Aunque importante, la prevención del delito es sólo una parte del plan que firmarán los alcaldes el uno de enero. Hecho el anunció por el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, puso como ejemplo de la imprevisión por parte de la autoridad los robos a las tiendas Oxxo, preferidas por los ladrones, no así las Extra y Seven Eleven que, poco visitadas por los amantes de lo ajeno, no es porque estén protegidas por agentes de seguridad privada fuertemente armados, sino por la obviedad de que ésas manejan menos efectivo que aquéllas pues sus ventas son más bajas. Digamos que algo así, lo cual no minimiza la gravedad de los asaltos a las tiendas de la cadena rojiamarilla, no sólo frecuentes y peligrosos para clientes y personal, sino además impunes la gran mayoría y rara vez atrapados los ladrones que tardan más en entrar a la cárcel que en salir y volver a lo mismo. Seguridad fue el tema de la tercera reunión entre autoridades estatales y federales, subrayada por Sanz la importancia del papel que tendrán los futuros alcaldes en la prevención de ilícitos. Juntas mañaneras, por cierto, que ya no presidirán los super delegados (para el caso de Morelos Hugo Eric Flores Cervantes, del que vale decir no quería ese cargo: codició el de director del Infonavit) sino representantes directamente designados por el régimen de Andrés Manuel López Obrador, lo cual viene a ser prácticamente lo mismo, pese al berrinche de gobernadores priistas y panistas en la última reunión de la Conago. La importancia sustancial, pues, del combate a la delincuencia que en la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) es subrayada con la exposición de la carencia de recursos tanto humanos como materiales. Largo el listado, el comisionado José Antonio Ortiz Guarneros las sintetiza en la necesidad de un presupuesto para 2019 de más de dos mil millones de pesos. A la CESP le urgen patrullas nuevas, le dejaron casi carcachas, muchas con más de medio millón de kilómetros rodados; también comprar más cámaras de videovigilancia, pues de mil 700 que se dijo había sólo hay mil funcionando y el resto no sirven; mejorar el C-5 con la compra de equipo, y tal y tal Las reiteraciones del vicealmirante Ortiz tiene la interpretación “pejera” de que Graco Ramírez y el ex comisionado Alberto Capella dejaron el puro cascarón... Que el “pirataje” ha sido característica del transporte público, también es expresión de corrupción. Padrón oficial de taxis y rutas “piratas” no hay, naturalmente, pero sí el cálculo de diez mil que hace el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, quien si del transporte sabe un rato largo es porque en este medio nació para la administración pública. Al requisamiento de sesenta unidades, seguirán nuevos operativos para sacar de circulación a taxis y rutas sin permisos y/o concesiones. De lo que en lo general habla “El Güero” Mercado es de una parte del tema de la inseguridad ciudadana que el columnista ha puesto en estas líneas: Muy pocos pasajeros de “rutas” han tenido la buena suerte de no ser asaltados. Les roban teléfonos celulares, cientos pues los atracos son rutinarios a lo largo y lo ancho de Morelos. ¿así que hay un mercado negro de estos aparatos en la Plaza de la Tecnología o en tianguis como los de Xococotla y Chamilpa? Los despojan del poco efectivo que traen, a los choferes les quitan el dinero de “la cuenta”, bajan de las unidades y huyen. Actúan a todas horas y en cualesquier lugares, por lo regular en pareja, son jóvenes, violentos y rápidos; se llevan botines de unos cuantos pesos y celulares, se reparten el producto del botín que gastan en drogas y a los dos o tres días asaltan otra “ruta”. Raras son las veces en que son atrapados por la policía y, reincidentes, más tardan en salir de la cárcel que en regresar a las andadas. Los pasajeros se han vuelto precavidos: antes de abordar los microbuses o combis se encomiendan a Dios, los hombres ocultan sus teléfonos móviles en los calcetines, las mujeres en los corpiños, se dejan unas monedas en las carteras y bolsos. Pero con ser este un fenómeno delincuencial producto del desempleo y la descomposición social que afecta sobre todo a miles de personas de bajos recursos, por años y años nada o muy poco realmente efectivo ha hecho la autoridad para combatirlo… (Me leen después).

 

Por: José Manuel Pérez Durán

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