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Lunes. El mismo día que la magistrada María del Carmen Cuevas López es electa presidenta del máximo órgano de impartición de justicia de Morelos, es asesinado  Daniel Elías Lerma, funcionario del área de Licencias del Ayuntamiento de Cuernavaca. Esa fue una casualidad de tiempo. Domingo. El ex candidato del PRD a la alcaldía de Ayala, Juan Manuel Mederos Flores, es ultimado a balazos. Fue un fin de semana en el que Yautepec aportó su cuota de violencia, convertido este municipio gobernado por el clan de los Alonso en uno de los más peligrosos de México. Causadas por la ejecución del abogado Rodolfo García Aragón, cuyo cuerpo fue hallado el martes 10 de mayo, Día de las Madres, las protestas de sus compañeros demandan el alto a la inseguridad. En tanto, el obispo Ramón Castro y Castro ya ha convocado a una marcha por la Paz y la Familia, para el próximo sábado. En este contexto, la diputada perredista y presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso Estatal, Hortensia Figueroa Peralta, dice a abogados litigantes que el clima de inseguridad que vive Morelos no terminaría con la renuncia del comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra,  y les aconseja que lo que deben hacer es pedirle al fiscal Javier Pérez Durón que acelere la investigación del homicidio de su colega para esclarecer este caso. Del lado de la oposición al Gobierno del Estado, el diputado federal panista Javier Bolaños Aguilar propone que sea revisada la actuación del mando único policial. Conclusión: quizá el ciclo de Capella ya ha concluido o incluso esté pasado de tueste. Su renuncia no significaría un gran problema de carácter político, y tal vez su relevo rendiría mejores resultados en términos de seguridad, oxigenaría el ambiente político y la percepción social. Pero sólo tal vez, habida cuenta la tremenda complejidad del problema de la persistencia de la delincuencia común y el crimen organizado al que, mal nacional de nuestro tiempo, infortunadamente no es posible conjurar con una varita mágica. Cosas, pues, de la realidad, la violencia y la política de las cuales no es responsable la sociedad civil… EL LUNES de enfrente se cumplirán doce años de la aparición del Comando Jaramillista 23 de Mayo, el CJ23-M. Aquella madrugada estallaron tres petardazos en las sucursales de Bancomer, Banamex y Santander Serfín de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC). Cuatro meses después, el uno de septiembre cuando el entonces presidente Vicente Fox se disponía a rendir su cuarto informe de gobierno, el CJ23-M tronó un cohetón en el estacionamiento de la sucursal de Teléfonos de México, en la calle Zapote, y uno más dos cuadras abajo, en un lote baldío de la avenida Morelos sur. ¿Quiénes eran los del CJ23-M? En septiembre del año siguiente, el periódico “Reforma” publicó una fotografía de tres hombres en un claro de bosque que aun con los rostros cubiertos se notaban jóvenes, posando armados, colgado un “cuerno de chivo” del brazo de uno de ellos y ondeando otro una bandera de México. El mismo día de la publicación del retrato, un informe de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ubicó a jaramillistas “repartiendo propaganda subversiva” en Huitzilac y la zona limítrofe de Morelos con el Distrito Federal. Pero igual que aparecieron se diluyeron, y la pregunta fue si eran guerrilleros auténticos o inventados con fines mediáticos, planteada la interrogante en los días en que el a la sazón gobernador panista Sergio Estrada Cajigal enfrentaba la denuncia para un juicio político que al no ser concretado lo salvó de ser destituido. Hasta hoy se ignora en qué acabó el CJ23-M, si efectivamente se trató de fue un grupo guerrillero que se incorporó a otro... El sábado siguiente harán 54 años de que Rubén Jaramillo Menez fue asesinado en Tlaquiltenango,  junto con tres de sus cuatro hijos por elementos del Ejército Mexicano y arrojados sus cadáveres en Xochicalco, el por 23 de mayo de 1962. Su hija Raquel fue la única que sobrevivió a la masacre, y por años el gobierno federal escondió esta declaración que rindió ante el entonces primer subprocurador de la República, Oscar Teviño Ríos: “Como a las dos de la tarde del día de los hechos llegaron al número 114 de la calle Mina dos vehículos blindados, varios jeeps del Ejército y un automóvil plomo sin placas. A bordo venían varias decenas de soldados y algunos civiles armados que supuse pertenecían a alguna corporación policíaca”... ME LEEN MAÑANA.

Por:  José Manuel Pérez Durán  /   [email protected]