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La semana pasada, miles de personas que no están ni a favor ni en contra de tales o cuales movimiento de protesta fueron obligadas a buscar “vías alternas” porque el primer cuadro capitalino estuvo “secuestrado” por maestros activos y jubilados, comerciantes ambulantes, taxistas y miembros de la infaltable “Antorcha Campesina”.
El jueves fue el día de mayor caos. La avenida Morelos, Cuauhtemotzín, Nezahualcóyotl, Galeana y Juárez junto con vecinos, comerciantes, personal de oficinas y escuelas fueron rehenes de la inconformidad de contingentes de bloqueadores que en el fondo suelen ser movidos por intereses más allá del motivo de la protesta. Pero ésa es harina de otro costal.
El asunto a considerar es la pertinencia o no de una ley o reglamento que organice las protestas, que éstas obtengan resultados factibles para sus integrantes, y sobre todo que no afecten a las personas que llegan tarde o no llegan al trabajo, a la escuela, a la cita de negocios, al consultorio del médico. Una incuantificable cantidad de compromisos no cumplidos por los bloqueos, los “daños colaterales” de quienes ejercen su derecho a la protesta y a la movilización en detrimento de quienes no tienen “vela en el entierro”.
En una retrospectiva, podemos afirmar que las movilizaciones en México y en cualquier latitud donde se practican son parte de la cultura democrática. Pero cuando un sistema sociopolítico ya no responde a las presiones de bloqueos y marchas, además del endurecimiento y el agobio, da evidencias de ir en picada. A mayor número de marchas y bloqueos, menor capacidad de respuesta de la autoridad.
En tiempos contemporáneos, la movilización del gremio ferrocarrilero y de los médicos, en los años 50, y la de estudiantes que desembocó en la masacre de Tlatelolco de octubre de 1968, fueron la vanguardia de las movilizaciones del sindicalismo independiente de los años 70. En el ámbito social, las movilizaciones retomaron fuerza durante y después de los sismos de septiembre de 1985.
Como resultado de las políticas neoliberales de gobiernos tecnócratas, a partir de los inicios de los 80 la pobreza de tanta gente alimentó las movilizaciones de protesta por parte de agrupaciones sociales y políticas.
En los dieciséis  años transcurridos del tercer milenio, o quizá un poco más atrás, esporádicamente se ha planteado, como una necesidad, reglamentar las marchas. En 2013 resurgió la polémica ante la avalancha de protestas en la Ciudad de México, candente el  tema en estos días debido a que los apologistas del derecho de protesta tratan de impedir su inclusión como un reglamento derivado de la Constitución Política  de la Ciudad de México mientras los detractores de paros y plantones intenta que se convierta en ley. Entonces, vamos a hacer un breve recuento de sendas posturas.

CONTRA LAS REGLAS
El argumento de los opositores de tal reglamentación es que, si una marcha está sujeta a horarios a realizarse en “marchódromos” y no llama la atención, ya no es protesta sino simple exhibición y pasarela. Aducen: si con bloqueos a calles, avenidas, carreteras y autopistas los gobernantes no resuelven, menos lo harán ante marchas ligth.
Divulgada al final de 2015, la llamada “Reglamentación de las marchas” contiene una serie de prohibiciones y supuestos que, de ponerse en práctica, sería la derogación del derecho que tenemos los mexicanos a la manifestación  y a la expresión pública.
Las propuestas imponen a los manifestantes la obligación de pedir permiso escrito a las autoridades 48 horas antes, prohíben marchar sobre avenidas y calles principales o vialidades primarias y el bloqueo “intencional” de calles, y castigan la intimidación o las amenazas a la autoridad que a juicio de éstas profieran los manifestantes.
Los detractores se preguntan:  ¿pero cuándo el bloqueo lo realizan las propias autoridades en actos públicos donde convocan y marchan en multitudes en avenidas principales, ahí no va a aplicar la “Reglamentación de las marchas”?  
Calificar de “intencional” algún bloqueo queda a criterio de la autoridad, es decir, a su antojo, así que cualquier manifestación por las calles puede ser  un “bloqueo intencional”.
La reglamentación es una propuesta de algunos diputados federales para inhibir las marchas en la Ciudad de México. Fue rechazada en la Asamblea Legislativa del ex Distrito Federal.
Un argumento para tal rechazo es que, si las autoridades quieren evitar las movilizaciones, que escuchen, atiendan y resuelvan las demandas origen del descontento. Es urgente. Por una paz social justa, se resuelvan las necesidades elementales de las personas en la miseria, la marginación y pobreza cuyas carencias aumentan exponencialmente, en tanto sube el número de ricos con caudales fantásticos tipo “Rico MacPato”.
Además de Amnistía Internacional y legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, más de 70 organizaciones de todo el país exigieron a la Cámara de Diputados no avalar la ley de manifestaciones del Distrito Federal ya que, dijeron, violenta la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos así como la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Como estudiantes de la UNAM, manifestamos nuestra irrevocable disposición a defender el derecho a la manifestación pública y a la protesta social, legado del movimiento estudiantil y social de 1968 por la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que contenían el tipo penal de disolución social”, señala un testimonio “Puma”.

