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Cuento de nunca acabar, los laudos ganados por trabajadores despedidos y perdidos por ayuntamientos seguirán per sécula seculorum. Cuatrocientas demandas laborales en el de Cuernavaca y unos doscientos en los demás municipios, heredadas por anteriores administraciones que inevitablemente ganarán los demandantes a quienes los alcaldes deberán pagarles a riesgo de ser destituidos, como a punto estuvo de serlo este martes Cuauhtémoc Blanco. ¿Pero con qué ojos, divina tuerta, si las comunas están en la chilla? Pues aunque sea pagando abonos chiquitos en las situaciones de deudas grandes, según libró el gobierno capitalino la amenaza del cese al “Cuau”, acordando el pago en parcialidades de un millón 234 mil 382 pesos a cinco ex trabajadores que habían demandado sus liquidaciones desde 2013. Aprovechada la ocasión por la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, advirtió que dos presidentes municipales están en riesgo de ser destituidos por no cumplir sentencias judiciales: Francisco Salinas Sánchez, de Zacatepec, y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, de Jojutla. Y no sólo eso: no hace muchos días que la  alcaldesa de Puente de Ixtla, Dulce Medina Quintanilla, pasó seis horas virtualmente presa porque no pudo pagar un millón de pesos de tres resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Pero cuándo empezó el desorden? Cuando se perdió la costumbre de que los trabajadores de confianza del sector gobierno renunciaban por escrito al terminar los trienios o sexenios, y a partir las administraciones estatales del 2000 optaron por denunciar “despidos injustificados”. Procedente de la alcaldía de Cuernavaca, donde los avatares del cuatrienio de Jorge Carrillo le permitieron nadar de a muertito, la administración estatal de Sergio Estrada Cajigal fue una proclive al despilfarro, la frivolidad y el saqueo. Pocas semanas después de que asumiera la gubernatura, el 15 de diciembre de 2000 se adjudicó un bono “de productividad y eficiencia” y un aguinaldo no por doce días de salario, como era su derecho laboral, sino uno equivalente a noventa días como si ya hubiera cumplido un año en el cargo. Aquel asalto a la tesorería estatal comenzó a documentar una pandilla voraz, pues incluyó a secretarios, coordinadores, directores generales y directores. El pretexto fue que, a mayor salario, menor corrupción, así que los presidentes municipales surgidos del PAN se asignaron altísimos salarios. El agandalle presupuestal había comenzado en 1997, con el primer alcalde panista y tres años después gobernador. Continúo un trienio más tarde, cuando Acción Nacional retuvo la capital y se hizo de los municipios de la zona conurbada con Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec. A sólo dos meses y medio de haber llegado a la gubernatura, en la primera quincena de 2000 Estrada y sus amigos empresarios convertidos en servidores públicos de primer nivel se despacharon con la cuchara grande. Además de los aguinaldos ilegales, en su impudicia también se embolsaron bonos “de productividad y eficiencia”, tácitamente avalados por la complicidad de los diputados del PRI y el PRD del Congreso Estatal que simularon su “enojo” estableciendo un punto de acuerdo para que el grupo de funcionarios privilegiados del Poder Ejecutivo regresaran los recursos públicos que por supuesto no reembolsaron a la Tesorería del Estado funcionarios como Eduardo Becerra Pérez, Cesáreo Carvajal Guajardo, Claudia Mariscal y un largo etcétera de voraces convertidos en nuevos ricos. Confirmando aquello de que a nadie que le den pan, llora, muy poco tardó en cundir el ejemplo saqueador, copiada la inmoralidad de la burocracia dorada del PAN por alcaldes, síndicos y regidores desvergonzados de todos los partidos en los treinta y tres municipios, reinvirtiendo los porcentajes del egreso presupuestal al destinar el ochenta por ciento al gasto corriente, causado en gran parte por el  pago de salarios exorbitantes, y sólo el veinte a obras y servicios. Sin embargo, los funcionarios arbitrariamente bien pagados tardarían en ser percibidos por la sociedad como sinónimos de corrupción, pero en los municipios, donde toda la gente se conoce, en seguida la voz pópuli señaló los casos de enriquecimientos repentinos que sólo explicaron la corrupción. Rotos los equilibrios entre el ingreso y el gasto, hundidos poco a poco en el pozo de la crisis financiera, hoy, quince años después del inicio del desmadre administrativo, los presidentes municipales ya no sienten lo duro sino lo tupido. Pero si siendo candidatos sabían lo que enfrentarían, ahora que se aguanten o renuncien… ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]