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En Cuernavaca la operación de estacionamientos públicos se da en un juego evidente de valores entendidos con la autoridad municipal. Cobros indebidos, instalaciones inadecuadas y la falta de responsabilidad en el resguardo de vehículos son la constante de esos negocios cuyo funcionamiento está, inútilmente, regulado para la capital morelense desde hace más de dos décadas. El Reglamento de Estacionamientos Públicos entró en vigor el 6 de junio de 1994, pero si bien no ha prescrito en la práctica resulta letra muerta, como a continuación veremos: Establece claramente la obligatoriedad de cobrar la tarifa autorizada por el Ayuntamiento, de acuerdo a la categoría del establecimiento: por hora, el equivalente al 35% del salario mínimo general diario que corresponda en el municipio para los de primera categoría; 30% para los de segunda y 20% para los de tercera. Es decir, los cobros por hora no deben exceder, en números redondos de 16, 14 y 10 pesos, según las tres clasificaciones. Asimismo, el documento normativo especifica que el cobro de la primera hora debe ser total, aun cuando el usuario permanezca sólo unos minutos; de la segunda hora en adelante, proporcional, o sea, dividido según el tiempo transcurrido de la siguiente manera: de 0 a 10 minutos los “estacionamienteros” están obligados a otorgar una tolerancia sin costo para el usuario; de 11 a 30 minutos, cobrar el equivalente al 50% del costo total de la hora, y de 31 a 60 minutos la hora completa. Pero además de que prácticamente ningún estacionamiento cumple esta disposición, con cinismo insultante sus letreros advierten: “no hay tolerancia de minutos”, en lugar de anunciar en un sitio visible las tarifas, como lo exige el dicho reglamento.  Pocos clientes de estos negocios lo saben, pero también está prohibido aplicar un cobro adicional cuando pierden el comprobante, en cuyo caso sólo puede exigírseles que acrediten la propiedad del vehículo.  Otra de las disposiciones incluidas en la norma es la de contar con una póliza de seguro expedida por compañía autorizada, que garantice “el pago a los usuarios contra todos los riesgos y daños” incluyendo accidentes, robo total, abuso de confianza, incendios, entre otros. Pero, desfachatados, los dueños de los estacionamientos aclaran en el reverso de los comprobantes (no facturas, como lo manda la misma reglamentación) que el establecimiento no se hace responsable por ese tipo de percances. La violación de todas esas disposiciones están contempladas en el propio reglamento, con multas que a las finanzas exiguas del Ayuntamiento le caerían de perlas… a menos que la corrupción esté privilegiando la “mordida” sobre el ingreso oficial. ¿Y así en cuántas áreas más?.. EL VIDEO en el que apareció amenazado por presuntos enviados del líder del cártel de los Rojos en Morelos, Santiago Arizmendi Hernández, para extorsionarlo exigiéndole cinco millones de pesos, hizo famoso al alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante. De las redes sociales, las imágenes pasaron a las ventanas cibernéticas de la prensa escrita y la televisión, así que el miércoles pasado cuando fue asesinado su secretario David Santos Roldán Morelos fue puesto otra vez Morelos en la nota roja nacional. La Fiscalía General del Estado (FGE) reaccionó diciendo lo típico en estos casos, que no descartará ninguna línea de investigación. El video deduce que Toledo y Arizmendi se conocen de tiempo atrás, lo cual no es extraño en pueblos pequeños como Mazatepec. Además, durante los cuatro meses de 2009 que el luego alcalde fue subsecretario de Readaptación Social, Mazari estaba internado por el delito de daños contra la salud en el entonces llamado eufemísticamente Centro Varonil de Reinserción Social Morelos, es decir, el penal de Atlacholohaya. Siete años después, en septiembre de 2016 el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la Seido solicitó a la GFE información sobre antecedentes de averiguaciones previas, carpetas de investigación, actas circunstanciadas, órdenes de aprehensión, comparecencias o mandamientos ministeriales donde aparecieran como imputados Mazari y Toledo, el ex diputado por el Partido del Trabajo, Alfonso Miranda Gallegos y dos otra persona más de nombres Rubén Alejandro Aguilar y Cuauhtémoc Méndez Quiroz. Había, pues, una de esas relaciones circunstanciales que suelen convertirse en hipótesis para la investigación policial y no siempre tienen que ver con la seguridad ciudadana… ME LEEN EL DOMINGO.

Por José Manuel Pérez Durán

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