Salvo el desfile, la entrega del premio nacional del deporte y la retórica, poco o nada queda de los “triunfos sociales” obtenidos después de la serie de revueltas conocida con el nombre genérico de “Revolución Mexicana”. También se volvieron obsoletos los calificativos que se le endilgaron en décadas pasadas, como “institucionalizada”, “traicionada”, “rebasada”, “tecnocratizada”, “neoliberalizada” y un largo etcétera al gusto de los detractores del sistema priista, dueña del membrete o, para decirlo en términos del marketing global en boga, concesionario de la franquicia “revolucionaria”.

Con la mezcolanza de ideologías cargadas a la derecha del PRI-AN y la derechización del PRD, el concepto de “revolución” no es más que el recuerdo, sin nostalgia, de la serie de hechos que terminaron con la expulsión de la dictadura porfirista y la secuela de pugnas y magnicidios en la lucha por el poder luego de la revolución por la no reelección de Francisco I. Madero. Nada más.

Lo único rescatable del recuerdo de la Revolución Mexicana es la serie de luchas libradas por habitantes de pueblos y comunidades de principios del siglo XX, para sacudirse un sistema, el porfirista, represivo en lo político y opresivo en lo económico. Excepto por el sistema multipartidista alcanzado en la segunda mitad de la centuria pasada, los gobiernos de las casi dos décadas transcurridas del siglo XXI mantienen a la gran mayoría del país en la pobreza y en la pobreza extrema, que no es otra cosa que el eufemismo de la miseria.

Mañana lunes será el aniversario 107 del inicio de la Revolución Mexicana. A una centuria y tres lustros, con las docenas de miles de muertes por la “guerra” fallida contra el narcotráfico, pueblos enteros levantados en armas para sacudirse a maleantes y autoridades cómplices, y en medio de las cifras de la pobreza a la alza, la pregunta inevitable es: ¿se repiten las condiciones para que en México ya esté incubada la revolución social del siglo XXI?

Antes de intentar una aproximación de respuesta, revisemos algunas mediciones de este último fenómeno económico. Para ubicarnos, primero hay que aclarar dos conceptos clave, con base en la Comisión Nacional de Evaluación (Coneval): Pobreza: Es cuando una persona tiene al menos una carencia social de los seis indicadores básicos: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación y un ingreso es insuficiente para adquirir bienes y servicios requeridos a fin de satisfacer sus necesidades básicas. Pobreza extrema: Una persona tiene tres o más carencias, de seis posibles y se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas tienen un ingreso tan bajo que, aun si lo dedica sólo a la compra de alimentos, no adquiere los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Una vez hecha tal distinción, podemos entrar a los datos duros.

CIFRAS

En julio de 2015, el Coneval dio a conocer los datos de la pobreza (P) y la pobreza extrema (PE) en México, con el comparativo entre 2012 y 2104, entre muchos otros. En las cifras de esta medición, que no han cambiado de manera realmente positiva, es donde se estrellan los discursos del “país de las maravillas” del presidente o gobernador en turno. Van:

Entre 2012 y 2014, la población en pobreza subió de 45.5 a 46.2 por ciento y el porcentaje de pobreza extrema bajó de 9.8 a 9.5; la población en pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas y la pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de personas entre 2012 y 2014.

El número de carencias promedio de la población en estado de pobreza se redujo entre 2012 y 2014 de 2.4 a 2.3. Las carencias promedio de la pobreza extrema bajaron de 3.7 a 3.6.

Entre 2012 y 2014, la población rural en pobreza pasó de 61.6 a 61.1 por ciento y en el caso de la población urbana la pobreza pasó de 40.6 a 41.7. En 24 entidades federativas se observó una reducción en el porcentaje de pobreza o de pobreza extrema. En 8 entidades aumentaron la pobreza y la pobreza extrema.

MORELOS

Vigentes los números de 2015, la evolución de los dos tipos de pobreza en nuestra entidad estaba como sigue: la pobreza extrema: 2010: 6.9 por ciento igual a 125 mil 400 personas; 2012: 6.3 por ciento (117 mil 200 personas) y 2014: 7.9 (149 mil 300 personas). Es decir, un aumento en los últimos dos años de la pobreza “moderada” de 1.6 puntos porcentuales.

El comportamiento de la pobreza moderada, se dio así: 2010: 36.3 por ciento igual a 656 mil 700 personas; 2012: 39.1 (726 mil 300 personas) y 2014: 44.4 por ciento con 844 mil 500 personas. El crecimiento acumulado de este tipo de pobreza fue de 5.3 por ciento.

Juntos con las estadísticas manejadas arriba del comportamiento en el país de la P y la PE, es el indicativo de que el deterioro del nivel de vida de la población no se detiene con campañas publicitarias, ni atendiendo a unos segmentos de población y a otros no, ni con la evaluación y medición de los diferentes tipos de pobreza, sino con la recuperación del poder adquisitivo de la gente que trabaja y con la generación de condiciones para que los desempleados no lo sean más.

