Debieron pasar catorce años para que el alcoholímetro fuera implantado en Cuernavaca; que el Ayuntamiento estuviera en la chilla, debiéndole a todo mundo, pagando con muchos trabajos el pobre tesorero Alejandro Villarreal la nómina y la renta de la mansión en Tabachines que disfruta el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo para que éste viera una fuente recaudadora de ingresos en el programa Conduce sin Alcohol. Instaurado desde 2013 en la Ciudad de México, aquí empezará a funcionar el viernes 24 de este mes, a partir de lo cual a los conductores que sean pillados pasados de copas las parrandas les saldrán en 6 mil 67 pesos más IVA por manejar borrachos, chupar adentro del coche, por el arrastre de la grúa y el inventario. Eso sin contar las balconeadas a ellas y a ellos, grabados por video cámaras en los puestos de revisión, y para que además de moral la cruda sea física, pasar unas horas en la mazmorra del juzgado de paz del mercado ALM que no son como las instalaciones de El Torito del ex De Efe, allá limpias y amplias, y estrechas y pestilentes aquí. Sin embargo, con todo esto y más vale la pena. El alcoholímetro reduce entre el 35 y el 40 por ciento el peligro de accidentes relacionados con el consumo excesivo de bebidas espirituosas. En México mueren unas 24 mil personas al año en accidentes automovilísticos, en su mayoría vinculados a la ingesta de alcohol, arrojando una cifra que ubica a nuestro país en el séptimo lugar de incidencia, con 55 muertos al día. Puesto hace catorce años a operar en el entonces Distrito Federal e imitado paulatinamente en múltiples ciudades del país, el programa Conduce sin Alcohol ha salvado docena de miles de vidas y evitado mutilaciones, discapacidades permanentes y pérdidas económicas. Por años los dueños de antros y restaurantes se opusieron al alcoholímetro; argumentaron y lo siguen haciendo que Cuernavaca es una ciudad turística y el dicho programa ahuyentaría al turismo de fines de semana. Ocurrirá, seguramente, pero también sucederá que habrá menos accidentes de tránsito relacionados con el consumo de licor; deseable por otra parte que los policías de tránsito, quienes de por sí andan desatados mordiendo a diestra y siniestra, no conviertan al “chupímetro” en pretexto de extorsión… EXCLUSIVOS para los automovilistas chilangos que van y vienen de Acapulco, los carriles centrales del Paso Exprés lucen desiertos de lunes a viernes y, poco usados los fines de semana normales, sólo registran niveles relativamente altos de tráfico en los días de “puentes”, la Semana Santa y durante las vacaciones de verano y diciembre. De hecho, esos cuatro carriles confinados entre los entronques de las autopistas México-Cuernavaca y Del Sol no tienen sentido. Los metieron como con calzador, estrecharon los ocho del libramiento, no dejaron espacio para acotamientos pero probablemente no desaparecerán sino hasta después de 2018 cuando haya otro presidente de la República, se vaya Enrique Peña Nieto y el sentido común modifique el popularmente conocido como Paso de la Muerte, quitándole dos carriles, dejando seis pero más amplios y con acotamientos. Mientras tanto, la negligencia, tapadas las tuberías de aguas negras que se desvían y caen en la barranca de Chapultepec sin que, según el secretario de la Comisión Estatal del Agua, Juan Carlos Valencia Vargas, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Héctor Armando Castañeda Molina, atienda las alertas de contaminación. Destituido José Luis Alarcón Ezeta del cargo de director del Centro SCT de Cuernavaca por el secretario  Gerardo Ruiz Esparza, que así se lavó las manos pero el socavón del 12 de julio que mató a dos personas se las dejó manchadas de sangre, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Óscar Raúl Callejo, afirmó que las obras de la reparación costarían 70 millones de pesos y correrían a cuenta de las empresas  responsables, Aldesa y Epccor. Sin embargo, una vez concluidos los dichos trabajos que tardaron tres meses, la SCT no ha emitido una información que confirme el monto de los mismos y si efectivamente fueron pagados por una o las dos compañías del consorcio constructor o por el gobierno federal. Intocable, protegido por el presidente Peña, el secretario Esparza puede hacer lo que le plazca, y, al igual que Alarcón, el delegado Castañeda ignorar los reportes de funcionarios locales. El señor Alarcón, por cierto, de quien al momento de ser cesado se dijo que sería investigado pero hasta ahora nada de nada… ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán /  [email protected]