La bancada panista presionaba intentando imponer a María Leticia Taboada Salgado como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, consentía la diputada perredista y presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Hortensia Figueroa, “porque esta posición le corresponde al PAN” que hasta hoy no se ha salido con la suya. (La convocatoria para la designación de la nueva o el nuevo magistrado tardará todavía un par de semanas). Luego vino el proceso para la “elección” de la presidenta o presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), y entre tanto aspirante (a) brincó el nombre de Clara Soto, la cuñada de “Horte” quien así volvió a enrarecer el ambiente del Legislativo en los días de la petición de juicio político contra el gobernador Graco Ramírez. Peor aún: esa atmósfera de tensiones internas continuará en el caso de que la influencia de la titular del Poder Judicial pueda más que el Ejecutivo y Jorge Arturo Olivares Brito resulte presidente de la CDHEM. Atrás habrán quedado los suspiros de otros presupuestívoros (Sara Olivia Parra Téllez, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Raúl Vergara Mireles, Eleael Acevedo VelázquezJuan Juárez Rivas, etc.) y vendrán las típicas protestas de los que querían este hueso pero no lo consiguieron, quejándose por lo que de antemano sabían: que en este tipo de chanchullos no gana la o el que es más probo y capaz sino el que es arropado por sábanas políticas… JUSTO cuando el comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, declaró en la caja de resonancia que es el Congreso Estatal que unos ochenta taxistas son “halcones” del crimen organizado, los Uber anuncian su entrada a Cuernavaca. Si tiene o no que ver una cosa con la otra, el propio Capella ya se lo habrá aclarado al secretario de Movilidad y Transporte, Jorge Messeguer Guillén, y éste le habría pedido: “no me defiendas, compadre”. La semana de atrás aseguró el ex candidato a la alcaldía citadina que “no permitiría” que los taxis Uber operaran en Cuernavaca, que esta clase de vehículos de pasajeros sin itinerario fijo no lo prevé la ley (de tránsito), pero lo que no dijo es que, protegidos por el derecho constitucional al trabajo, los dueños y/o los empresarios de los automóviles Uber pueden funcionar con amparos. Inútil la oposición de organizaciones de taxistas tradicionales, los Uber se impusieron en la Ciudad de México y lo mismo sucederá en Cuernavaca. Es lo de hoy, son seguros, el  software que los controla trasmite la foto del conductor, las placas del vehículo y el costo del servicio; el usuario paga con tarjetas de débito o crédito, pueden facturarle el costo de “las dejadas” y la tarifa mínima se publicita más baja, 25 pesos, que en los taxis de siempre. Con otra: si para poner a circular un Uber no es necesaria una concesión oficial, las concesiones bajarán de precio y dejarán de ser negocio la venta de las mismas. Ejemplo: si hasta hace pocos meses una concesión de placas de Cuernavaca costaba doscientos mil pesos, la entrada de los Uber la bajó a cien mil. Un tema, pues, que no es menor. Afectará la economía de docenas de miles de familias de taxistas y permisionarios y al mismo tiempo beneficiará a un alto número de usuarios, previsibles las manifestaciones de protesta por parte de las uniones de cocesionarios de taxis y, sometida a bloqueos de calles y avenidas, al final la población pagará por culpas ajenas. Que conste en actas… TECNÓCRATA que soslaya las causas sociales como se ha conducido el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Alarcón Ezeta, en el curso de los trabajos (lentos, desesperantes para cientos de lugareños y turistas) del Paso Exprés para la ampliación del libramiento de la autopista, no es él quien pague los platos rotos de la burocracia insensible, somos la gente de esta ciudad. Por meses la SCT ha traído dando vueltas y vueltas a las  habitantes de la colonia Acapantzingo cuyas viviendas será derrumbadas sin que Alarcón les informe con cuánto y cuándo serán indemnizados. Supuestamente este lunes se los debió decir el director general de carreteras, Óscar Callejo Silva, pero de cualquier manera advirtieron que exigirán un plazo de dos meses para poder construir sus nuevas casas. Eso si no les pagan miserias por las expropiaciones, como suele hacer el gobierno federal, pues entones de lo que se estará hablando será de nuevos bloqueos al libramiento como los que en meses pasados encabezó al ayudante  municipal de la dicha colonia, Julián Jiménez Andrade… ME LEEN MAÑANA. 

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