Las comparaciones de las cifras de pobres y pobres extremos de hace 107 años, al inicio de la Revolución, con las actuales de nada sirven, debido a las diferencias entre la demografía, la vocación rural y agraria del país en aquel entonces y las actividades de servicios e industria de la actualidad. Lo que sí equivale, en cambio, es el nivel de deterioro de la baja o nula calidad de vida de la gran mayoría de la gente. Eso es lo preocupante.

LOS MUERTOS

La cifra más aceptada es un millón entre 1910 y 1920. La mortandad fue muy alta, 8 de cada 100 mexicanos que vivían en la era de la Revolución. Eso se debió menos a las bajas en combate que a las muertes generadas por la pobreza y la insalubridad.

Las circunstancias de la Revolución Mexicana son consideradas como una "dislocación" social, rotas las cadenas de producción y de distribución. La economía se desplomó, el país sufrió hambre y epidemias.

Las batallas en sí fueron poco cruentas. Las tomas de Ciudad Juárez y de Celaya, consideradas entre las acciones militares más importantes de la guerra, dejaron saldos de unos cientos o miles de bajas. Los cientos de miles que murieron a lo largo del período lo hicieron por inanición, influenza o enfermedades gastrointestinales o, como en Morelos, por dos epidemias de influenza que completaron la despoblación por las razzias y deportaciones.

Con la pobreza rampante golpeando a la población, en 2013, el recién estrenado gobierno de Enrique Peña Nieto adjudicó 70 mil muertes el costo de la “guerra” de Fox y Calderón contra el narco, es decir, en 12 años. Organismos independientes calculaban 90 mil fallecidos, mientras otros grupos que contabilizan desaparecidos y víctimas “colaterales” del ejército y policías ubicaron la cifra en 120 mil muertos. No más que en la Revolución, pero si continúa el actual ritmo al finalizar el actual sexenio ¿se aproximará al millón de víctimas?

PREVENCIÓN

Antes de que nos pase lo de Guerrero y Michoacán, en Morelos estamos muy a tiempo. Acapulco es de las ciudades más violentas del mundo; Apatzingán y la Tierra caliente michoacana semejan zonas de guerra. En esas entidades la gente se alzó en armas porque simplemente ya no soportó las vejaciones de los delincuentes, la complicidad de las fuerzas del orden –locales y federales– y la impunidad de unos y otros. Los grupos de autodefensa comunitaria integraron una auténtica insurgencia contra la descomposición de los aparatos del Estado que debían cuidar a la población, atrapar a los delincuentes e impartir justicia.

Pero ni una ni otra ocurría, así que los líderes naturales de poblaciones tomaron las armas de que disponían, le declararon la guerra a los cárteles y a grupos facinerosos que los oprimieron durante décadas. Al gobierno no le quedó otra que reconocer la eficacia de las autodefensas y en un momento hasta las apoyó.

Antes de que se conviertan en autodefensas, los pobladores de zonas urbanas y rurales de cualquier estado, incluido Morelos, estarían dispuestos a colaborar en el resguardo de su familia y su patrimonio. De hecho, operan ya comités de “vecinos vigilantes” en cuyos domicilios y negocios tienen “botones de pánico”, alarmas externas y mantienen comunicación por medio de celulares y radioteléfonos para dar alertas en casos de emergencia. El asunto consiste en que los gobiernos aporten la infraestructura a estos “policías no armados” para que den la voz de alarma ante el ataque amenazas de secuestro, asalto o extorsiones.

Si ya de por vivimos una situación de ansiedad y angustia ante la posibilidad de sufrir un acto delictivo, se puede y debe aprovechar esa reacción y convertirla en acciones preventivas. Más vale prevenir. En otras palabras, hay miedo a lo desconocido y temor a lo que ya se conoce.

AUTOCUIDADOS

Detrás de cada nombre de una persona víctima de la delincuencia subsisten desgracias personales y familiares, proyectos cercenados, vidas afectadas. Es obligación del Estado y los gobiernos hacer su parte de prevenir e impedir actos delictivos, habida cuenta el monopolio de la coerción y la fuerza para cumplir esas responsabilidades, pero ante condiciones de emergencia, ¿quién no le entra a organizarse para cuidar patrimonio y familia? Lo contrario es cuando la delincuencia tiene comiendo de su mano a policías y mandos, y se incrementen los delitos más usuales que ya conocemos. Pero organizada la gente en comités de vigilancia o grupos de autodefensa, ¿no equivale esto a una forma de armar una Revolución Ciudadana de Autoprotección?.. ME LEEN MAÑANA.

Atril dominical
Por: José Manuel Pérez Durán
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