VERSUS   LAS MARCHAS
Pero uno entre tantos testimonios detractores de las marchas indicó que en las manifestaciones que ha vivido la Ciudad de México, durante los últimos años se han violado los derechos de comerciantes, turistas, trabajadores, estudiantes e incluso pacientes médicos que han visto truncado su derecho al libre tránsito o sido afectadas sus propiedades y fueron hasta víctimas de “discriminación“.
Esto porque ya que sólo “se preserva el derecho de los manifestantes, en perjuicio del derecho que asiste al resto de la población y que, paradójicamente, resulta ser la mayoría”.
La autoridad, señaló, también ha incurrido en violaciones a la ley al pactar con manifestantes los puntos para establecer plantones, puesto que “se coarta el ejercicio de las libertades de industria, comercio o trabajo de los demás”.
Agrega el posicionamiento de la contra-marchista que el artículo 5 constitucional establece que “el Estado no puede permitir que se lleve a cabo ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona”.
En vez de una regulación de las manifestaciones, concluye el opositor,  lo que debe crearse en la Ciudad de México son “nuevos circuitos y horizontes de imbricación, de articulación, de acompañamiento”. ¿O sea?

LAS CIFRAS
Si bien no se comparan las movilizaciones de la mega-ciudad de México con las de cualquier localidad del país y menos con las efectuadas en el centro de Cuernavaca, en cambio las cifras de las marchas en la CDMX sí nos dan un punto de referencia. Su criterio principal consiste en que en “el derecho a la protesta deberá limitarse a no bloquear vías primarias para no colapsar la Ciudad de México”. Al día se registran entre ocho y nueve manifestaciones que ocasionan pérdidas millonarias.
De acuerdo a números de la Secretaría de Seguridad Pública del ex Distrito Federal, se destinan 2 mil 500 policías para la salvaguarda en estas manifestaciones.
Dicen los impulsores de la Ley Anti-marchas: “Para que se respete la libertad de manifestación se deben respetar los derechos de todos. El derecho de manifestación se debe garantizar, pero que esto no se confunda y se utilice como un derecho para bloquear y colapsar la ciudad”. Lo cual aplica para ciudades como Cuernavaca. A lo largo de la semana anterior lo pudimos comprobar… una vez más.
En noviembre de 2015, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal realizó el primer foro de análisis sobre la eventual regulación de las marchas y la protesta social en la capital de la República Mexicana. De ahí se derivan posturas que seguramente serían replicadas el día en que se organice un foro similar para regular las marchas en Cuernavaca.
Así, la capital del país “no necesita nuevas legislaciones, pero sí ofrecer la presencia policial, la cobertura profesional policial”, acompañada de “sensibilidad social, no sólo de las policías, sino de todos los que convocan en calidad de responsable a la protesta en las calles”.

LOS PROVOCADORES
“La protesta social no se daría si hubiera buen gobierno”, esgrime otro de los argumentos sobre la materia. Y se pregunta: “¿por qué no vamos a protestar, si hay un acto de ley que manda al desempleo a 100 mil trabajadores, o por un acto de ley que den determinar que haya 880 mil muertos y 22 mil desaparecidos?”.
El verdadero punto a debate no es en realidad el libre ejercicio de la protesta social, sino la infiltración de “provocadores”, enviados a las manifestaciones por la propia autoridad contra la que éstas se organizan.
Sostienen: “No es la primera vez, ni será la última, en la que se discute si ejercemos o no un derecho porque hay un riesgo de que haya infiltrados, provocadores, pero siempre los ha habido: el Estado y el gobierno los paga, los mete para desvirtuar y distorsionar el ejercicio de la manifestación que va justamente contra esa autoridad que ha excedido sus funciones, y ahora queremos regularlas, criminalizarlas”.

REVOLUTION
Las protestas callejeras del arranque del siglo XXI no son ya específicas de tal o cual gremio, tal o cual agrupación o partido; todas ellas son la suma de la inconformidad cotidiana en el enojo social donde viven millones de mexicanos. La cuestión es: ¿vivimos, sufrimos y protagonizamos ya “La Madre de Todas las Manifestaciones”? ¿El nombre a secas de la protesta permanente y constante podría ser: Revolución Civil?.. ME LEEN MAÑANA.