Uno: Si la Constitución del estado de Morelos dice y manda que el presupuesto del Poder Judicial debe equivaler al 4.7% del presupuesto programable estatal, ya estuvo que el Judicial le ganó una nueva partida al Ejecutivo, pues sólo le asignó el 2%. En este sentido lo ha reclamado el Tribunal Superior de Justicia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazando la Ley de Egresos 2021 del Gobierno de Morelos porque nomás le destinó 549 millones 34 mil pesos (equivalente al 2 por ciento del presupuesto estatal), de los cuales 449 millones 34 mil pesos fueron etiquetados para la operatividad, 75 millones al pago de pensiones, jubilaciones controversias constitucionales y amparos que enfrenta más 25 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa. Dos: Dispareja la función boxística, vapuleado jurídicamente el Ejecutivo un día sí y otro también, preguntan los apostadores: ¿dónde anda el consejero jurídico Samuel Sotelo? Y contestan desde las gradas: asesorando al “Kid Cipriano” en el match por la alcaldía citadina que incluso los paleros del tricolor pronostican perdida. Tres: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) impugnó ante la SCJN el re endeudamiento del estado de Morelos que en diciembre pasado aprobó el Legislativo al Ejecutivo por hasta seis mil 592 millones de pesos. Suena bien, y muy mal los diputados que, “maiceados” o no, inclinan la cerviz ante el grupo de funcionarios fuereños que manejan los recursos públicos. La controversia puede o no ser admitida por la SCJN, pero de cualquier modo es necesario cancelar el re endeudamiento porque empobrece aún más las finanzas estatales. Sucede en el contexto de la revancha del presidente de la CDHEM, Raúl Israel Hernández Cruz, a quien desde el primer círculo del Ejecutivo despojaron de “su” patente de notario y sólo le han dejado un salario de 102 mil pesos como “defensor del pueblo”. Pobre sujeto. Cuatro: El debate no existiría si el presidente de la CDHEM y demás membretes supuestamente ciudadanizados que forman parte de la burocracia dorada integrada por simuladores no tuvieran ni sueldo ni privilegios (chofer, coche, gasolina, etc.), sólo presupuestos para gastos de operación esenciales y sus cargos de dirección fuesen honorarios. Y si los diputados del Congreso Estatal practicaran la política de austeridad lopezobradorista que postulan de dientes pa’ fuera. En realidad, el pueblo les vale madre y su dios es el dinero; en lugar de avalar la permanencia del número de magistrados del Poder Judicial hace tiempo que hubiesen legislado la disminución de la cantidad de los mismos. Cinco: Desesperados por alcanzar el hueso de 150 mil pesos –más que el sueldo del presidente AMLO–, al cierre del registro se apuntaron alrededor de 150 aspirantes a las seis chambas de magistrado de los dos tribunales. Un quinteto en el caso de que Jorge Alberto Estrada Cuevas gane la impugnación al acuerdo de pleno del tribunal administrativo emitido el 26 de noviembre del 2020 que determinó su baja como magistrado adscrito a la Tercera Sala. Argumenta que fue magistrado suplente hasta que, de acuerdo con el decreto 1447 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 14 de diciembre de 2011 fue designado magistrado propietario del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y seis: el quid opuesto a la voracidad presupuestívora de la politiquería: someter a examen de oposición a los aspirantes al cargo de magistrado, que además de acreditar conocimientos, experiencia y trayectoria profesional tengan una reputación pública de probidad y honestidad. Es decir, lo que nunca se ha hecho en este proceso… ni se hará… (Me leen después).
Por José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com