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–Con el bono por el Día del Maestro de este año iba a pagar una deuda. Hace meses que me la están cobrando, pero, ¿ahora de dónde? Le voy a volver a quedar mal al amigo que me prestó.
–Ya lo había apartado para impermeabilizar mi casa. Me hacen falta. No es justo que nos hagan esto…
Testimonios así se escucharon tres días de la semana pasada, movilizados once mil docentes jubilados en calles, plazas, escuelas. Una andanada de quejas en medio de la falta de recursos oficiales y los reclamos a la “grilla” sindical del trasfondo, lanzados contra la “insensibilidad” del gobierno. El hecho es que después de veinte años a cualquier persona jubilada, no sólo a maestras y maestros, molestaría la eliminación de un dinero al que consideran una de sus prestaciones de ley, y la realidad –de acuerdo a las autoridades educativas–, que no existe tal obligatoriedad pues el bono no está legislado como parte del presupuesto de egresos del erario estatal.
Por encima de las razones de las dos partes en conflicto, la polémica por la gratificación del Día del Maestro, regateado a docentes pensionados, no tiene origen en la Reforma Educativa, aunque sí la complementa, sino de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto planteada en la Reforma Fiscal en septiembre de 2013. Esta enmienda tendría el fin netamente político de terminar con los cacicazgos del magisterio que han imperado en las negociaciones salariales.
Dicho de otra manera, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), a cargo de la Secretaría de Hacienda, administra la nómina de maestras y maestros, con lo cual el gobierno federal pretende terminar con la “doble ventanilla en la negociación” salarial del magisterio a partir de una negociación única en la que participarán las autoridades estatales, la SEP y el SNTE.
Y en el otro aspecto del conflicto por el dicho bono, el señalamiento del Gobierno de Morelos respecto a que tal pago no forma parte de los gastos de nómina reportado por el IEBEM a la SEP y, por lo tanto, la Secretaría de Hacienda y la Tesorería de la Federación no tienen bases legales para otorgar tal “prestación”. Entonces, no es una obligación  “de ley” como el SNTE argumentan a los docentes, sino una “aportación” que también tiene raíz en un manejo político.

ORIGEN
Llamado el de los “tres Jorges” (Carrillo Olea, Morales Barud y García Rubí), durante el sexenio 1994-2000 el PRI nacional y los estados veían derrumbarse el poder del “partido aplanadora”, por lo que echaban mano de los recursos corporativos que les quedaban. Uno de ellos fue el que presuntamente utilizó el segundo de los “tocayos”.
Ixtleco de origen, alcalde del municipio donde nació, también de Cuernavaca y en el ínter gobernador sustituto, Morales Barud pudo haber autorizado el bono del “Día del Maestro” para congraciarse con el magisterio tanto activo como en retiro. El pero es que la autorización fue sólo un acuerdo de palabra que sin embargo mantuvieron los posteriores gobernadores panistas, Sergio Estrada y Marco Adame. Éstos optaron por “llevar la fiesta en paz” con el sindicato y tundirle en cambio a la disidencia representada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Una era de  represión en la que se pulió el presunto yunkista Adame, pero esa es otra historia.
Ya se veía venir el conflicto por el Bono del Día del Maestro cuando  el ahora secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la centralización y control  federal de la nómina del magisterio de todo el país, con lo cual despojó a los gobiernos estatales de un recurso que era utilizado para calmar los ánimos de los docentes.
 
COLAPSO
Hoy día, los once mil maestros y maestras jubilados en Morelos son casi el cincuenta  por ciento de los veintiséis mil maestros activos, y en menos de quince años esa multitud docentes en retiro estará al parejo de los activos. Una cantidad así será una carga financiera que difícilmente soportará el gasto corriente de la administración estatal, previsibles entonces más medidas desagradables para los futuros jubilados y jubiladas. Andando el tiempo, la virtual cancelación del bono sería uno de los apretones de cinturón.
Para darnos una idea del peso de la nómina de activos y jubilados, anotamos las siguientes cifras a nivel país que naturalmente se reflejan en Morelos, esgrimido otro de los propósitos del FONE para erradicar, según Hacienda y la SEP, vicios que se arrastran de las etapas priista y panista, lo que sin embargo no es un indicativo de que las cosas vayan a cambiar radicalmente.

