “un estudio y/o resolución científica alguna que estableciera que el programa de verificación bajaría los niveles de ozono en el Valle de México”, y subrayaron que de un padrón de casi 400 mil automóviles sólo el 32 por ciento estaba verificado. Pero eso ya es historia, y hoy, la prórroga a la prórroga del aplazamiento para la verificación que, moderna y todo, resultó peor que la antigüita, más cara y más lenta, de fuereños el negocio a los que Morelos les importa un carajo… (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]

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