Los dimes y diretes entre diputados locales y presidentes municipales continúan, van para largo, pero una de las partes miente.
 Los primeros arguyen que los diecinueve alcaldes aplicaron “criterios de revancha y cerrazón política”.

Sueltan un rollo: la reforma política-electoral garantizaría la paridad entre hombres y mujeres para diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías; frenaría la violencia política de género, promovería la inclusión indígena y la gobernabilidad.

Aseguran que el dictamen de los y las diputadas –de la sesión del 1 de junio– iba a actualizar el lenguaje incluyente, poner al día diversos artículos de la Constitución, adicionar y derogar algunas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimiento Electorales, de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Pero nada dicen sobre el verdadero motivo del atorón legislativo: que la reforma favorecería al Partido Encuentro Social (PES), autorizando las coaliciones de partidos en el gobierno con partidos nuevos y/o tradicionales en las elecciones de 2021, cuando Morena difícilmente se volverá a aliar con el PES.

Alcalde de Zacualpan de Amilpas y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Adrián Cázarez González le da forma política al rechazo a la “Ley Pes”.

Su declaración omite un tema de “revanchismo político”, pero señala que los legisladores intentaron un fast track mediante el cual la mayoría de los ayuntamientos aprobaran –por la vía rápida y no de fondo– una reforma constitucional que los ediles no conocían al detalle.

En medio del debate resurgió el asunto añejo de los endeudamientos de ayuntamientos que ha estado años “congelado”.

Hasta eso: préstamos modestos para pagar en abonos chiquitos antes de que en el 2021 concluyan las actuales administraciones municipales.
 Puente de Ixtla es el que necesita más: casi 48 millones de pesos, y cantidades diversas Cuernavaca (37 millones), Axochiapan (36), Yautepec y Cuautla (27), Jiutepec (23), Xochitepec (21), Amacuzac (12), Coatlán (7) y tal y tal hasta abarcar 36 solicitudes crediticias de otros tantos municipios.
 Los pagarían con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), no así los municipios indígenas de Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla que por no haber firmado aún los convenios de delimitación territorial no tienen acceso al FAIS.
 En la iniciativa de empréstitos bancarios se halla el Gobierno del Estado, que desea 138 millones pesos, pero éste a pagar hasta el año 2024.
 Yendo en la misma vía el Ejecutivo y los presidentes municipales, se supone que los diputados no pueden descarrilarlos.
 Nunca como ahora la crisis económica en los ayuntamientos había alcanzado niveles de frustración por un problema viejo y hasta hoy sin solución.
 Apenas les alcanza para pagar la nómina, deben hasta la camisa a proveedores cobrones, pero por laudos laborales la deuda es mayor y cada día crece.
 Seis meses atrás, Puente de Ixtla y Totolapan comandaban la lista de “drogueros”, pero los demás siguen sin estar en un lecho de rosas.
 Y ni para dónde hayan podido hacerse.
 En noviembre pasado, Juan Ángel Flores Bustamante, de Jojutla, resumió: El movimiento de alcaldes en demanda de mayor presupuesto a la federación lo único que logró fue el incremento del 0.
02% que no es nada (pues) con la inflación quedó como el de este año (2019).
 El rescate financiero que entonces solicitó el Idefomm al gobierno federal sería para pagar laudos que ya superaban los 500 millones de pesos.
 Mala cosa, y peor ahora con la pandemia del Covid-19 … (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com