Tantas y durante tantos años lo hemos visto que decirlo así resulta una perogrullada: en Cuernavaca, donde las calles son angostas y escasas las alternativas de vialidad, basta un grupo de veinte personas que bloqueen Chipitlán al sur, Buena Vista al norte, Plan de Ayala al oriente o la esquina de Galeana y Rayón en el centro para desquiciar el tránsito del transporte público y particular en toda la ciudad. Es así que el derecho a la libre manifestación de los menos trastoca el derecho constitucional al libre tránsito de los más. Y ni para dónde hacerse, típicos los bloqueos por parte de agrupaciones sociales y organizaciones políticas que lo mismo pueden enarbolar demandas justas (vivienda, educación, salud y sobre todo seguridad) que esconder intereses personales y de grupos (concesiones de taxis y “rutas”, activismo de falsos redentores sociales, etc.), pero finalmente con el mismo resultado de las afectaciones a terceros. Por años y años se ha hablado de reglamentar las manifestaciones, no prohibirlas, pero fue hasta diciembre de 2014 que fueron reglamentadas en la Ciudad de México, cuando renació la polémica entre los que lo aprobaban y quienes lo reprobaban. Promulgada el 14 de noviembre por la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal, la Ley de Manifestaciones Públicas estableció otras y las siguientes reglas: Una: los organizadores y/o responsables de las reuniones y manifestaciones públicas deberán presentar un aviso previo por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la realización de las mismas. Dos: las reuniones convocadas por personas morales, partidos políticos, sindicatos u organizaciones de cualesquier géneros deberán señalar como responsable de la manifestación a una persona física. Tres: La Secretaría de Seguridad Pública podrá oponerse a la realización de la reunión o manifestación pública en un plazo máximo de doce horas contadas a partir del momento en que se haya recibido el aviso por parte de los organizadores. Cuatro: las autoridades policiales garantizarán que las reuniones y manifestaciones públicas se realicen de conformidad con las prescripciones de esta ley, evitando que terceros puedan alterar su carácter pacífico o que dentro de los manifestantes se diesen desórdenes o actos que atenten contra el orden público y los derechos de terceros. Y cinco: el derecho de reunión y manifestación pública en las vías primarias y secundarias ubicadas en el primer cuadro del Centro Histórico sólo podrá ejercerse desde las seis horas hasta las veinticuatro horas en días no laborables… Dicho llanamente, los organizadores de marchas o mítines en sitios públicos no deberían pedir permiso a la autoridad para hacerlas, solamente avisar con horas de antelación para no afectar a terceros. Pero no así en los casos de bloqueos al tránsito de vehículos automotores y de personas, tácita la negativa de la autoridad bajo el mismo principio de que los menos no deberían dañar a los más. Siendo por esos días una ley que pretendió regular las manifestaciones públicas sólo en la capital del país, un decreto en igual sentido por parte de la Cámara Federal de Diputados lo pudo convertir en ley nacional, o que las legislaturas locales hicieran lo propio en los estados. Particularmente en Cuernavaca, una de las agrupaciones de comerciantes del centro lleva años proponiendo la reglamentación de manifestaciones públicas, reuniéndose con diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo. Polémico el tema, resurgido en el contexto de las protestas masivas por la desaparición los 43 normalistas de Ayotzinapa, la sola posibilidad de que esta ley fuera replicada a nivel nacional produjo un rechazo generalizado. Advirtieron en reuniones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: la propuesta de reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que restringe el derecho a la manifestación “nos lleva a la intolerancia, es preocupante”. Pero no obstante todo esto, a lo mejor se acuerda el lector que en diciembre de 2017 tras bambalinas del Congreso Estatal se discutía una iniciativa que reglamentaría las manifestaciones. Pretextó uno de los diputados: “el 15 de diciembre entraremos en receso de sesiones, y luego las elecciones paralizarán el quehacer legislativo, de modo que propondremos la ley anti manifestaciones que nadie acatará pero algún día será revivida y se la deberán a esta Legislatura”. Sí, Chucha. En términos prácticos lo bueno fue que, al igual que en el caso de la Ciudad de México, nadie les hizo caso y todo quedó en una intentona. Hoy, catorce meses después, ausentes de la protesta anti gobierno los seudo activistas sociales que se evidencian “arreglados” con empleos a la parentela y la búsqueda de “moches” de obra pública, la probabilidad de una gran protesta social contra la inseguridad revivirá el manifestódromo. Ya verán… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán