Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites (Zacatecas) y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver fueron arbitrariamente desalojados de sus casas por esa empresa. Por años acosados y amenazados, a fines de enero guardias privados que portaban armas largas obligaron a 47 familias a dejar sus hogares que fueron destruidos con maquinaria pesada, y madres, padres e hijos forzados a mudarse a viviendas de lámina con un contrato de comodato que vence el 13 de este mes. Esto es lo que le espera a la gente de la zona de Temixco si venden sus terrenos, y si la compañía canadiense “Álamos Gold” (o “La Compañía”) se sale con la suya y consigue abrir ahí la mina con la que será saqueado el oro y la plata de Morelos. Surgido el rechazo a la ambición minera en las primeras semanas de la actual administración estatal e incluso respaldado por el gobernador Graco Ramírez, se sentó un precedente ante casos similares de empresas asimismo extranjeras en numerosas localidades del país. Pero tuvo que pasar un año para que en junio de 2013 fuera frenado el proyecto “Esperanza Silver al que le fue reprobado el estudio de impacto ambiental. Transferidas en septiembre del mismo año las siete concesiones de “Esperanza” a “Álamos Gold” o “La Compañía”, de Toronto, Canadá, el presidente de esta última, John A. McCluskey, amenazó con que durante los siguientes 18 meses volverían a presentar el plan “Esperanza Proyecto Oro”. Transcurridos tres años y fracción, hoy se sabe que la firma canadiense no ha quitado el dedo del renglón. Soslayados ante temas coyunturales, este de la presunta mina es un asunto de la mayor importancia. Si la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) autoriza la apertura de la mina, la empresa canadiense envenenará el suelo y el agua, afectará la fauna, depredará los cerros del Jumil y Colotopec, en Tetlama; pondrá en riesgo de que se colapse la zona arqueológica de Xochicalco y extenderán el saqueo a 15 mil hectáreas. Pendientes, pues… LLAMAN en horas hábiles o no. Tienen datos que el receptor del telefonema supone protegidos: su nombre completo y el número de su celular o teléfono fijo. Entrenados, los y las operadoras simulan amabilidad. La conversación se desarrolla más o menos así: “¿Tengo el gusto de hablar con la señora o el señor Fulana de Tal?”. “¿De parte de quién?” No dice en seguida quién está llamando; sigue siendo amable. “¿Cómo está usted?”. Y uno piensa: ¡qué le importa cómo estoy! Sólo entonces añade: “Soy Merengana”. Y luego ofrece seguros de vida, cambios de compañía celular, concentración de deudas de tarjetas de crédito, pólizas de salud y muchas cosas más. “Gracias, pero no me interesa”, responde el objetivo de la venta telefónica. Pero el vendedor (a) insiste, pues para ser tercos han sido capacitados, así que se atreve a interrogar: “¿Tiene usted alguna razón en especial?”. Y uno, que de verdad es educado, no le contesta que de plano a nadie le gusta que lo estén chingado… ¿Pero cómo hacen las empresas que venden por teléfono para tener tantos números de móviles o fijos, nombres y domicilios de millones de ciudadanos? Seguramente los sacan de los directorios telefónicos, y es posible que los compren a bancos cuyos clientes les proporcionan estos y otros datos. Operan impunemente, violan la Ley Federal de Protección de Datos, llevan años delinquiendo pero ninguna autoridad es capaz de infraccionarlos a menos que medien denuncias que muy pocas víctimas presentan. Insignificante comparada con la magnitud del problema la multa de 16 millones de peso que en 2013 le fue aplicada al Banco Nacional de México por revelar datos personales de sus clientes, que se sepa ningún infractor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales ha sido encarcelado, no obstante que este ordenamiento prevé cinco años de prisión a quienes con fines de lucro hagan públicos datos de carácter personal, como es el caso de las ventas por teléfono. Blanda la dicha ley, para que la autoridad actué por oficio los legisladores deben modificarla, aumentar la penalidad a más de cinco años de prisión y convertir en delito mayor la publicación de datos estrictamente personales. Solamente de esta manera y en el hipotético caso de que los diputados federales osaran enfrentarse al poder económico y a la influencia política de los dueños de los bancos, que son mayormente extranjeros, los violadores de la intimidad de las personas podrían ser encarcelados… ME LEEN MAÑANA.

José Manuel Pérez Durán /  [email protected]

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