En ninguna entidad donde los automóviles son sometidos a la verificación, digamos ecológica, el servicio es tan malo como en Morelos. Son los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Malo y caro, actualmente 500 pesos en números redondos contra 230 hace apenas dos años. Monopolizado el contrato y ya sin la intervención de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), como sucedió por años, los centros de verificación pertenecen a una sola empresa, no cuarenta y tantas como ocurrió por décadas. Lo cual desde el inicio de la asignación del contrato suscitó sospechas de corrupción, que prevalecen pero sin consecuencias en términos políticos. Lo que abundan son las quejas de automovilistas, porque, además de oneroso, el trámite es insoportablemente lento y elevado el porcentaje de vehículos que no pasan la prueba supuesta o en realidad anticontaminante. Diputado federal por el PAN, Javier Bolaños Aguilar resume la inconformidad de miles de automovilistas; exige a “la autoridad ambiental federal” que audite los centros de verificación. ¿Quién? Pues la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, cualquiera que sea, pero que lo haga. Cosa que seguramente no sucederá, en un país, un estado y una ciudad como México, Morelos y Cuernavaca donde las protestas sociales suelen estrellarse en el muro de la indiferencia de la autoridad. Para no hablar al tanteo, aquí dos que tres casos: Trabajadores de recolección de basura bloquearon la mañana de ayer la avenida Morelos, a la altura del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. Reclaman al Ayuntamiento que les pague lo que les debe, no les interesa que la deuda venga de la administración anterior, son 73 millones de pesos y el adeudo afecta a 120 jefes de familia. Una situación parecida a los ex trabajadores del Congreso Estatal que también exigen su dinero pero igualmente claman en el desierto, ignorados olímpicamente por los 30 diputados y con más por quienes encabezan la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno, Beatriz Vícera Alatriste y Julio Espín Navarrete, demostrado como está que no arreglan ni la cama donde duermen. Pero qué tal para la demagogia. Uno: miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Alaniz Romero recién anunció que presentaría una iniciativa con carácter de decreto para que los 33 municipios de Morelos otorguen el servicio de recolección de basura de manera gratuita a partir del ejercicio fiscal 2018. Oportunista, pretextó apoyar a la economía familiar luego de las secuelas que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre. Cacareó: “Desafortunadamente nos percatamos de que por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Cuernavaca pretende imponer esta carga impositiva en los servicios públicos municipales a la ciudadanía, es decir, cobrar por el servicio de recolección; ya se les rechazó por parte del Congreso este año, pero insisten en cobrar algo que antes no se hacía”. No tuvo que ir lejos por la respuesta. Pocos días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma que el Congreso de Morelos realizó a la Ley de Ingresos municipal del ejercicio fiscal 2017 que derogó el impuesto por la recolección, traslado y disposición de desechos sólidos, de manera tal que el próximo año los cuernavacences pagaremos por estos servicios... A lo cual sumaremos el aumento al impuesto predial que los propios diputados le aprobaron al gobierno municipal que preside el aspirante a gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Incipientes las protestas que con toda seguridad subirán de nivel después de las fiestas y las vacaciones decembrinas, el ayudante de Acapantzingo, Gerardo Abarca Peña, señala que los vecinos de esta colonia se quejan porque el pago por el predial se incrementó casi al 200 por ciento y aparte les están cobrando 700 pesos por concepto de recolección de basura. Sin embargo, nada que preocupe a los otrora llamados representantes populares, o sea, los diputados; ocupados la mayoría por seguir enchufados a la ubre presupuestal, obsesionados por pescar otro hueso en las elecciones de 2018, así que  Ricardo Calvo Huerta metió una iniciativa que establezca un horario de trabajo para los diputados, con un mínimo de cinco horas diarias de “chamba” de lunes a viernes. “Qué trabajadores”, podría exclamar la gente. Pero no, lo que tratan es que la autoridad electoral no los pille haciendo precampañas en horas de trabajo, pues ello sería causa de nulidad de la elección para quienes la ganen… ME LEEN MAÑANA.

Por: José Manuel Pérez Durán /  [email protected]