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Con 15 días de manifestaciones y protestas, del pasado viernes al sábado 8 de octubre, en ciudades de México y el extranjero se le echa en cara al sistema mexicano, no sólo a Enrique Peña Nieto y las instituciones de justicia, la desaparición forzada y la incapacidad para resolver la ubicación de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Dónde están los 41 estudiantes? Tal es la pregunta que en dos años no ha atinado a responder un gobierno federal que en ésta y en  otras delicadas situaciones no se cansa de evidenciar incapacidad.
Por principio de cuentas, es necesario subrayar que la tragedia constituye un crimen que no solamente agravia a la sociedad mexicana, también implica un crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad, cuyas especificaciones corresponden al Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en julio de 1998. Los actos inhumanos graves cumplen dos requisitos: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y deliberado conocimiento de dicho ataque”, según define el Diccionario de Acción Humanitaria.
Porque no sólo fueron atacados y desaparecidos los estudiantes: las cifras de las personas dañadas incluyen 8 muertos (entre quienes están dos de los 43 normalistas, Alexander Mora Venancio y Jhosevani Guerrero de la Cruz); también una mujer pasajera de un taxi que pasaba por el lugar del primer ataque, el chofer del autobús del equipo Avispones de Chilpancingo y un jugador del mismo. Asimismo, una docena de normalistas heridos y otra docena de personas, entre quienes se encontraron la periodista Norma Angélica Rendón Chávez, seis  jugadores y el cuerpo técnico de ese equipo.
 
DEFINICIÓN
El “ataque generalizado” quiere decir que los actos se dirigen contra una multiplicidad de víctimas, como ocurrió en Iguala. La definición proviene del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el que juzgó a los nazis cuando Alemania fue vencida en 1945, con lo cual concluyó el genocidio de Hitler. El Tribunal de Nuremberg fue el primer instrumento internacional que aplicó el concepto de “crimen contra la humanidad”, ya que al examinar los actos inhumanos, como posibles crímenes de lesa humanidad, aclaró que la política de terror “se realiza sin duda a enorme escala”. En este sentido, el mencionado estatuto aclara que por “ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.
En base en la anterior definición, para llegar a una conclusión resulta necesario hacer un breve resumen de algunos de los hechos del caso, con los cuales queda en evidencia que la negligencia de un gobierno lo hace copartícipe de un crimen de lesa humanidad.

HECHOS
La desaparición forzada de Iguala fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la que la policía municipal persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En los ataques habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 41 estudiantes desaparecidos y 27 heridos.
Según el fiscal del estado de Guerrero, el 27 de septiembre fueron detenidos 280 agentes de la policía municipal de Iguala, de los cuales quedaron en calidad de indiciados 21 por su presunta participación en los hechos. Después de los ataques, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, declaró que no tenía conocimiento de lo ocurrido al instante, ya que cuando sucedieron él se encontraba en el baile por el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal.
Inicialmente dijo que no renunciaría y manifestó estar dispuesto a que lo investigaran, pero el 30 de septiembre acudió al Ayuntamiento para solicitar una licencia, poder ausentarse del cargo por un mes y enseguida desapareció junto con su cónyuge. Al día siguiente, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció la orden de presentación en contra del ex alcalde y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, primo de José Luis Abarca. Mientras tanto, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunciaba la expulsión de Abarca de este partido.
El 4 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de los normalistas desaparecidos, y el gobierno de Peña Nieto decidió también que la seguridad en Iguala quedara a cargo de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, cuyos elementos confiscaron las armas a los elementos de la policía municipal. Por su parte, la Cámara de Diputados instaló una Comisión Especial con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones del caso. Rápidamente la desaparición de los normalistas generó numerosas expresiones de repudio nacional hacia el presidente Peña, manifestaciones en universidades de todo el país denunciando su incapacidad para dirigir la nación y, sobre todo, la impresión, por parte del Presidente, de un desconocimiento total de la atrocidad de Iguala. Las expresiones de repudio a la ineptitud presidencial siguen esta semana y continuarán ad infinitum…

