Comunidades a las cuales todavía separan de sus cabeceras municipales unos cuantos kilómetros cuadrados de áreas inhabitadas, Xoxocotla, Cuentepec y Coatetelco poco a poco se perfilan a separarse, respectivamente, de Puente de Ixtla, Temixco y Miacatlán, con presupuestos y cabildos propios a partir del 2024. Pero no así Tetelcingo, del que mucho indica seguirá perteneciendo a Cuautla. Transitando rumbo a la materialización del decreto de septiembre de 2014 por iniciativa del gobernador Graco Ramírez, el camino de estos pueblos indígenas para alcanzar la calidad de municipios ha sido largo y tedioso, obstaculizado por las divisiones de grupos internos que acicatea la ambición del poder político y económico que hoy mismo mantiene una impugnación a las elecciones del Consejo Municipal de Xoxocotla, de la que el lunes pasado y durante un acto público realizado en Tequesquitengo Graco aseguró que no procederá. Va de historia: polémico, el tema de la autonomía de los pueblos indígenas se vio estigmatizado por dos eventos ocurridos en Xoxocotla. Uno: lo que se temía sucedió. La tarde-noche del jueves 8 de septiembre de 2003 estallaron ocho puestos de pólvora que alcanzaron dos viviendas y un vehículo. Por fortuna no hubo muertos, pero la quemazón sucedió porque el gobierno de Sergio Estrada Cajigal soslayó la seguridad de los xoxocotlenses, no pidió a la 24ava. Zona Militar que clausurara los cuarenta puestos de cohetes que durante años estuvieron instalados en el acotamiento de la carretera. A la sazón presidente municipal de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, Estrada y el jefe de la jurisdicción castrense sabían del peligro latente que representaban los puestos expendedores de pólvora, pero nadie hizo nada por evitar la explosión. La consecuencia fue que la gente de Xoxocotla se dividió, liderada la mayoría por el delegado Jesús González Machuca que exigía la clausura definitiva de los negocios carreteros de cohetes, cohetones y “palomas” mientras los dueños de los “changarros” pugnaban por la preservación de sus fuentes de ingresos. Expuestas los argumentos de ambas partes, el gobierno no reconoció su obligación constitucional de cuidar la seguridad de los más sobre los menos y salió con el cuento de que la gente de Xoxocotla no debía temer una incursión de la Policía Federal Preventiva, cuando eso fue precisamente lo que cientos de hombres y mujeres de la comunidad habían solicitado el día de la explosión, dispuestos a colaborar con los policías señalándoles las casas con cisternas habilitadas como bodegas de pólvora. Pasaron horas urgiéndolos a que entraran al pueblo, excepto las familias dedicadas a la venta de explosivos nadie se opuso, pero a la orden de la requisa siguió una contraorden desde el Palacio de Gobierno en Cuernavaca y los federales se limitaron a revisar los puestos, vacíos de mercancía para entonces. La de ese jueves en Xoxocotla coincidió con el estallido de un taller de juegos pirotécnicos en el pueblo de Tultepec, estado de México, donde no fue la primera vez que sucedió una desgracia similar pese a que por tradición los artesanos de esa comunidad mexiquense son expertos en el manejo y la elaboración de artefactos a base de pólvora y como tales cuentan con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional. No fue así en el caso de Xoxocotla, que además de operar en un marco de clandestinidad evidenció un tráfico constante de explosivos. La pólvora no se producía ahí, surtidos los coheteros de mercancía en la Ciudad de México o traída a domicilio sin que ninguna autoridad hubiese “visto” los camiones cargados de explosivos desplazándose por carreteras morelenses descargando en Xoxocotla...  Y dos: núcleo de población que al igual que Ocotepec, Tepoztlán, Temoac, Tlalnepantla, Amilcingo y otras de Morelos se rigen por el sistema de usos y costumbres, en Xoxocotla murieron dos lugareños el 22 de enero de 1989 a manos de agentes de la Policía Rural. El dedo que disparó las balas fue la disputa por el cargo de delegado entre dos bandos que aquel domingo de la elección amenazaban con dirimir sus diferencias por medio de la violencia. Pero el gobernador en turno, Antonio Riva Palacio López, le echó inteligencia y valor a la contingencia, acordó la desaparición de la Rural, ocho elementos de esta corporación fueron consignados penalmente y los deudos de las víctimas recibieron indemnizaciones económicas… (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]

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