Cómo pasa el tiempo; de esto se hablaba hace tres años, y de que a los diputados les daba miedo desaforar a Alfonso Miranda Gallegos o lo que hicieron fue postergar su enjuiciamiento, concediéndole a petición expresa una semana más. Acusado por la Fiscalía Estatal de los delitos de amenazas y ultraje a la autoridad, nadie recordó la presunción de inocencia, relacionado, como según aseguraba Capella, con investigaciones del ámbito local y federal vinculadas a los delitos de homicidio, extorsión, secuestro y fraude. Clave para la improcedencia del juicio político versus Miranda fueron las ausencias del jefe de la bancada priista, Juan Carlos Rivera Hernández, así como el apoyo al propio legislador petista y ex alcalde de Amacuzac por parte de los coordinadores del PT y el PSD, Héctor Salazar Porcayo y Roberto Yáñez Moreno. También intentaron cuadrársela a Manuel Martínez Garrigós, amenazándolo con el  desafuero, hecho el comentario del entonces presidente de la Junta Política de Gobierno y de Gobierno y además coordinador de la fracción panista, Javier Bolaños Aguilar, en el sentido de que la libraría si, como aseguraba, tenía los comprobantes que, siendo alcalde de Cuernavaca, fueron depositados en el Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado (ICTGE) los descuentos aplicados a los salarios del personal. Una situación exactamente igual a la de hoy día, descontadas de sus salarios a los trabajadores y pensionados del Ayuntamiento por la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo las cuotas para el ICTGE pero no ingresadas a éste, presumido por los trabajadores, jubilados y pensionados un fraude multimillonario que le restregan al “Cuau” en su pretensión de ser el candidato a gobernador de la coalición Morena-PT-PES… INSTALACIONES como las del C-5 (Centro de Coordinación, Comunicación, Control, Comando y Cómputo) eran innecesarias hace veinte años. Son extensas, ocupan una hectárea en la ex base de la Policía Preventiva Estatal de Palo Escrito, están equipadas con aparatos sofisticados y costaron mil cien millones de pesos. Pero la inseguridad que empezó en los inicios de la década de los noventa y vino creciendo hasta volverse crítica en el decenio de 2000 a 2012 las volvió indispensables. Nunca como ahora y a partir del sexenio del presidente panista de Felipe Calderón la inversión en seguridad pública ha sido tan elevada: aumentaron los salarios de todas las policías y crecieron exponencialmente los presupuestos del Ejército Mexicano y la Marina Armada. Todo ello a la par de la espiral del crimen organizado (narcotráfico, secuestro, extorsión…) y de la delincuencia menor (robo a casa habitación, asalto callejero y a comercios…) que siguió disparándose. Así llegamos a una situación como de “Big Brother”, vigiladas calles y carreteras con cámaras de video que captan a los malos haciendo de las suyas y apoyan a los buenos, denunciados telefónicamente los delincuentes en los momentos en que atacan. Dicho de manera simplona, esta es la idea del funcionamiento del C-5 que en noviembre de 2014 vino a inaugurar el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De entrada, comenzaron a funcionar 400 cámaras ubicadas en puntos estratégicos de los treinta y tres municipios enlazadas a los C-4 de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Temixco, según la explicación del comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra. Muy pocas en comparación al tamaño y la actividad incesante de la delincuencia, pero luego pondrían más que sumarían mil, según ofreció el gobernador Graco Ramírez desde el comienzo de su administración y para lo cual el gobierno de la federación debería seguir apoyando al estatal. Recurrentes las quejas porque la policía siempre llega tarde, se dijo que el propósito del C-5 era (¿es?) que llegara antes o a los diez minutos de las llamadas ciudadanas a los números de emergencia 066 y 089. Pero no sólo los elementos policíacos, también los cuerpos de bomberos y protección civil. Graco heredó el problema gravísimo de la inseguridad; de eso se acuerdan o lo saben de oídas los morelenses. Por ello la creación del Mando Único Policial, polémico, controversial, pero finalmente un modelo que siguieron otras entidades. De ahí las grandes inversiones para el reclutamiento y capacitación de personal, compra de patrullas y armamento que en otros tiempos fueron simplemente impensables pero hoy día imprescindibles. Porque nada es hoy igual que ayer, la lucha terca lo es por el regreso de la tranquilidad y con ésta la confianza de la inversión privada en la generación de empleos. Para esto debe servir el C-5, y sin embargo hace falta más, mucho más, hasta que algún día los morelenses no vivamos la parodia televisiva del “hermano mayor”, el Big Brother tlahuica… ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán /  [email protected]