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Como si el gobierno gringo nunca se equivocara o jamás mintiera, bastó para que se hiciera el escándalo una nota en medios nacionales, según la cual el Departamento de Tesoro de EUA dijo que en Cuernavaca opera un nuevo cártel llamado “Los Laredo”. Pero hecho el desmentido por parte del Gobierno Estatal, los escandalosos no lo aceptan, no les conviene. Dirigente de la Barra de Abogados, uno de nombre Alejandro Smith Vázquez hasta resultó “experto en seguridad”, juzgando urgente una mesa de diálogo con la sociedad civil para evaluar la estrategia de seguridad pública estatal. Tal no obstante los datos duros de que nada hubo del dicho nuevo cártel, sino la intentona de una célula de “La Familia Michoacana” por establecerse aquí, deducida la confusión de la agencia estadounidense en el hecho de la aprehensión de tres mafiosos de esta organización criminal y que uno de ellos se apellida, precisamente, Laredo. Así, este domingo  salió a informar en rueda de prensa el coordinador de Comunicación Social, Arturo Martínez Núñez, que la Fiscalía morelense ubicó una casa de seguridad en el municipio de Xochitepec cuyo registro domiciliario coincide con el de Mercedes Barrios Hernández, referida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como esposa de Job Laredo Don Juan. Afirmó: Cuernavaca no es centro de producción de heroína ni de operación de cártel alguno. Y comparó: a diferencia de gobiernos anteriores (los del priista Jorge Carrillo Olea y el panista Marco Adame Castillo), la administración del perredista Graco Ramírez trabaja para romper complicidades como las que durante años consintieron el establecimiento de los cárteles de Arturo Beltrán Leyva y Amado Carrillo Fuentes. Con antelación, el lunes antepasado Graco había convocado a una reunión de autoridades federales y del estado de  Guerrero en el cuartel militar Los Lagartos, del municipio de Jojutla, donde se informó que Morelos logró la ubicación de líderes de la “Familia Michoacana” de Sultepec y Amatepec-Tlatlaya, estado de México, y de Ciudad Altamirano, de Guerrero, con el fin de efectuar operaciones conjuntas para su detención. El desconcierto del gobierno gringo por el apellido Laredo, de un lado, y de parte de los opositores al Gobierno Estatal el desconocimiento de las “peculiaridades” del corredor Guerrero-Morelos, coadyuvaron al escándalo, a propósito del cual se recuerda otra historia: La noche del domingo 20 de septiembre de 1987 fue asesinado a balazos el juez federal Pedro Villafuerte Gallegos, afuera de su casa en el 104 de la calle Tepozteco de la colonia Reforma. Cuatro días después llegó a Cuernavaca el jefe de la Interpol-México, el desaparecido Florentino Ventura, para investigar el caso. Dedicados al trasiego de amapola y originarios del poblado serrano de Corral de Piedra, municipio de Chichihualco, Gro., Reynel Cuenca Marino, Felipe Cuenca Maldonado y Marcial García Maldonado, padre, hijo y sobrino respectivamente, se habían evadido de la penitenciaría de Atlacomulco donde estaban sentenciados por el juez Villafuerte a purgar condenas de 7 y 11 años por delitos contra la salud, posesión y tráfico de heroína. Lo hicieron saliendo por la puerta principal de la prisión, disfrazados de celadores y  ayudados por los custodios José Abdón Arteaga Ocampo y Saúl Gerardo García a quienes pagaron treinta millones de pesos viejos. El director del penal era el coronel Enrique Corona Morales, quien años más tarde sería ultimado en su restaurant “Mi Ranchito” de la avenida Domingo Diez. Inicialmente los Cuenca fueron enviados al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, y el 26 de febrero de 1986 traídos a la desaparecida prisión de Atlacomulco donde sólo estuvieron dieciséis meses antes de evadirse, el 26 de junio. Noventa días después emboscaron al juez Villafuerte. Crimen impune aún, la hipótesis de la autoría intelectual  de la ejecución apuntó al capo José Luis Parada López. Tenía una cuenta pendiente con el juez y pidió a sus amigos los Cuenca que hicieran el “trabajo”. En abril de 1984 los policías judiciales federales Eduardo Piñeiro e Isidro Landa (este último coordinador de la Policía Ministerial de Morelos en 1998) y el agente de la Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), Esaú Tomás Manuel Carlo, habían arrestado a Díaz en el aeropuerto de Oaxaca. Cuando el juez Villafuerte le fijó su sentencia en treinta y tres años amenazó con matarlo de treinta y tres tiros… el mismo número de balazos, se diría luego, que los Cuenca le metieron en septiembre del 87… ME LEEN MAÑANA.