El mando coordinado –o único, lo mismo da– de la policía en Cuernavaca, no habrá tenido sentido si en un período razonablemente breve no genera en la sociedad la sensación de que ha mejorado la seguridad de las personas y sus bienes. Será sólo una acción mediática si la delincuencia sigue imponiéndose al Estado porque no desciendan las cifras criminales por otras causas y la incapacidad de las corporaciones policiales, locales y federales. De nada habrá servido el convenio firmado por los titulares del Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de Cuernavaca, si en nuestra ciudad capital continúan las extorsiones de bandas criminales por el cobro de “piso” y los secuestros, los asaltos a comercios, robos de vehículos y a casa habitación. Obligado políticamente a firmar el convenio del mando coordinado tras meses de discusiones, lo hizo la mañana del viernes el alcalde Antonio Villalobos Adán, con el mensaje expresado ante reporteros de medios locales y nacionales de “todos unidos contra la delincuencia” equivalente a que la seguridad de la capital es obligación compartida entre el propio edil y el gobernador del Estado. Entrevistado cuando salía de la residencia oficial de Reforma, señaló que tres de cinco sujetos propuestos para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca serán analizados por el comandante de la 24ª. Zona Militar y el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros. Ello después de que fuera asesinado a balazos el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, la noche del 6 de este mes en la Unidad Habitacional Teopanzolco. Impune aún, el homicidio de Juárez está insertado en el contexto de que Cuernavaca ocupa la posición nacional 34 en materia de secuestros, con un evento por cada cien mil habitantes, 100 por ciento mayor que la media nacional, y el catorceavo lugar en el caso de las extorsiones con una tasa seis veces más que la media nacional… SUSTITUIDAS cerca de 15 mil luminarias en Jiutepec para probablemente el mejor alumbrado público de Morelos, e instaladas alarmas vecinales en edificios públicos y planteles escolares en colonias populares del municipio vecino, son acciones apreciadas por el jiutepequense común que el alcalde Rafael Reyes Reyes expuso el jueves en su primer informe de gobierno. Calles mejor iluminadas y botones de alerta tienen que ver, precisamente, con el tema de esta entrega, la inseguridad pública que en Morelos y en gran parte del país es ahora y desde hace años el problema número uno. Ello, digamos, en el día a día de millones de mexicanos, y en el evento político presidido por Reyes la presencia de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, de lo cual no pueden presumir ni en la posición estatal uno ni a nivel nacional en docenas de miles de localidades municipales… DE la Ley Minera que está en la discusión nacional, el siguiente encomillado que se relacionan con el proyecto, hasta hoy afortunadamente suspendido, de la mina de oro en Temixco: “En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales, la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza… El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en sí mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aún si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: la minería debe estar prohibida en México… La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos, emocionales y afectivos, que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos”… ¿Tienen claro este riesgo ambiental en el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Temixco? Mucho temo que no… (Me leen mañana).

 

José Manuel Pérez Durán
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