Cada vez surge más información que involucra en sospechas de actos de corrupción a la presidenta municipal de Temixco, Jazmín Solano López. Incluso es señalada de ordenar la suspensión de trabajos de obras públicas en colonias donde le negaron el voto. A ello se suma el desaseo en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico (POE), en el que existen violaciones al debido proceso administrativo y a los derechos humanos. Este asunto, que podría ser la punta del iceberg de una red de tráfico de influencias encabezada por la alcaldesa Solano, registra un nuevo capítulo de presunta corrupción política y administrativa; se relaciona con la sorprendente urgencia de formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico dentro del primer año de gestión de las administraciones municipales que en el caso de Temixco se elaboró en los meses de agosto y septiembre del 2021, completamente fuera del plazo estipulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos (LGEEyPAEM). En esta acelerada carrera por elaborar el POE de Temixco fuera del plazo que establece la norma, Jazmín Solano se pasó por el arco del triunfo diversas disposiciones establecidas en la ley que protege el medio ambiente y tiene carácter de obligatoriedad para el estado de Morelos y los municipios. En un símil de la película “El Rey de Herodes”, a Jazmín le valió un cuerno que la mencionada ley obligue a los municipios y a los gobiernos estatales a reconocer la orientación de las actividades económicas que hay en el territorio y a coordinarse con las dependencias del gobierno federal para que emitan sus respectivas resoluciones. El asunto significa una flagrante violación al citado ordenamiento ecológico. Es del conocimiento público que la Secretaría de Economía del Gobierno Federal tiene registradas concesiones para realizar actividades mineras en la comunidad San Agustín Tetlama, lo que confirma la vocación de actividad económica en el sector productivo minero que tiene Temixco. Sin embargo, a pesar de estos registros de actividad económica la alcaldesa Solano los omitió de manera dolosa y artera. Aunado a estas violaciones al derecho administrativo, a la Ley General y la estatal en la materia, el Plan de Ordenamiento de Temixco no consideró la opinión de las autoridades auxiliares y tradicionales de Tetlama, quienes en distintas ocasiones se han manifestado a favor de una posible actividad minera en su comunidad. El hecho de no considerar la opinión de los pobladores de Tetlama representa una severa violación a los derechos humanos y tratados internacionales en la materia. Jazmín Solano es la presunta responsable directa de estas y otras violaciones al derecho administrativo y en materia de derechos humanos, todo ello con tal de emitir un Plan de Ordenamiento Ecológico sin fundamento legal. En este mismo sentido se hallan las violaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, flagrantes, evidentes, perpetradas durante la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Temixco. No ha habido ninguna reunión con representantes del sector social y privado, pero ya está listo el programa a discreción de la autoridad municipal. Ninguno de los cerca de 30 representantes de colonias, barrios y comunidades han sido partícipes para ser oídos y atendidos en sus múltiples problemas relacionados con el crecimiento urbano, el equipamiento básico de sus comunidades y principalmente para la mejora en sus servicios públicos. Maldonado también tendría que explicar por qué ha permitido que se lleven a cabo estos trabajos, a todas luces violatorios de la ley e inconsistentes con otros instrumentos de planeación territorial, como el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenación de Zona Conurbada Intermunicipal en su modalidad de Centro de Población Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán jmperezduran@hotmail.com