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En la Secretaría de Salud las compras han sido un negocio “tradicional”. De equipo, de medicamentos, etc., con la comisión del “diezmo” para los bolsillos de los funcionarios adquirientes. Por eso tiene lógica la denuncia penal a la que este miércoles se refirió el presidente del PRD estatal, Rodrigo Gayosso Cepeda, contra el actual diputado del PAN, Víctor Caballero Solano, por el presunto desvío de ochenta millones de pesos en  su gestión como secretario de Salud durante la administración del gobernador panista Marco Adame Castillo. La denuncia fue presentada en 2013, por otros e Iván Urióstegui quienes, incluida la coordinadora de la bancada del PRD en el Congreso Estatal, Hortensia Figueroa, flanquearon a Gayosso en el acto donde éste anunció que solicitará al Legislativo Estatal el desafuero de Caballero por medio de un juicio político. Sobre Caballero, del círculo de amigos de Adame, el dirigente perredista  preguntó: “¿será por eso que lo hicieron diputado plurinominal? ¿Para tratar de utilizar el fuero y evitar que se le juzgue como a cualquiera de las personas?”. Figueroa advirtió que como presidenta de la Junta Política y de Gobierno dará seguimiento a cualquier recurso que presenten ante el Congreso los ciudadanos interesados en el tema, y proceder en consecuencia si existen los elementos suficientes (para el juicio político). Pero, aunque dados los recurrentes manejos en Salud y en este caso obtenida la información para la denuncia mediante una solicitud de transparencia, al final una cosa es la acusación y otra será probarla. O la impunidad de la corrupción, como ya sucedió en la misma dependencia. En febrero de 2008 gobernaba Morelos el primero de los dos gobernadores emanados del PAN, Sergio Estrada Cajigal, de quien ahora se dice en medios políticos es uno de los asesores principales del alcalde Cuauhtémoc Blanco. Tras dos años de escurrir el bulto, la Secretaría de la Contraloría llevó a la entonces Procuraduría General de Justicia el caso del fraude que fue perpetrado utilizando el programa foxista del “Seguro Popular” en contubernio con ejecutivos de una empresa particular. Sin embargo, los responsables no fueron metidos en el penal de Atlacholohaya, ni sus cómplices obligados a regresar el botín compartido de cincuenta y nueve millones de pesos. Esto no obstante la contundencia de las evidencias por las que el a la sazón procurador Francisco Coronato Rodríguez y la Fiscalía para Delitos Cometidos por Servidores Públicos debieron iniciar la averiguación previa SC/2ª/695/08-01versus el para esos días ya ex secretario de Salud, Antonio Campos Rendón. Los elementos de prueba resultaron más claros que el agua. En los últimos cinco meses de la administración estradista le fueron adjudicados dos contratos a la compañía Especialidades Médicas de México S. A. de C.V., uno por 35 millones de pesos y el otro por  24 millones, para que practicara chequeos médicos a ciento cuatro mil personas, pero sólo realizaron 4 mil 500, es decir, el cuatro por ciento. Los contratos fueron otorgados directamente por Campos y el luego ex oficial mayor del Gobierno Estatal “premiado” con el puesto de subdelegado administrativo del IMSS en Acapulco, Alfonso Pedroza Ugarte. No convocando a un concurso de licitación a otras empresas, maquinaron el fraude que los pondría bajo un proceso penal que también involucró al ex director general de Recursos Materiales y Control Patrimonial, Jorge Mario Arregui Uribe. Por más de un año este tema fue ventilado en la presión de los medios, pero fue hasta el 8 de enero  de 2008 cuando la contralora y notaria pública con licencia, Patricia Mariscal, formalizó la denuncia. “Apapachador” con la gente de Estrada u obedeciendo instrucciones de Adame, Coronato, el hoy diputado federal plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano, cuidó que la averiguación no trascendiera a la prensa para que al ser iniciada pasara desapercibida la huida del galeno Campos. Sin embargo, el documento fue “filtrado” a periodistas, justo cuando Adame se hallaba de viaje en España. Cuarenta y seis días a partir de la presentación de la denuncia dieron margen para que los indiciados pusieran tierra de por medio, y que con el paso del tiempo este caso quedara en la impunidad… Hoy, al posicionamiento de Gayosso, la coordinación del PAN en el Congreso del Estado reaccionó diciendo que se trata de una “revancha política” porque los diputados panistas votaron a favor del juicio político contra el gobernador Graco Ramírez. Posiblemente, pero ese es otro tema... ME LEEN EL DOMINGO.

Atril
José Manuel Pérez Durán

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