Algunos de las y los diputados de la actual Legislatura local apenas habían nacido cuando la gran noticia fue que Cuernavaca tendría su Central Camionera, como las que estaban siendo construidas o ya había en la mayoría de las capitales de estado. El proyecto venía del sexenio 1970-76 del gobernador Felipe Rivera Crespo, inimaginable entonces para los cuernavacences la mancha urbana que sólo una década después empezaría a extenderse a Jiutepec, Yautepec, Zapata, Temixco y Xochitepec. Mientras tanto y antiguas ya en esa época, las terminales  de las líneas Flecha Roja, México-Zacatepec y Estrella de Oro se quedaban donde aún están, en zonas densamente transitadas (Morelos, Abasolo, Galeana, Las Palmas). Posteriormente instalada otra en La Selva y una más en el boulevard Cuauhnáhuac, agudizaron los conflictos de vialidad y de contaminación ambiental. En agosto de 2014, ingenieros civiles, contadores y empresarios solicitaron al Congreso del Estado que en lugar de la nueva sede del Legislativo la inversión fuera utilizada para construir la central de autobuses, pero los diputados no les hicieron caso, los mandaron por un tubo, así que hoy día continúan siendo edificadas las futuras instalaciones del propio Congreso, en un costado del mercado ALM donde se acentuará el problema de tránsito de por sí muy grave. Esto hablando de infraestructura urbana, una materia en la que, comparada con las capitales estatales de todo el país, Cuernavaca acumula un retraso de medio siglo. Y otra que concierne a la educación: que los choferes de rutas y taxis anden bañados y peinaditos, uniformados, azulando de limpia la camisa blanca, perfecta la raya del pantalón planchado en tintorería pero sin corbata, pues el calor no lo permite. Sin los radios a volumen estridente sino bajito, e incluso preguntando al usuario cuál estación prefiere para ponérsela. Que de pronto se vuelvan corteses, amables, gentiles, y abran la portezuela para que suba el señor, la señora, el joven, la chica. No intenten “ligar” a la soltera guapa, a la casada atractiva, y las unidades rechinen de limpias, no huelan desodorante de vainilla, los asientos no estén cochambrosos, no manejen como cafres, sino terso, pasando los baches suavecito y sin rebasar por la derecha. Que no se detengan para “cotorrear” con sus compañeros de taxi a taxi o de ruta a ruta, sólo usen el celular cuando no lleven pasaje y no entablen conversación a menos que el usuario en turno resulte platicador. Que le den trato preferencial a ancianos y minusválidos, y una vez hecho el servicio, que los taxistas bajen de la unidad para volver a abrirle la puerta al pasajero o la pasajera. Que cobren lo justo y se despidan del cliente deseándole lo mejor. Una utopía que sin embargo, tendría que ver con la iniciativa presentada por el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, para crear una Ley de Seguridad Vial y Tránsito. Argumenta como tarea inaplazable la de reducir los percances viales, para lo cual destaca datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes que en 2014 registró a Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Jojutla y Temixco como los municipios que concentraron más del 50 por ciento de los accidentes. También es un tema relacionado con que durante los veinte meses que duró el proceso de construcción del Paso Exprés hubo ahí 131 colisiones y más de 40 fallecidos por su “mala planeación”, según el exhorto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Luis Alarcón Ezeta, para que agilice la conclusión de la obra y detalle los puentes así como resarza los daños y perjuicios a la ciudadanía. Puesto el cascabel por el diputado Alberto Mojica, admite que si bien la ampliación de carriles en el libramiento de la autopista mejora la infraestructura vial y la conectividad del estado, también es cierto que desde el inicio de los trabajos los traslados más tardados ahuyentaron al turismo, afectando la economía de Cuernavaca. Pendiente la terminación de los puentes de Palmira y Chamilpa cuyas “protecciones” ponen en riesgo de sufrir accidentes a los peatones que los cruzan, en la Fiscalía General del Estado subsiste la denuncia penal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado contra la empresa que construyó el puente de la avenida Palmira, rompió la tubería y dejó sin el vital líquido a miles de familias. ¿Quién puede más: las mafias de transportistas, la SCT o el poder del Legislativo?... ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán /  [email protected]

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