Integrado por el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista y Social Demócrata, la urgencia de los diputados del G-20 por sacar adelante la privatización del alumbrado público (AP) en los 33 municipios, antes de que el 15 de julio concluya el periodo ordinario de sesiones, es lo que podría destrabar la parálisis legislativa. Pero para que esto suceda, el G-20 tendría que lograr un acuerdo tanto político como económico con el G-10 (PAN, PRI, PES, PANAL y PH), a fin de liberar la sede parlamentaria y pagar salarios caídos a los trabajadores que las mantienen tomadas hace un mes. Publicado el decreto para privatizar el AP en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del 21 de julio de 2016, el Ejecutivo hizo observaciones para incluir en el Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable a todas las entidades paraestatales, a descentralizadas y las dependencias que conforman el Poder Público del estado. El reinicio de sesiones también abordará la Ley de Participación Ciudadana, las adecuaciones a la reforma política electoral y la erección como municipios de las comunidades indígenas de Xoxocotla, Coatetelco, Tetelcingo y Hueyapan que se desprenderían de las cabeceras municipales de Puente de Ixtla, Miacatlán, Cuautla y Tetela del Volcán. Pero más que nada, la privatización del AP, polémica, controversial, admitido el hecho de que la iluminación artificial es un desastre pero al mismo tiempo advertido como un negocio multimillonario de “intereses personales” mediante las asignaciones de los contratos a empresas particulares. Abrir tantos candados no les está siendo fácil a los cerrajeros del G-20, cerrados por el G-10 en la coyuntura de la proximidad del arranque formal, en septiembre, del proceso electoral hacia el 2018 cuando estarán en juego los cargos de gobernador, senadores, diputados federales y locales así como la renovación de ayuntamientos e incluidas las pretensiones de no pocos por reelegirse en los puestos de alcaldes y legisladores locales… Un paquete legislativo que en el caso de los municipios indígenas se cuece aparte, por cuestiones territoriales, históricas y sociales. Pertenecientes respectivamente a Puente de Ixtla, Temixco, Miacatlán y Cuautla, cuando las comunidades indígenas de Xoxocotla, Cuentepec, Coatetelco y Tetelcingo se conviertan en municipios Morelos tendrá ya no 33 sino 37, creado hace cuatro décadas el último, Temoac, que entonces se separó de Zacualpan de Amilpas.  Así que la creación de cuatro municipios no es un tema menor, presentada para ello la iniciativa en septiembre de 2014 por el gobernador Graco Ramírez, con opiniones al interior del Congreso Estatal a favor y en contra pero subsistente la autonomía de los pueblos indígenas con usos y costumbres. Lo cual hizo natural que desde meses atrás los cuatro pueblos vivan días de intensidad política, movilizados los delegados y ayudantes municipales como candidatos naturales al cargo de presidente de los consejos que antecederán a la elección de ayuntamientos. Será un recorrido largo, tortuoso, complicado en términos políticos y económicos incluso antes de que los nuevos municipios entren en funciones. Empezarán de cero, sin instalaciones ni equipos adecuados; se establecerán provisionalmente en escuelas, domicilios particulares, ayudantías o casas ejidales, y pasarán años para que construyan sus propios inmuebles. Comenzarán a funcionar con recursos de las participaciones federales que les sean descontados a las comunas de cuyos municipios se escindan, y ello ya quita el sueño a las respectivas alcaldías que de por sí están quebrados financieramente hablando… REUNIDOS integrantes de la Barra de Abogados con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Luis Alarcón Ezeta, éste los “chamaqueó” o se dejaron manipular. Cosa que extraña en el líder de los barristas, Miguel Ángel Rosete Flores, un hombre de lucha, de honor. Le presentaron a Alarcón el expediente sobre una serie de reclamos iniciado  ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la dependencia federal, por fallas de seguridad en el Paso Express; festinaron que el propio titular de la delegación de la SCT se comprometió a implementar medidas de seguridad dentro de plazo de diez días que se cumplirá el próximo viernes, pero nada de las reparaciones económicas a propietarios de las viviendas que fueron afectadas durante la ejecución de los trabajos del mismísimo Paso de la Muerte… ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán /  [email protected]

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