La detención, en España, de Emilio Lozoya Austin, debe haberle quitado el sueño a su amigo, ex jefe ¿y ex socio?, Enrique Peña Nieto. Acusado el ex director de Pemex de soborno y fraude por 280 millones de dólares, si los agarró, ¿se los comió solo o los compartió con el ex presidente Peña? That’s the question, la pregunta que nos hemos venido haciendo los mexicanos. Arrestado en España, Lozoya no vivía en la precariedad de un jacal como del México rural; estaba escondido en Marbella, descrito su refugio como “una urbanización de lujo de la Costa del Sol de la que prácticamente no salía”. Su detención se produjo a petición de la Fiscalía mexicana, luego de que en mayo pasado lanzó una orden de aprehensión internacional. Dos meses más tarde, en julio se conoció sobre la detención en Alemania de la madre de Emilio Lozoya, Gilda Margarita Austin y Solís, por enriquecimiento ilícito. Una de las primeras notas señaló que el arresto fue confirmado por el abogado Javier Coello Trejo. Declaró que junto con los familiares del ex director de Pemex definiría la estrategia (de defensa) a seguir. Pero entonces y antes la suerte de Lozoya ya estaba sellada.
¿De la misma manera que hoy es avizorado el futuro de Gerardo Ruiz Esparza? Investigado desde meses atrás por autoridades financieras por posibles actos de corrupción relacionados con la constructora OHL, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes es el artífice del bodrio llamado Paso Exprés, que ha costado y seguirá costando muertos y heridos hasta en tanto no sea vuelto a hacer, de plano. Posiblemente la única carretera de México y el mundo en la que no hay acotamientos, sino carriles estrechos y encerrados en bardas que continuamente causan choques, volcaduras y carambolas, el costo del Paso Exprés fue presuntamente “inflado”. Abordado este asunto por medios nacionales que luego se ocuparon de temas mediáticos (el avión presidencial, etc.), en noviembre el portal Animal Político consignó: “El Paso Exprés es una obra de mala calidad pese a su costo millonario, en donde además hubo pagos por obras no realizadas y gastos inflados, entre otras irregularidades, señala revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En julio pasado, solo tres meses después de su inauguración, se abrió un socavón en el Paso Exprés que provocó la muerte de dos personas –padre e hijo– al caer su vehículo. La ASF comprobó que hubo pagos por obras no realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos y material que supuestamente se compró pero no apareció ni colocado en la obra ni en las bodegas. Según la Auditoria hay más de 491 millones de pesos que deben ser aclarados; se estima que el gobierno federal debe recuperar 108.6 millones de pesos que fueron pagados de manera indebida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, a través del Centro SCT Morelos. A eso se suman 270 millones recuperables por irregularidades detectadas en la obra y 31.8 millones pendientes de aclarar por parte de la SCT, en la revisión de los contratos realizados durante 2015. En la revisión también se detectó que en marzo de 2014, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) asignó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el contrato para la elaboración del estudio y el proyecto de la ampliación del libramiento de Cuernavaca o Paso Exprés, por un total de 26 millones de pesos. En agosto de ese año se firmó un convenio modificatorio para aumentar a 33 millones más IVA el costo de los servicios y alargar el plazo para entregarlos”… El quid es la guerra a la corrupción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso los casos de Lozoya, Rosario Robles, tal y tal más los que seguramente continúan siendo procesados. Guardadas las proporciones, las distancias y los niveles políticos y económicos, en Morelos tenemos el caso de que el alcalde de Jiutepec, Rafael Vargas Vargas, acaba de ponerle el cascabel al gato. Señalado su antecesor, José Manuel Agüero Tovar, por la Fiscalía Anticorrupción como presunto responsable del delito de peculado, lo es por un desvío que alcanzaría 19 millones de pesos de las arcas del municipio vecino que, junto con la imputación del delito de ejercicio ilícito del servicio público, de entrada “atornillan” al acusado en suelo morelense. Obligado a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares, de no acudir a hacerlo le será dictada orden de aprehensión. Y sí: la justicia camina lenta, pero llega… (Me leen mañana).

José Manuel Pérez Durán
jmperezduran@hotmail.com