La madrugada del miércoles pasado, agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano catearon el paraje conocido como “La Quebradora”, en Huitzilac, donde presuntamente había un aserradero clandestino. Unos sesenta lugareños reaccionaron quemando llantas y bloqueando la carretera con troncos. Fue a través de redes sociales que lugareños avisaron que dos grupos de militares y policías federales habían entrado por la carretera federal y la autopista México-Cuernavaca, por lo que se reunieron sobre la carretera que conduce a las Lagunas de Zempoala para derribar árboles, quemar llantas y bloquear la salida de los elementos federales. 
Históricamente, millones de metros cúbicos de madera han sido saqueados en Huitzilac. Ahí es normal que el silencio de la noche sea reventado por el ruido de las motosierras, de hombres matando árboles por docenas. 
Sin ser reciente, este dato da una idea de la magnitud del problema, viejo pero vigente: la noche del martes 11 de mayo de 2004, elementos de la Policía Preventiva Estatal y de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente decomisaron once tráileres cargados con 869 metros cúbicos de madera talada ilegalmente. 
Al cabo del tiempo, en Huitzilac, Morelos, y Ocuilan, Estado de México, el paraje Ocoyotongo de cien hectáreas fue devastado por talamontes. Se encuentra a cinco kilómetros de las lagunas de Zempoala, y hasta no hace más de veinte años estaba cubierto por bosques de oyamel que paulatinamente fueron cortados por hombres de la comunidad de San Juan Atzingo. 
La tala ilegal del bosque se inserta en la atmósfera de inseguridad que también es histórico en el municipio de Huitzilac. El tramo Zempoala de la carretera federal Cuernavaca-Toluca ha cobrado cientos de vidas, asesinadas la mayoría y accidentadas las menos. Las bandas de salteadores de caminos que operan en esos lares vienen de generaciones atrás. Impunes los más y apresados de vez en cuando los menos, roban, matan, vejan, asustan. En la carretera bordeada por el bosque espeso transitan vehículos de carga, de pasajeros y automotores particulares. Evitan la ida a la Ciudad de México, usan el atajo y ahorran tiempo, pero ponen en riesgo su vida. Listos los depredadores para caer sobre sus presas, se agazapan en medio de la oscuridad y la soledad de la selva de pinos, se desplazan armados, ponen piedras o troncos en la carretera, emboscan a hombres y mujeres, les roban cuanto de valor llevan y muy seguido matan. La gente de Huitzilac los conoce, pero por seguridad no los delata. Cuando la policía o el Ejército llegan al escenario del atraco es demasiado tarde, los malhechores han desaparecido y, si vivas salieron, las víctimas pasan por el otro calvario de la declaración ministerial, el reporte de los celulares robados, la frustración de que no recuperarán los objetos y el dinero perdidos más el coraje de que los asaltantes no serán encarcelados. 
En marzo de 2021, según una declaración del fiscal Uriel Carmona Gándara, fue un operativo contra la tala ilegal de los bosques del área de Fierro del Toro lo que desató la violencia en Huitzilac, cuando un grupo de lugareños prendió fuego al Palacio Municipal. Comuneros que atestiguaron los hechos aseguraron que la protesta se debió a la detención “irregular” de un grupo de vecinos y a la muerte de uno de ellos en un enfrentamiento con agentes de la Guardia Nacional. Y como siempre, ninguna autoridad, estatal o federal, destacó el fondo del problema: desempleo, desigualdad, corrupción…
En Huitzilac la violencia tiene dos motivos: pobreza y desigualdad, y una explicación: la incapacidad del gobierno… (Me leen el lunes). 

POR: José Manuel Pérez Durán

/jmperezduran@hotmail.com 

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