La desaparición forzada de Iguala fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Los primeros informes señalaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 41 estudiantes desaparecidos (en realidad 43) y 27 heridos. Según el fiscal del estado de Guerrero, un día después fueron detenidos 280 agentes de la policía municipal de Iguala, de los cuales quedaron en calidad de indiciados 21 por su presunta participación en los hechos. Luego de los ataques, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, declaró que no tenía conocimiento de lo ocurrido, ya que él se encontraba en un baile por el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal.

Inicialmente dijo que no renunciaría y manifestó estar dispuesto a que lo investigaran, pero el 30 de septiembre acudió al Ayuntamiento para solicitar una licencia, poder ausentarse del cargo por un mes y enseguida desapareció junto con su cónyuge. Al día siguiente, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció la orden de presentación en contra del ex alcalde y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, primo de José Luis Abarca. (En octubre de 2016, tras dos años de andar prófugo, Felipe Flores fue detenido en Iguala cuando visitaba a su esposa). Mientras tanto, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunciaba la expulsión de Abarca de este partido. El 4 de octubre, la Procuraduría General de la República atrajo el caso de los normalistas desaparecidos, y el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió que la seguridad en Iguala quedara a cargo de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, cuyos elementos confiscaron las armas a los elementos de la policía municipal. Por su parte, la Cámara de Diputados instaló una Comisión Especial con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones del caso.

Rápidamente la desaparición de los normalistas generó numerosas expresiones de repudio nacional hacia el Presidente, hubo manifestaciones en universidades de todo el país denunciando su incapacidad para dirigir la nación, y sobre todo la impresión de la indiferencia de Peña frente a la atrocidad de Iguala. Las expresiones de repudio al ahora ex mandatario siguen y continuarán ad infinitum. El 6 de septiembre de 2015, fue presentado en la Ciudad de México el “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas”. La investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó pruebas científicas que contradijeron a la “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República.

El 23 de octubre de 2014, un día después de la solicitud de José Luis Abarca a renunciar a la alcaldía, el gobernador Aguirre Rivero solicitó también licencia para separarse del cargo y “contribuir a apaciguar el clima político y favorecer las investigaciones”. La solicitud del mandatario fue aceptada el 25 de octubre, y al día siguiente tomó posesión de la gubernatura Rogelio Ortega Martínez, quien hasta entonces fungía como secretario general de la Universidad de Guerrero. Era la segunda vez que Aguirre gobernaba el estado vecino, luego de que en 1996 había substituido a Rubén Figueroa Alcocer quien renunció debido a la matanza del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas… La noche del lunes pasado, fue asesinado un hombre en la avenida Diana de Cuernavaca. Parecía un homicidio más en el clima de inseguridad, hasta que el fiscal Uriel Carmona Gándara informó que se trataba de un sujeto llamado Moisés Brito Bautista alias “El Bandam” que contaba con una orden de aprehensión por el caso Iguala. Hoy, siete más tarde, en términos generales la matanza de los normalistas de Ayotzinapa continúa impune… (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com 

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