Se le ordenó que cada 15 días acuda a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares, pues por no hacerlo una vez ya fue declarada sustraída de la justicia. Tiene prohibido acercarse a los diputados “denunciantes” –¿“soplones”?– así como a los testigos. Tampoco debe apersonarse en las instalaciones del Congreso local y el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado. Y por si intenta fugarse, huir, pelarse, emprender las de Villa Diego, poner tierra de por medio, pues, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción emitió una alerta migratoria para impedir que la acusada salga del país. Esto y más en audiencia de imputación de la causa penal JC/323/2019 versus la ex diputada local perredista y originalmente priista Beatriz Vicera Alatriste. Tratada así porque no sólo se le sospecha como una presunta ladrona, ratera, delincuente, malhechora, vaya, que ha quedado formalmente imputada del delito de peculado por más 23 millones de pesos que estaban destinados al Instituto de Crédito por cuotas de trabajadores del Legislativo morelense pero “al parecer” acabaron en cuentas de empresas fantasmas. Eso de “cuentas fantasmas”, ¿dónde lo hemos oído? ¿Le suenan al lector los nombres del ex gobernador veracruzano Javier Duarte o el abogado de la mafia del poder Emilio Lozoya? Compañera de partido y de bancada, hermana de dolor y pieza de la misma causa penal, Hortencia Figueroa Peralta ya había sido ligada a proceso porque supuestamente “distrajo” más de nueve millones de pesos. Que de las “distracciones”, “desviaciones” o “evaporaciones” de la billetiza sean, efectivamente, responsables, y que andando el tiempo paren o no en prisión, es cosa que está por verse. Pero lo que sí, que una película así, de la vida real y la política terrenal, no es la primera ni la última que se llame “De la gloria al infierno”. La historia recurrente de cuando los protagonistas tienen el disfrute del poder político y la abundancia de dinero, creen que nunca se les acabará, que el tiempo no transcurrirá y que si pasa volverán a agarrar una chamba de gobierno. Tan convencidos están de que su destino es casi idílico y que la buenaventura siempre les sonreirá, que viven y gozan una suerte de borrachera hasta que la realidad los despierta abruptamente y comienza la “cruda”. Si conocían el dicho popular de que los carniceros de hoy serán las reses del mañana, lo olvidaron. Nada que sea raro. No tendrán que pasar muchos años para que se vea que lo mismo les pudo suceder a quienes hoy disfrutan la borrachera del poder… Y los abusos como parte de esta historia. Corría la segunda semana de octubre de 2013 cuando los diputados de la LIII Legislatura aprobaban al Ejecutivo un crédito por más de mil 800 millones de pesos. Se dijo entonces que 300 millones serían para la construcción de una nueva sede legislativa, después que 370 y luego que 467 millones. Escasas las voces discordantes, el columnista comentó que esta obra no era prioritaria, que urgía más, por ejemplo, un programa de repavimentación total en Cuernavaca para a acabar con tanto bache; que el rumbo de la ubicación del proyecto era irracional para el tráfico de vehículos y personas, en la calle Doctor Guillermo Gándara de la colonia El Vergel, demasiado cerca del mercado Adolfo López Mateos y a tiro de piedra del centro de la ciudad, “ideal” para desquiciar el tránsito por medio de los típicos bloqueos perpetrados por grupos de personas inconformes con o sin razón. Sin embargo, los diputados prestaron oídos sordos; la banda de Hortencia  Figueroa PeraltaBeatriz Vicera Alatriste, Francisco Moreno Merino, Jaime Álvarez Cisneros, Víctor Caballero Solano, etc., etc., demostraron tener intereses opuestos a los de la sociedad. Tres años más tarde, la simulación de la generosidad junto con la ironía ante la desgracia les dio la “justificación” de donar a la Universidad el edificio de Matamoros, para una casa de cultura que no fue habilitada. Dijeron que el terremoto del 19 de septiembre lo había dañado, no mostraron un peritaje técnico hecho por expertos, pero de cualquier modo se salieron con la suya, en febrero del año pasado inauguraron la sede flamante… y al final ¿todo para qué? Para que a mediados de octubre el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos entregara a la Mesa Directiva de la LIV Legislatura los resultados de la revisión técnica que realizó al edificio del Vergel a petición de los nuevos diputados, y concluyera que el inmueble fue mal edificado, que corregirlo inevitablemente costará más dinero. Visibles las fisuras en la entrada y en el sótano del nuevo mamotreto, el dirigente de los “arquis” colegiados, Alejandro Rosas, subrayó la confirmación de “un proceso constructivo inadecuado” debido a la falta de supervisión por parte del Gobierno del Estado, es decir, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que encabezó Patricia Izquierdo. Un pendiente, éste, ante el que los diputados de la presente Legislatura han sido omisos… (Me leen mañana).

 

José Manuel Pérez Durán
jmperezduran@hotmail.com 

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