No es nuevo en Cuernavaca, pero es natural que funcionarios llegados recientemente desconozcan el tema de mafias inmobiliarias.
Se sabe de al menos dos grupos que desde semanas atrás están siendo investigadas por autoridades federales, no locales, porque se hallan “blindados” por una red de presuntas complicidades de personal de Catastro, la Dirección del Registro Público de la Propiedad y otras dependencias de carácter estatal y municipal.
Las fuentes del columnista destacan dos grupos mafiosos dirigidos por sendos notarios públicos.
Los dos fedatarios se manejan por separado como personajes notables en ámbitos sociales y empresariales, así que el trabajo sucio lo hacen dos bufetes de mujeres abogadas.
Ellas son la parte visible de un entramado mafioso en el que los notarios asumen un perfil bajo y, lo consiguen aunque relativamente, ya que ambos son ampliamente conocidos en Cuernavaca y uno más que otro.
Una de las fuentes señala que la investigación está en curso, que una vez que sea terminada presentarán las denuncias procedentes en la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, esto último, explican, debido a la “presunción fundada” de enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.
Durante años, el tema de profesionales del derecho asociados con notarios y servidores públicos corruptos es uno que ha estado vigente en el foro morelense.
De agosto pasado es el extracto de esta nota publicada en el “Sol de Cuernavaca”: “Treinta agrupaciones de abogados en Morelos se sumaron para impulsar la colegiación y profesionalización de los litigantes, para dignificar su labor, actualizar sus estudios y evitar fraudes o actos de corrupción en el gremio.
El vocero del movimiento, el abogado Cipriano Sotelo Salgado, lamentó que actualmente los abogados sigan apareciendo en las estadísticas de falta de confianza, quienes junto con los políticos y policías ocupan los primeros lugares, por ejemplo, que por año en la Fiscalía General del Estado (FGE) están radicadas al menos 120 denuncias por fraude cometidas por abogados en contra de ciudadanos (….)
Los abogados crearán una ley de colegiación que los obligará a la profesionalización y mediante la cual serán observados y vigilados cada dos años, por lo que pueden incluso ser castigados con la suspensión o inhabilitación para ejercer la profesión.
Dicha propuesta plantea sea turnada al Congreso del Estado el próximo año (2020).
La colegiación del abogado ha sido aplicado en países como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Costa Rica, a donde viajarán los abogados morelenses con el objetivo de conocer la dinámica de funcionamiento y su correcta aplicación en Morelos, pero sería pionero a nivel nacional”…
Las historias sobre despojos de bienes inmuebles lo mismo refieren terrenos baldíos que casas particulares.
Incluida cierta dosis de morbo, a mediados de los noventa trascendió con pelos y señas la historia de la mansión localizada en la cuesta de Rufino Tamayo que hace esquina con Humboldt.
Veinte años antes había albergado a la discoteca “Sandi”.
Su inauguración fue un acontecimiento en la vida nocturna de entonces, adornados el acto del corte del listón por la belleza y la fama de la actriz Claudia Islas y la concurrencia del jet set tlahuica.
Pero el antro “no pegó”, así que al poco tiempo cerró.
De aquella casona construida en dos niveles se decía era propiedad de una viejecita que moriría pocos años más tarde.
Intestada, aparentemente sin parientes a quienes heredársela, la casa de dos niveles y jardín grande fue habitada por una amiga de la vieja y su flamante esposo con quien un mal día discutió y le metió un tiro, matándolo.
Corrió entonces sobre la quinta con muro de piedra una suerte de leyenda de terror que el paso del tiempo borraría.
Estuvo abandonada hasta poco después del inicio de 1994, cuando el Gobierno Estatal la rescató.
El día de hoy, desde la calle se ve aparentemente deshabitada, ruinosa pero valiosa no tanto por la calidad de la construcción sino por las dimensiones del terreno y su ubicación.
Salvo que de la vieja quinta no se haya posesionado alguna de las mafias inmobiliarias a través del típico cuidandero, se supone que continúa siendo propiedad gubernamental.
El dato exacto debe estar en la lista de casas y terrenos que componen la reserva territorial del Gobierno del Estado, algunos de los cuales, por cierto, podría vender el Ejecutivo de manera directa y ya no con la autorización del Congreso Estatal merced a un decreto que fue aprobado en marzo de 2017.
Pero esa es otra historia.
Aquí, el relato de notarios mafiosos continuará… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com