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Publicada la exoneración del gobernador perredista Graco Ramírez por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), de desviación de recursos en el crédito de 2 mil 806 millones de pesos autorizado en 2013 por el Congreso del Estado, y dado el hecho de que la Junta Política y de Gobierno del Legislativo podrá desechar la demanda de juicio político que presentó la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos en contra del propio titular del Ejecutivo estatal, surgieron las primeras reacciones de la oposición, típicas en este tipo de situaciones. El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Alanís Romero, declaró que los resultados de la auditoría especial deben ser convalidados por la Comisión de Hacienda, y su similar de la bancada del PRI, Alberto Martínez González, señaló que su partido vigilará el mecanismo por el que la ESAF desechó o modificó el estatus de un paquete de observaciones originalmente resarcitorias… Cuando en 2004 un  grupo de abogados litigantes, entre ellos el ahora ex diputado local perredista Carlos de la Rosa, llevo al Congreso Estatal una demanda de juicio político contra Sergio Estrada Cajigal, se generó la posibilidad de que el primer gobernador panista en la historia de Morelos fuera destituido. La causa fue constitucional, específicamente por el incumplimiento del mandatario con respecto a la seguridad pública de los morelenses que evidenció la detención, el 8 de abril de ese año, del coordinador de la Policía Ministerial (PM), Agustín Montiel López, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de proteger trasiegos de droga del mafioso Juan José Esparragoza, “El Azul”. Apresado semanas después Alberto Pliego Fuentes bajo la misma acusación, éste que había sido el primer coordinador de la PM en el gobierno estradista al poco tiempo lo llevaría a la muerte el cáncer que padecía desde años atrás. Y originalmente confinado en el antes penal de máxima seguridad de La Palma y hoy Del Altiplano, junto con el que en ese momento era el director operativo de la corporación policial, Raúl Cortés Galindo, el 20 de agosto de 2015 Montiel fallecería víctima de la diabetes, para entonces recluido en una casa particular de Pachuca que por su quebrantado estado de salud le fue fijada como prisión domiciliaria. Hecho un escándalo nacional por el llamado Caso Morelos, mientras Estrada era apoyado desde la Presidencia de la República, que también tenía el PAN con Vicente Fox, y el cabildeo del “Jefe” Diego Fernández de Ceballos, en Morelos los diputados panistas se desgarraban las vestiduras en defensa de su Gobernador, los priistas y los perredistas insistían en la procedencia de la destitución pero no obstante la violación constitucional por parte de Estrada el juicio fue declarado improcedente. Cinco años más tarde, el gobierno panista de Marco Antonio Adame protagonizó otra historia vinculada con el narcotráfico. Imputados por la PGR de recibir sobornos del cártel de Arturo Beltrán Leyva, quien el 16 de diciembre de 2009 sería abatido por la Marina Armada en los edificios Altitude, el 15 de mayo del mismo año policías federales ya habían detenido a los a la sazón secretarios de Seguridad Pública del Ayuntamiento asimismo panista de  Cuernavaca y del estado, Francisco Sánchez y Luis Ángel Cabeza de Vaca. Trascendido el nuevo escándalo nacional, Adame se deslindó convocando a una rueda de prensa en la Casa Morelos donde anuncio las destituciones de Cabeza de Vaca y del procurador de justicia, Francisco Coronato Rodríguez, quien en las elecciones de 2012 reaparecería como diputado federal plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano. En tanto Sánchez recuperó la libertad el 25 de mayo del aquel año, hasta ahora Cabeza sigue internado en el penal de alta seguridad de Tepic donde purga una sentencia de diez años… Una película, pues, que ya vimos en Morelos, pero con la diferencias de que el escándalo es local, no nacional, y de que desde el inicio del caso actual abogados constitucionalistas como el ex diputado federal y local priista Tomás Osorio Avilés advirtieron como endebles las causas del juicio político versus Graco, considerando que no encuadran en la omisión de procurar seguridad pública a la población que impone al mandatario el artículo 70 de la Constitución Política de Morelos. Indicó Osorio desde noviembre: “a mi juicio esta situación no se ha cumplido”… ME LEEN EL DOMINGO. 

José Manuel Pérez Durán / [email protected]