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Todo indica que la reducción del número de regidores y diputados plurinominales, federales y locales es una realidad; también de senadores y eso está bien. En la Ciudad de México, ante la inconformidad social por el “gasolinazo” de enero y la obesidad de la burocracia legislativa, el PRI propuso reformas constitucionales a los artículos 52, 53, 54 y 56, a fin de eliminar cien diputaciones y treinta y dos senadurías de representación proporcional. Esto por medio del vicecoordinador de la bancada priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, en representación del coordinador César Camacho Quiroz. En Morelos, la propuesta la hizo este lunes el presidente del PRD estatal, Rodrigo Gayosso Cepeda, para lo cual el partido del sol azteca impulsará la iniciativa de ley en el Congreso del Estado que establece la disminución del treinta por ciento en el caso de los regidores y el cincuenta de diputados plurinominales, estos últimos, seis y ya no doce, y todo ello en las elecciones de 2018. Desplomadas por las bajas de los precios internacionales del petróleo y el alza del dólar, el ahorro a las finanzas públicas será de miles de millones de pesos. Tal es la intención que no debería cancelar ni el milagro de la recuperación de la economía nacional. No es posible que regidores de municipios pobres –y la mayoría lo son– reciban salarios de ochenta mil pesos, tengan empleados de gobierno a su servicio, además de gastos “de representación”, vehículos, gasolina y mantenimiento. Sobre cuándo empezó el saqueo, es una historia contada en varias ocasiones por el columnista, con pelos y señales que ahora viene a cuento: cuando se perdió la costumbre de que los trabajadores de confianza del gobierno renunciaban por escrito al terminar los trienios o sexenios, y a partir del  2000 empezaron a denunciar “despidos injustificados”. Procedente de la alcaldía de Cuernavaca, donde el cuatrienio del gobernador Jorge Carrillo le había facilitado nadar de a muertito, la administración estatal de Sergio Estrada Cajigal fue una proclive al despilfarro, la frivolidad y el saqueo. Pocas semanas después de que asumiera la gubernatura, el 15 de diciembre de 2000 se adjudicó un bono “de productividad y eficiencia” y un aguinaldo no por doce días de salario, como era su derecho laboral, sino uno equivalente a noventa días como si ya hubiera cumplido un año en el cargo. Aquel asalto a la tesorería estatal comenzó a documentar una pandilla voraz, pues incluyó a secretarios, coordinadores, directores generales y directores. El pretexto fue que, a mayor salario, menor corrupción, así que los presidentes municipales surgidos del PAN se asignaron altísimos salarios. El agandalle presupuestal había comenzado en 1997, con Estrada, el primer alcalde panista y tres años después gobernador. Continúo un trienio más tarde, cuando Acción Nacional retuvo la capital y se hizo de los municipios de la zona conurbada con Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec. A sólo dos meses y medio de haber llegado a la gubernatura, en la primera quincena de 2000 Estrada y sus amigos empresarios convertidos en servidores públicos de primer nivel se despacharon con la cuchara grande. Además de los aguinaldos ilegales, en su impudicia también se embolsaron bonos “de productividad y eficiencia”, avalados por la complicidad de los diputados del PRI y el PRD del Congreso Estatal que simularon su “enojo” estableciendo un punto de acuerdo para que el grupo de funcionarios privilegiados del Poder Ejecutivo regresaran los recursos públicos que por supuesto no reembolsaron a la Tesorería del Estado, entre otros, Eduardo Becerra Pérez, Cesáreo Carvajal Guajardo, Claudia Mariscal y un largo etcétera de voraces convertidos en nuevos ricos. Confirmando aquello de que a nadie que le den pan, llora, muy poco tardó en cundir el ejemplo saqueador, copiada la inmoralidad panista por alcaldes, síndicos y regidores desvergonzados de todos los partidos en los treinta y tres municipios que reinvirtieron los porcentajes del egreso presupuestal al destinar el ochenta por ciento al gasto corriente, causado en gran parte por el pago de salarios exorbitantes, y sólo el veinte a obras y servicios. Sin embargo, los funcionarios excesivamente pagados poco tardarían en ser percibidos por la sociedad como sinónimos de corrupción, y en los municipios pequeños donde toda la gente se conoce, la voz pópuli contó historias de enriquecimientos repentinos que sólo explicaron la corrupción. Hoy, tres lustros después, la economía del país ya no da para mantener a tanto holgazán… ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]