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La impopularidad de Enrique Peña Nieto no aguanta otro “gasolinazo”. Aplicando el aumento a los precios de combustibles, de impopular habría pasado a ser odiado por los mexicanos. Decirlo así no es exagerar. El bajísimo nivel de aceptación social del Presidente, el hecho de que el pueblo lo ve demasiado blando ante las arremetidas de Donald Trump y las elecciones de junio siguiente en su natal estado de México, Nayarit y Veracruz frenaron el incremento a los precios de combustibles que estaba programado para febrero. Así que “alguien” (de dónde si no que de Los Pinos) les pasó el “tip” y, oportunistas, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, Enrique Ochoa, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, salieron a declarar que aumentos a los precios de las gasolinas y el diésel no debe haber en el mes que hoy comienza. Pero ninguno dijo que deben bajar. Nadie con dos dedos de frente se traga el cuento oficialista de que “la recuperación” de unos centavitos del peso frente al dólar y que últimamente no han descendido los precios internacionales del petróleo evitaron el nuevo golpe a la economía popular; fue la tremenda inconformidad de la sociedad civil que lo evitó. Solamente que el litro de gasolina regresara al mismo costo que en 2012, unos diez pesos, Peña podría recuperar una piscachita de la popularidad con la que ese año asumió la Presidencia de la República… PRÓXIMA la asignación de chambas a los presupuestívoros que integrarán el Consejo Consultivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), vale este cometario: De acuerdo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, actualmente signadas por una cultura de laberintos burocráticos y secretismo que facilitan la corrupción. Según la CIDH, el reconocimiento del acceso a la información como derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del derecho internacional, en un proceso en el cual unos estados se han rezagado más que otros. Existe un precedente generado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso de Claude Reyes con una sentencia del 19 de septiembre de 2006, la cual marcó un hito jurisprudencial al constituirse en el primer tribunal internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. En Morelos, la ley dice que el derecho de acceso a la información constituye “la prerrogativa de todas las personas a saber y conocer sobre la información en posesión de las entidades públicas”; que “este derecho se desarrolla a partir del principio de que la información en posesión de los poderes del Estado es un bien público, cuya titularidad reside en la sociedad”; que “las autoridades y servidores públicos que participan en su formulación, producción, procesamiento y administración lo hacen para cumplir con las funciones públicas que les corresponden, pero de ninguna manera la información que pasa por sus manos les pertenece”. Este principio de acceso a la información y transparencia es de observancia obligatoria por todos los funcionarios públicos. Pero, ¿cómo es en realidad el proceso en nuestro Estado cuando se hace una solicitud ante un funcionario público? Si éste no quiere entregar la información, como ocurre constantemente, el funcionario acude con sus amigos del IMIPE, quienes lo orientan para darle la vuelta al ciudadano. También sucede que el personal del IMIPE trata de disuadir al ciudadano para que no presente ninguna queja, argumentando que tienen “mucho trabajo”. No por nada el IMIPE ha sido acusado de omisión ante solicitudes de ciudadanos que recibieron negativas por parte de funcionarios públicos para entregar información pública. En vano acuden al IMIPE, solicitando información a servidores públicos como “recurso de inconformidad” que establece plazos amplios de hasta 30 días hábiles para emitir resoluciones que rara vez llegan. Sólo entre 2016 y 2017 se han destinado recursos públicos por más de 34 millones 500 mil pesos al IMIPE, “para garantizar el acceso a la información de los ciudadanos y a la rendición de cuentas por parte de los gobiernos municipales, dependencias estatales, tribunales, Congreso del Estado, entre muchos otros”. Un dinero de nuestros impuestos tirado a la basura… ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán /  [email protected]