Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan no han firmado. “¿Y cómo para qué, si ni policías tenemos?”, podrían preguntarse en los tres municipios indígenas creados en la pasada administración estatal. Es más: los alcaldes de Tepalcingo y Ocuituco tampoco han estampado “la poderosa”, y el cabildo de la capital también mantiene su resistencia a signar el convenio policíaco del llamado Mando Coordinado. Se supone que esta semana el alcalde Antonio Villalobos Adán le daría su respuesta al secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, del que se supone es quien ha tratado este tema con los presidentes municipales. Pero más allá de los “trascendidos”, algo que no se ha comentado en medios es el punto de la equidad. Concretamente, que el convenio deje al Gobierno del Estado el mando de la Policía Preventiva, y que los agentes de tránsito permanezcan en las esferas administrativa y operativa de los ayuntamientos “rebeldes”. Algo por el estilo, vuelta urgente la concreción del acuerdo por los altos niveles de inseguridad que en Morelos han crecido los últimos seis meses. Bajo esta realidad cruda, innegable, lo demás es lo de menos… CASOS emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México: La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del mismo mes de 2014 en Iguala. O entre otros muchos más, la matanza de indígenas en Acteal, causada por la política oficial de castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que transitaron el camino de la resistencia para la construcción de un gobierno propio. El 22 de diciembre de 1997, fueron masacradas 45 personas: 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 15 niñas y niños, y 9 hombres. Las víctimas eran indígenas tzotziles de una organización pacifista llamada Las Abejas. Los asesinos dispararon contra una ermita en la que los y los masacrados estaban rezando por la paz en Chiapas. El manejo oficial se basó en limitar el evento a una confrontación entre indígenas y así evitar la responsabilidad estatal por la masacre... Episodios trágicos, tristes, condenables, que en el marco mundial llenaron de vergüenza a México. Porque perdió la justicia, triunfó la impunidad y los organismos oficiales de derechos humanos confirmaron su ineficacia, cuando no complicidad. Creada en junio de 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nació con el sello del salinismo, lo cual desde el principio generó desconfianza en los auténticos defensores de las garantías individuales. Su primer presidente fue Jorge Carpizo MacGregor, un practicante de la simulación como de hecho sigue siendo el principal requisito para el desempeño de este cargo. En Morelos, el modo de conducir el organismo oficial de los derechos de las personas no ha sido la excepción. A los titulares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) los ha caracterizado la hipocresía. El que paga, manda, y porque les paga el Gobierno del Estado no pueden asumir actitudes de autonomía. Próxima a ser realizada la elección de otro o la reelección del que ya ocupa la presidencia CDHEM, el Poder Ejecutivo y/o el Legislativo están ante la oportunidad histórica de hacer algo realmente distinto, digamos en el marco de la cuarta transformación postulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: volver autónoma a la dicha comisión, quitándole el presupuesto para que se mantenga con aportaciones privadas, haciendo honorario es cargo del presidente, es decir, sin salario alguno. Por estos días veríamos cómo desaparecería la larga lista de aspirantes a la chamba de Jorge Arturo Olivares Brito… DICHO en buen romance, lo que la actual Comisión Estatal de Seguridad sospecha es que Alberto Capella Ibarra, Fernando Aldape Salas y Juan Carlos Peniche Payen se embolsaron 27 millones de pesos cuando en el gobierno de Graco Ramírez dirigieron esa dependencia, la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y la Coordinación de Desarrollo y Vinculación. ¿Cómo perpetraron la transa? Presuntamente, desviando a sus bolsillos recursos de los Programas de Fortalecimiento para la Seguridad y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Repitiendo Capella el cargo de seguridad en Quintana Roo y sin que hasta la fecha haya reaccionado sobre las lindezas que de él llevan semanas diciéndose en Morelos, el asunto tendría dos ángulos: uno, si cierto es o no que se robó parte o la totalidad de ese dinero, y dos, que si siendo verdad pagaría con la destitución y un proceso penal. Para que se desenrede esta madeja no deberá pasar mucho tiempo. Mientras tanto, tampoco en Quintana ha dejado de crecer la violencia del crimen organizado… (Me leen después)
Por: José Manuel Pérez Durán