compartir en:

Dos asuntos han atrapado el interés público en las últimas semanas: el registro de homicidios a los que la autoridad adjudicó el calificativo de “riñas” y los medios reportaron como “linchamiento”, pegado a la tentación  de las llamadas autodefensas. El segundo entraña, también, un cariz social pero con un conflicto económico-financiero de fondo: ¿qué va a pasar con el sistema de jubilaciones y pensiones? Además, la insolvencia de al menos doce ayuntamientos tiene con un pie en la cárcel a sus respectivos alcaldes, por incumplimiento de laudos o liquidaciones laborales a cientos de trabajadores.
En el plano general, el común denominador de sendas materias es la crisis en la que se encuentra el Estado mexicano, lo cual representa la quiebra económica y, por otra parte, de sus sistemas de seguridad pública así como la cooptación de grupos de la delincuencia sobre las instancias de seguridad e impartición de justicia. Todo lo cual repercute en el último escalón del sistema, que son los gobiernos municipales, y en poblados y comunidades alejados de la mano de Dios y la justicia terrenal. De ahí el repaso sobre hechos y circunstancias que marcan a uno y otro fenómeno. 

RIÑA-LINCHAMIENTO
Riña, pleito, bronca, golpiza, pendencia, reyerta, disputa, como se le quiera llamar, el caso es que los casos de Emiliano Zapata y Yecapixtla terminaron con la muerte de los primeros agresores. En forma estricta se cumplió “la justicia por propia mano”, y por demás sobrada, pues en el primer episodio a dos atropellados correspondió la muerte del automovilista a pedradas. En el segundo, al parecer no hubo consumación de un presunto intento de violación, pero el potencial atacante fue privado de la vida a mano limpia y a patadas. Estos hechos van muy de la mano con la intención de colonos y habitantes de barrios y comunidades de la entidad por formar grupos de auto vigilancia, vecino vigilante y las polémicas “autodefensas”. 
De principio, en México es un hecho que hay hartazgo de la gente; ya no cree en que reinará la justicia. Y no se trata de lo que calificó Enrique Peña Nieto de “mal humor social”, sino de auténticas “reacciones en cadena” en el contexto de complicidad-impunidad del aparato de justicia y sus protagonistas, como la paranoia propiciada por cobros de piso, levantones, amenazas, secuestros y extorsiones. En el fondo no se está frente a simples “ajustes de cuenta” de ciudadanos contra agresores, sino de la ruptura del “contrato social” en el que el ciudadano delega en el Estado el ejercicio de la violencia institucional y la coacción para prevenir,  inhibir o castigar las acciones criminales. ¿Simplemente porque el Estado dejó de cumplir su parte de dicho pacto social? Con tal incumplimiento, sus instrumentos y organismos llegamos al punto de la pre-revolución social, esa que aparece cuando el Estado ha llegado a ser ineficaz e inútil y acumula omisiones, desviaciones, complicidades. Pareciera que de eso a la revolución ciudadana no hay mucha distancia. 
Hace cuatro años el gobierno en Morelos estaba a tiempo, antes de que sucediera lo de Guerrero y Michoacán. En estas entidades la gente se alzó en armas porque ya no soportaron las vejaciones de los delincuentes, la complicidad de las policías y la impunidad de unos y otros. 
Los grupos de autodefensa integraron una insurgencia contra la descomposición de los aparatos de Estado que deben estar para cuidar a la población, atrapar a los malhechores e impartir justicia. Pero ni una ni otra cosa ocurría ya, los líderes naturales de las poblaciones tomaron las armas de que disponían, le declararon la guerra a los cárteles y grupos de delincuentes que los oprimieron durante décadas y al gobierno no le quedó otra más que reconocer las razones de las autodefensas, apoyándolas inclusive. En Morelos no se ha llegado a esos extremos, y sin embargo la desesperación, los pleitos familiares y la presunción de un ataque o delito desencadenan en casos como los de Zapata y Yecapixtla. 
De lo que se trata es insistir que la organización de la gente, a fin de aprovechar los recursos económicos de los gobiernos estatal y federal (que los tienen y no son cualquier cosa), resulta consecuente para contener la delincuencia.
Las mantas que en Ocotepec y otras comunidades ha colocado la gente ilustran esta disposición: “Aquí no llamamos a la policía, aténganse a las consecuencias de sus delitos”.
Antes de que se conviertan en autodefensas, los pobladores de zonas urbanas y rurales de cualquier entidad están dispuestos a colaborar en el resguardo de su familia y su patrimonio. En realidad, operan comités de “vecinos vigilantes” en cuyos domicilios y negocios tienen “botones de pánico”, alarmas externas y mantienen comunicación por medio de celulares y radioteléfonos para dar alertas a la autoridad en situaciones emergencia. El asunto consiste en que los gobiernos aporten la infraestructura a estos policías ciudadanos, ojo, no armados, que den la voz de alarma ante amenazas de delitos en curso. Si ya de por sí hay estado de ansiedad y angustia por la posibilidad de sufrir un acto delictivo, la autoridad puede aprovechar esa reacción y convertirla en acciones preventivas. En otras palabras, se tiene miedo a lo desconocido y el temor es a lo que ya se conoce; surge cuando se sabe a lo que hay temor; una vez organizados y bien equipados los integrantes de los comités vecinales de autoprotección respaldarían la eliminación de las condiciones propicias en las que la delincuencia hace de las suyas. 

