En agosto de 2015, la empresa regiomontana NL Technologies prometía maravillas; sus ejecutivos cabildeaban en el Poder Legislativo y en otros medios políticos. Aseguraban que los pueblos más oscuros de Morelos opacarían la luminosidad de Las Vegas, que brillarían comunidades rurales como Xoxocotla, en Puente de Ixtla, o Xicatlacotla, en la selva de Tlaquiltenango. Sensacional. En los postes de calles, cruceros, callejones y avenidas habría lámparas de luz Ned, cámaras de video-vigilancia e internet. El primer mundo. Los causantes de impuestos no gastarían más del diez por ciento en los recibos de luz de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) por el DAP (Derechos de Alumbrado Público). Un prodigio. Más aún: NL Technologies juraba: “no habrá transa”, pues el dinero de la concesión del negocio del Alumbrado Público (AP) por los siguientes veinte años lo manejaría un fideicomiso integrado por la propia empresa, la CFE y los ayuntamientos. Pero era demasiado bueno como para no despertar sospechas de corrupción, habida cuenta las experiencias de servicios públicos explotados por empresas privadas cuya naturaleza es el negocio y no el servicio a la comunidad; que prometen el oro y el moro, mas pasado el tiempo no cumplen, como ha sucedido y sigue ocurriendo en países con gobiernos neoliberales que privatizaron la energía eléctrica, el ferrocarril, las autopistas, el metro. Por fortuna, a los diputados de la anterior Legislatura y a los presidentes municipales, que ya estaban de salida, no les dio tiempo para concretar la privatización del AP. Pero ahí no acabó este asunto. En junio de 2016, el Congreso Estatal autorizó al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que privatizara el AP. Trascendida la especie de manera escueta, no fue precisado el lapso de la concesión, si sería por veinte o más años, y tampoco el o los nombres de las empresas que pretendían el negocio multimillonario. La aprobación coincidió con la destitución del secretario general del Ayuntamiento, Roberto Yáñez, de forma tal que el rompimiento de los hermanos Yáñez y dueños del Partido Social Demócrata, que había postulado al ex futbolista tepiteño como candidato a la alcaldía, habría detenido la privatización del AP. Pero no la canceló. De acuerdo a una nota reciente que, no obstante la importancia del tema a la población pasó punto menos que desapercibida, los actuales diputados “podrían aprobar” la privatización del AP mediante un decreto que autorizará convenios de ayuntamientos con alguna o algunas empresas particulares, a fin de ceder la prestación de este servicio público. Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Legislativo local, Éder Rodríguez Casillas confirmó no sólo la presentación de un proyecto en este sentido; también que ya fue “socializado” con siete de cada diez de los gobiernos municipales para que lo sometan a la votación de los cabildos. El diputado perredista aseguró que son “varias” las empresas propuestas para que se hagan cargo de la iluminación artificial hasta por 20 años, y que una “ofrece el 100 por ciento de las luminarias”. ¿Cuál? De nueva cuenta NL Technologies?  O lo que es lo mismo: la burra no era arisca, los golpes la volvieron desconfiada. Es el caso de la historia de la privatización de la basura de Cuernavaca. Abril de 2007. La comuna panista encabezada por Jesús Giles Sánchez (moriría cinco años más tarde) concesionó por dos décadas la recolección, traslado y tratamiento “sanitario” de los desechos sólidos de la capital a la entonces llamada Promotora Ambiental, S.A. (PASA). Se comprometió a pagarle seis millones de pesos mensuales, además de un aumento anual según el porcentaje de inflación que señalara el Banco Nacional de México. Agosto de 2010. El cabildo capitalino presidido por el priista Manuel Martínez Garrigós acordó suspender el contrato a PASA, con el argumento de que esta compañía regia dejó de prestar el servicio al que lo comprometió la concesión y, se dijo en ámbitos políticos, por el descubrimiento de una transa perpetrada por la concesionaria que cobraba “toneladas” de basura recolectada de 800 kilos. Cuatro años después, PASA reactivó un juicio versus el Ayuntamiento, pretendiendo el pago de 300 millones de pesos por “daños y perjuicios”. Heredado a la administración del “Cuau,” hoy día el litigio continúa, y concesionada la recolección de los desechos sólidos a otra compañía, el hecho es que la nuestra no es una ciudad que destaque precisamente por limpia… ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán /  [email protected]

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