Para que “informe al Congreso del Estado (sobre) la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública” será la comparecencia, hoy, del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas. Obvia la oficialidad de la respuesta, volverá a presumir la coordinación de fuerzas policíacas federales y estatales. La sesión de rendición de cuentas, exposición de motivos o excusas incluirá las intervenciones del comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, y del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara. Elementales sus respuestas a los “cuestionamientos” de los diputados, volverán a quejarse por la carencia de recursos materiales y de personal. Pero si el lector espera un espectáculo al menos “divertido” por los gritos y aplausos de los típicos acarreados y los reproches de grupos opositores por la inseguridad ciudadana, se equivoca. La sesión será estrictamente privada, según había advertido ya el diputado José Casas, “para que el recinto legislativo no se convierta en un circo”, así que la nota estará en las contestaciones a las preguntas a bote pronto de las y los compañeros reporteros, como si la masacre de la colonia Antonio Barona que segó las vidas de diez personas quedará impune, o cuál es el nivel de responsabilidad de la autoridad estatal en el asunto espinoso del robo del avión en el aeropuerto de Tetlama. Antiguo y cada vez más complicado el problema de la inseguridad pública, las comparecencias no lo resuelven; los discursos de funcionarios del Ejecutivo ante el Legislativo cuestan dinero a los contribuyentes, no tienen sentido, son lo mismo que perder el tiempo… SE compondrá con la Fiscalía Antisecuestro y las unidades especializadas en Investigación de Delitos de Alto Impacto, de Delitos de Tortura, de Trata de Personas, de Análisis Financiero, de Extinción de Dominio, de Cooperación Internacional y de Técnicas de Investigación. Será la Fiscalía de Investigación de Delitos Alto Impacto (FIDAI). Podrá atraer investigaciones sobre homicidio, robo de vehículos, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros ilícitos. La encabezará la ex fiscal antisecuestros, Adriana Pineda Fernández, y la nueva dependencia contará con un edificio propio que costará 79 millones de pesos donde por décadas estuvo la Secretaría de Transportes. Es la creación de la súper fiscalía de marras un esfuerzo presupuestal en tiempos de vacas flacas que de poco servirá si las bandas del crimen organizado continúan llevándole la delantera al estado… LA NOTA publicada es que un diputado fue removido de la presidencia de las comisiones de Igualdad de Género y de Seguridad Pública y Protección Civil. Señala: tras las acusaciones en su contra por acoso laboral, hostigamiento y violencia sexual. Y detalla que fue en la sesión ordinaria del martes cuando nueve diputadas promovieron, con carácter de urgente y obvia resolución, el punto de acuerdo por el que se le retiraron las dos comisiones al dicho legislador. La consecuencia no debería ser sino una concreta y específica: que se separe temporal y voluntariamente del cargo de diputado durante el tiempo que tarde en demostrarse inocente, en cuyo caso ameritaría una reivindicación pública, o que sea separado de la curul de manera definitiva si las pruebas de una investigación lo señalan culpable. ¿Pueden promover un proceso así las diputadas solidarias con su dignidad de féminas?.. (Me leen después).
Por José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com