AYUNTAMIENTOS
Si en febrero de este año había ya 313 demandas laborales en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje contra administraciones municipales por despidos injustificados, continúan los ceses de personal sin buscar la conciliación. El problema es económico, pero también por la reiterada costumbre de manejar las comunas como si fueran agencias trianuales de colocación. Cada alcalde trae compromisos, pero como a la hora de pretender colocar a parientes, amigos y amigas nomás no le alcanzan las plazas disponibles recurre a los despidos injustificados. 
Otro aspecto del problema está en el abultamiento de la nómina, de lo cual es ejemplo el Ayuntamiento de Cuernavaca  al grado de que en las administraciones panistas se crearon tres sindicatos, pues el original no respondía a los intereses de las administraciones en turno para asegurar la permanencia de los aliados en plazas laborales. Resultado: se vino acumulando el endeudamiento de comunas por pago de nóminas y las liquidaciones sin cumplir, encima las demanda de los despedidos y la contratación de “cuates” premios a favores de campaña. 
Es así que, entre laudos y pagos incumplidos, la suma global de los ayuntamientos endrogados asciende a unos dos mil millones de pesos. Los municipios en riesgo por la destitución de ediles debido a laudos laborales no cumplidos son por un monto total de 250 millones de pesos, entre los que se encuentran Axochiapan, Jojutla, Jonacatepec, Cuautla, Huitzilac, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temoac, Tetecala, Tlalquiltenango, Yecapixtla, Zacatepec y por supuesto Cuernavaca.
En el Congreso local se analiza la forma en que los gobiernos federal y estatal  le entrarán al quite para evitar que pongan de patitas en la calle a Cuauhtémoc Blanco y a sus homólogos, pero esta es sólo una alternativa de emergencia. En el meollo del problema se encuentra la urgencia de erradicar prácticas que sangran las finanzas municipales, el gasto corriente injustificado, o sea, abultamiento de la nómina, reducción de salarios de alcaldes y regidores que ganan como si fueran científicos de la Nasa  pero trabajan y rinden lo mismo que la carabina de Ambrosio. 
Al igual como ocurre con la inseguridad  y la impunidad que crean condiciones para las “riñas-linchamientos”, la crisis por los laudos impagados, jubilaciones y pensiones por una nómina forzada a crecer por caprichos y mala o nula planeación municipal, forman parte del concepto  de “estado fallido” en el que se encuentran instituciones y dependencias de gobiernos de todo el país. A la crisis de credibilidad en gobernantes y funcionarios, corresponde también la cero operación-económica financiera de los ayuntamientos. 

BANCARROTA
La situación económica de la tercera parte de los ayuntamientos de Morelos, los esfuerzos de los mecanismos de seguridad, reconocidos pero considerados insuficientes por pobladores, conforman una banca quebrada que no puede garantizar la paz social. 
En el México de hoy, detrás de cada nombre de una persona víctima de la delincuencia y carente de una economía equilibrada hay una desgracia personal y familiar; proyectos cercenados, vidas afectadas. Claro que es obligación del Estado y los gobiernos hacer su parte de prevenir e impedir actos delictivos, que el mismo Estado tiene el monopolio de la coerción y la fuerza para cumplir con estas responsabilidades, de modo que ante situaciones de emergencia ¿quién no le entra a organizarse para cuidar patrimonio y familia? Lo contrario sería esperar a que la delincuencia tenga comiendo de su mano a policías y sus mandos para que después crezcan los delitos más “usuales”. Entonces, la pregunta es qué se prefiere: ¿comités de vigilancia ciudadana o grupos armados de autodefensa? 
De uno y otro conflicto, en el económico podrá librarla la docena de alcaldes. Por ahora. Pero de cualquier manera las manifestaciones de inconformidad social continuarán ante quienes deben velar por el interés público. No está en juego la chamba de doce presidentes municipales, ni si hubo o no linchamientos. En lo básico, de lo que se habla en México es de la intensificación del malestar colectivo largamente anunciado... ME LEEN MAÑANA. 
 

Por:  José Manuel Pérez Durán  /   [email protected]