Dos temas campean por estos días en medios políticos. Sobre ambos opinan tirios y troyanos, discuten, analizan, presionan. Pero en realidad ninguno es de urgente solución. Uno: que el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo dé a conocer el nombre del siguiente secretario de Seguridad Pública es algo que todavía puede seguir esperando un poco, no obstante que desde semanas atrás el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que Alfonso Durazo desempeñará este cargo a nivel nacional. Voz de Cuauhtémoc, José Manuel Sanz Rivera admitió ayer que “hasta el momento no se ha determinado quién será la persona titular de Seguridad Pública” y, al añadir que se ha pedido la opinión del futuro gabinete federal del área misma, sugiere que la dupla Bravo-Sanz están esperando que sean Durazo o el mismísimo AMLO quienes asuman la responsabilidad de la designación del dicho funcionario. Y dos: El nombramiento –disfrazado de “elección”– del fiscal anticorrupción que para guardar las formas haría el fiscal general Uriel Carmona, pero tampoco debería ser inminente. El sujeto que en la actualidad ocupa este puesto, Juan Salazar Núñez, concluye su gestión dentro de sólo doce días, el 28 de este mes, así que, aunque aparentemente contradictoria, tampoco hay prisa. Bastaría nombrar un procurador anticorrupción con carácter de provisional y dejar el asunto en manos de la próxima Legislatura local, para que asuma la cual faltan escasas dos semanas. Más aún: si los diputados salientes “eligen” al fiscal anticorrupción, con una mano en la cintura podrá ser sacado por la Legislatura con mayoría morena que iniciará en septiembre. En este sentido, de cierta manera sale sobrando el protagonismo de dirigentes de organizaciones falsamente apolíticas, como la franquicia de la Coparmex convertida en ajonjolí de todos los moles… Y ciertamente el quid está en la seguridad de las personas y sus bienes. Se habla del mando único o mixto, de la policía de proximidad, de necesidades y estrategias, de tantas cosas que para la población acaban siendo un mazacote. Pero nada de que la vieja figura del policía de barrio podría ser parte de la solución. La historia: Entre los años veinte y los sesenta había policías como tales, pero también existían cuerpos de vigilancia comunitaria que provenían de los usos y costumbres, integrados por los mismos vecinos de barrios, pueblos y colonias. Los jefes de manzana, ayudantes municipales y mayordomos de los pueblos originarios cumplían esas funciones de vigilancia y mantenimiento del orden. A los vecinos-policías les correspondías las “rondas” diurnas y nocturnas, y tenían la obligación de cuestionar a propios y extraños sobre sus “generales”, con más a trasnochadores y parranderos. Si era conocido se obviaba el interrogatorio, pero con el extraño o visitante la pregunta era el motivo de su noctámbula presencia, conminado a retirarse al domicilio, casa de huéspedes u hotel donde tenía previsto pasar la noche. El policía de barrio o vecinal era honorífico, no cobraba salario del ayuntamiento ni del gobierno estatal, y eso se debía a que se consideraba un servicio comunitario, al deber cívico de velar por la seguridad y tranquilidad de la familia propia y de los vecinos. Un alto sentido de cooperación y solidaridad cívica y ciudadana acaso recuperado por la emergencia en que se encuentran barrios y colonias. Las acciones de “vecino vigilante” ante el embate de los “cobros de piso” y “protección” contra comercios, changarros y empresas han obligado a la organización vecinal, aunque en pocos puntos del territorio estatal y todavía sin volver a la policía vecinal. En otros tiempos, el trabajo de vigilancia era sencillo y sin mayores complicaciones. El antecedente del policía vecinal, de barrio o comunitario quizá se encuentre en el conocido como “sereno”, el cual era un personaje tal vez voluntario o con una paga simbólica que surgió en las ciudades novohispanas. No se trataba exactamente de un policía, pero prevenía o delataba cualquier emergencia o sobresalto, ya fuera con un silbato o campana. Después vino la contratación de policías asalariados por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal. No obstante perdidos más tarde el ánimo y la esencia comunitaria, voluntaria y cívica de las policías, en muchas comunidades conservan la policía pueblerina como parte de sus usos y costumbres. El ejemplo más cercano lo tenemos en el pueblo de Ocotepec, donde ni municipales, estatales ni federales entran regularmente pero al final son incontables las ocasiones de “intromisión”… (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected] 

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