CABAÑAS
Como parte de los saldos del genocidio, pocos saben que el ataque contra los normalistas cierra el ciclo de víctimas de “terror del estado” para tres generaciones de una familia. El siguiente testimonio lo confirma: “Hoy como hace cuarenta años lloramos las muertes y las desapariciones forzadas de nuestros hermanos. Hoy la familia de Lucio Cabañas se encuentra sublevada y adolorida porque 2 de los 43 desaparecidos son de nuestra familia; sus nombres: Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz. En el caso específico de Cutberto, hay antecedentes de la guerra sucia contra su familia, su abuelo y sus tíos fueron desaparecidos en los años setenta. Ahora su madre no sólo llora la desaparición de su propio padre sino también de su hijo”, señaló la familia en un pronunciamiento.
Se informó entonces del vínculo del gobierno y la policía municipal con el grupo criminal Guerreros Unidos (GU), surgidos luego de la desarticulación del cártel de los Beltrán Leyva con cuatro años operando en Morelos y Guerrero. Según esa versión, los normalistas habrían sido secuestrados por policías municipales y trasladados en camionetas para entregarlos a GU.
El 14 de octubre de 2014, se informó sobre la muerte de Benjamín Mondragón, líder de GU en Jiutepec. Según la versión oficial, Mondragón se disparó un tiro en la cabeza al verse acorralado por las fuerzas federales. El 7 de noviembre, fueron difundidas las declaraciones de algunos miembros detenidos de GU, confirmando haber perpetrado el crimen junto con policías municipales.

INFORME
El 6 de septiembre de 2015, fue presentado en la Ciudad de México el “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas”. La investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó pruebas científicas que contradicen a la “verdad histórica” presentada por la PGR.
El 23 de octubre de 2014, un día después de la solicitud de José Luis Abarca a renunciar a la alcaldía, el gobernador Aguirre Rivero solicitó también licencia para separarse del cargo y “contribuir a apaciguar el clima político y favorecer las investigaciones”. La solicitud del mandatario fue aceptada el 25 de octubre, y al día siguiente tomó posesión de la gubernatura Rogelio Ortega Martínez, quien hasta entonces fungía como secretario general de la Universidad de Guerrero. Era la segunda vez que Aguirre gobernaba el estado vecino, luego de que en 1996 había substituido a Rubén Figueroa Alcocer quien renunció debido a la matanza de Aguas Blancas.
INHUMANO
Para una conclusión consultemos de nuevo el Estatuto del Tribual de Nuremberg: “El que los actos inhumanos se cometan de forma sistemática quiere decir que lo son aquellos cometidos como parte de un plan o política preconcebidos, excluyéndose los actos cometidos al azar. Dicho plan o política pueden estar dirigidos por gobiernos o por cualquier organización o grupo”. El estatuto no incluía el requisito de que los crímenes contra la humanidad se han de cometer de forma sistemática, pero el Tribunal de Nuremberg, al examinar si los actos juzgados constituían crímenes de lesa humanidad, subrayó que los actos inhumanos se cometieron como parte de “una política de terror y fueron en muchos casos organizados y sistemáticos”, como lo prueban las evidencias de que autoridades corruptas de Iguala y Cocula se coludieron con cárteles para perpetrar el ataque del 26 y el 27 de septiembre.
Encima hay que agregar la prisa de los gobiernos del estado de Guerrero y el federal por “aclarar a como dé lugar” los hechos, con lo cual se inventó la “verdad histórica” que le costó la renuncia al procurador Murillo Karam que no movió un ápice el resultado. Los ataques y la desaparición en Iguala y el “ya supérenlo” tratan de una serie de auténticos actos inhumanos.
 
RÉCORD
La masacre de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, así como la secuela de errores, omisiones, inventos, plantación de pruebas y todos los esfuerzos oficiales por minimizar el caso, son pruebas de la ineptitud, ignorancia, frivolidad y cinismo del grupo gobernante de un país que dan como resultado la complicidad en crímenes contra la humanidad y el terror de Estado.
En el ranking de las personas más poderosas del mundo del año 2014 de la revista “Forbes”, Enrique Peña Nieto descendió de la posición número 37, que ocupaba en el 2013, a la 60. La influyente publicación sobre los ricachones adjudicó el bajón por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, la insensibilidad de pedirles a los padres que “superaran el episodio” y las pifias del político de Atlacomulco que, además, ha sido carne de cañón de los “memes” de las redes sociales. Un auténtico record... (El columnista estará ausente la próxima semana. Dios mediante, me leen después).

 

Por: José Manuel Pérez Durán /  [email protected]