Más que malo, pésimo es el servicio de los centros de verificación automotriz. Hacer el trámite les toma horas a los automovilistas, les cuesta tiempo, dinero y molestias, pero ninguna autoridad se hace responsable. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) ha resultado groseramente inútil, cuando no que cómplice por omisión. ¿Quién o quiénes son los dueños de los verificentros? Aparentemente varias empresas, doce nombres según la resolución de la SDS cuando en diciembre de 2016 comunicó sobre el otorgamiento de las concesiones, pero no así las versiones en medios de negocios que mencionan a un solo propietario, foráneo, poderoso, millonario, ligado con la política. Y de haberlo, ¿de cuánto es el moche? Multimillonario. Siendo de los asuntos que suelen ventilarse en la política, ahora mismo podría ser tema en la campaña del candidato a gobernador de la coalición Juntos por Morelos que forman el PRD y el PSD Rodrigo Gayosso Cepeda. ¿Por qué? Debido a que aparentemente es el único que está convocando a foros en los cuales participan organizaciones dedicadas a diversas disciplinas, como en este caso sería la contaminación del medio ambiente. El hecho es que en ninguna entidad donde los automóviles son sometidos a la verificación ecológica el servicio es tan malo como en Morelos. Son los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Malo y caro, 500 pesos en números redondos contra 230 hace apenas dos años. Monopolizado el servicio y ya sin la intervención de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), como sucedió por años, en apariencia los centros de verificación pertenecen a una sola empresa, no cuarenta y tantas como ocurrió por décadas. Lo cual desde el inicio de la asignación del contrato suscitó sospechas de corrupción, que subsisten pero hasta ahora sin consecuencias en términos políticos. Lo que abundan son las quejas de automovilistas, porque, además de oneroso, el trámite es insoportablemente lento y desconocido el porcentaje de vehículos que no pasan la prueba supuesta o en realidad anticontaminante. Diputado federal por el PAN, a mediados de diciembre anterior Javier Bolaños Aguilar resumió la inconformidad de miles de automovilistas: exigió a “la autoridad ambiental federal” que auditara los centros de verificación. ¿Quién? Pues la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o cualquier otra, pero los titulares de ambas dependencias se hicieron los desentendidos… Cuesta más que antes, casi 500 pesos, y obtenerla se convirtió en un calvario. La verificación vehicular, suspendida en julio de 2016 cuando las contingencias ambientales de la Ciudad de México que en Morelos darían pretexto al borrón y cuenta nueva, desaparecidos entonces por inanición los cuarenta y dos verificentros propiedad de morelenses y sustituidos por once fijos y dos móviles de empresas fuereñas. Un negociazo, indigestados los usuarios pues no alcanzan trece centros de verificación para revisar a las más de cuatrocientas mil unidades del parque vehicular con placas de Morelos? Insoportables las “colas” de automotores para ser verificados en locales de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Cuautla, Jojutla, Yautepec, Jantetelco y Mazatepec, además de ser insuficientes muchos no han funcionado todos los días. Lo bueno, presumen en la SDS, es que “no hay corrupción”, trampas en coches que no deben pasarla, lo que si fuera verdad significaría que hace meses miles de carcachas habrían sido sacadas de circulación. Para llegar al reinicio del programa de verificación vehicular, la SDS estuvo meses como el lobo que no venía y no venía, hasta que llegó, y sólo al principio protestó la Asociación de Titulares de Verificentros en Morelos. Cerrados sus establecimientos a fines de junio de 2016, dos meses después los dueños dirigieron una carta a la Comisión de la Megalópolis que integran autoridades de la Ciudad de México, el estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala y Morelos, a los Congreso Estatal y de la Unión, a colegios de profesionistas, a la Procuraduría del Medio Ambiente y otras instituciones federales y estatales. No solamente ellos se lamentaron afectados, también sus 250 empleados que al cabo se quedaron sin trabajo. Señalaron una serie de inconvenientes, como que, obligados en esos días los agricultores morelenses a verificar sus vehículos en la Ciudad de México, pasaban dificultades para buscar mejores precios a sus cosechas en la capital del país, Puebla o el estado de México. Que las mesas de trabajo a las que habían asistido representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canacintra, Canaco y la Asociación de Agencias de Automóviles nuevos y usados coincidieron con las afectaciones que registraban no únicamente los empresarios del área de verificentros, sino en general el proceso de productividad y comercialización como eje económico en Morelos. Pero nada lograron, vencidos por el poder (¿y el dinero?) de el o los concesionarios de los verificentros… (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]