“PILOTOS”
Hay algunos datos interesantes, sobre todo aquellos donde los críticos de los “aviadores” aprovechan para señalar que con tanto dinero otorgado a los privilegiados que cobran sin trabajar se podrían reparar baños, poner techumbres en escuelas donde los niños se asolean y se mojan, comprarles computadoras, butacas y pizarrones. Son cifras del Inegi sobre escuelas, maestros y alumnos, y está todavía el caso tragicómico de los que reciben su quincena pero “nadie los conoce”:
Las entidades con más de 20 por ciento de centros escolares de tipo particular son el estado de México, Baja California, Morelos y la Ciudad de México; del total de planteles públicos, 48.8 por ciento carece de drenaje, 31 no tienen agua directa, 11.2 no cuentan con energía eléctrica y 12.8 por ciento carece de baños.
De acuerdo con estos datos, se estima que en el país hay dos millones 247 mil 279 trabajadores de la educación, de los cuales pudieron ser censados un millón 949 mil 105. De esta cifra hay 39 mil 222 que nadie conoce y podrían estar cobrando, y 30 mil 695 que cuentan con algún tipo de licencia o comisión con o sin goce de sueldo.
Del total de trabajadores contabilizados, un millón 128 mil 319 corresponden a plazas de maestro frente a grupo que ocupan 978 mil 118 personas (algunos tienen dos plazas, tres y hasta cuatro). El 68 por ciento de los trabajadores de la educación son mujeres y 32 por ciento hombres.
 
NÓMINA
La SEP y los gobiernos estatales analizarán el estado del sistema educativo, a fin de continuar con la conformación del Sistema de Información y Gestión Educativa a partir del cual se echó a andar la “Nómina Única” que depende de la Secretaría de Hacienda y en la que se supone los profesores que no otorguen información o no sean identificados corren el riesgo de no recibir salario.
De este modo parecería que si las autoridades “se ponen la pila” podría guillotinar a los “aviadores”, “comisionados” y otros parásitos que sangran al sector educativo. En una adelantada conclusión, con esta información la SEP estaría en condiciones de aplicar más dinero a escuelas en paupérrimas condiciones (por decir lo menos), en lugar de seguir manteniendo a los chupasangre del erario público. Último dato, para darse una idea de lo que representa en tajadas de millones de pesos el “sobrepeso” de las fugas de recursos aquí enlistados y reconocidas por los jefes de la SEP: en México existe un total de 207 mil 682 planteles de educación básica y especial a los que asisten más de 25 millones de alumnos y en los que laboran más de dos millones de trabajadores, entre profesores y personal administrativo.
Aplicado del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2014 en los planteles del país, estos son los resultados del primer censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial elaborado por el INEGI. Pero no faltaron las críticas que han señalado que, antes de obtener la información certera sobre el sistema educativo nacional, el gobierno federal realizó una reforma en la materia; que hay disparidad en los datos de los estados y la información federal que existía antes de este ejercicio. O sea, quizá hubo “mano negra” para maquillar cifras y la realidad sea todavía más grave en materia de plazas no desempeñadas, pero eso sí, bien cobradas.

CONOCIMIENTOS
Según la Auditoría Superior de la Federación, en los estados de la República cada año las autoridades educativas erogaban fuertes cantidades para pagar los sueldos maestros con comisiones sindicales contrarias a lo establecido por la ley, y también  anualmente la SEP estatal reconocía falta de recursos. Todo eso se acabó con el FONE y asimismo terminaron los bonos “extras”.
Respecto a la infraestructura educativa en el país, las carencias son tremendas: 81,000 escuelas no tienen drenaje, 20,000 carecen de servicios sanitarios, 36,000 de agua entubada y 18,000 de luz eléctrica.
Y en relación con el papel del SNTE en el actual sistema educativo, los críticos del magisterio aseguran a los dirigentes del SNTE como los directamente responsables de que el 75 por ciento de los jóvenes menores de 15 años tengan un nivel muy bajo de conocimientos en comparación con otros países.

PRIVILEGIOS
Para el caso del regreso del PRI a Los Pinos, Peña Nieto y Osorio Chong llegaron con el propósito de desmantelar el imperio de la maestra de Ciudad Neza, Elba Esther Gordillo, por la traición al partido  tricolor y a la campaña del mismo Peña por medio de “su” partido Nueva Alianza. Resultado: Gordillo sigue en la cárcel y Aurelio Nuño continúa el trabajo del desmantelamiento del poder del SNTE que inició su antecesor Emilio Chiauffet.
Ante esta lógica del poder, maestras y maestros jubilados y activos de Morelos –y de todo el país– no son víctimas de las administraciones estatales; están en medio de la estrategia peñanietista para socavar la influencia del sindicato en  el plano nacional.
A dos fuegos quedan entonces no sólo los activos y jubilados del magisterio, también los gobernadores. La opción administrativa de pedir la intervención de la SCJN es una forma de ganar tiempo. El Presidente trae pleito casado contra los que mangonean el SNTE. ¿Es el ocaso del poder sindical del magisterio?.. ME LEEN  MAÑANA.

 

Por: José Manuel Pérez Durán /  jmperezduran@hotmail.com