Cuauhtémoc Blanco Bravo se daba baños de pureza. Presumía en su discurso de campaña: “no soy político; soy uno de ustedes”. Mucha gente le creyó, estaba (y siguen estando) harta de los políticos, así que llegado el domingo de las elecciones de julio de 2015 votaron por él para que fuera su presidente municipal. El cuernavacence de la calle sintió suyo el triunfo cuando dijo: “¡ya me los chingué!”, refiriéndose a la candidata Marisela Velázquez Sánchez, del PRI, al panista Luis Miguel Ramírez y al perredista Jorge Messeguer Guillén. La estrategia electoral de los dueños del Partido Socialdemócrata (PSD), los hermanos Roberto y Julio Yáñez, había funcionado a la perfección. Presentaron como candidato no a un político, sino a un ex futbolista profesional famoso por exitoso, a un sujeto con imagen de gente del pueblo. Una vez empoderados y apoderados del Ayuntamiento, los Yáñez, el luego nombrado secretario técnico de la Comuna, José Manuel Sanz, y el propio Cuauhtémoc se frotaban las manos. Al interior del Ayuntamiento se hablaba de negocios que urdían perpetrar, pero el cuernavacence común seguía viendo al nuevo alcalde como a uno de los suyos, y lo mejor llegó cuando a pocas semanas de asumir el cargo comenzó a repavimentar calles y avenidas, haciendo lo que presidente municipal alguno no hizo en los últimos dieciocho años. A los automovilistas y peatones no le interesó que las obras de Palmira, Domingo Diez y más arterias fueran sospechosamente donadas por empresarios; lo bueno era que por fin estaban siendo tapados los baches (hasta hoy el “Cuau” no ha informado cómo y a cambio de qué fueron las supuestas o reales donaciones). Al edil le estaba yendo de perlas… hasta el día en que él y Sanz se sacudieron a los Yáñez, poniendo de patitas en la calle a Roberto y a los funcionarios que les habían impuesto. Los cesados estaban furiosos, habían perdido su inversión por los gastos de campaña… y los siete millones de pesos del contrato de siete millones de pesos que sacaron a relucir para que el ex futbolista profesional aceptara ser el candidato del PSD a la presidencia municipal. Nunca como ahora el escándalo, el desaseo, las perspicacias sobre actos de corrupción, la vulgaridad política habían envuelto al Ayuntamiento capitalino cual se dedujo de la riña entre los Yáñez y Blanco por una presunta mala repartición del botín. Aunque en esos días todavía supuesto el contrato que le habrían pagado a Cuauhtémoc, generó la percepción social de que Cuernavaca estaba siendo gobernada por una pandilla de rufianes. Echados del Ayuntamiento, dejados fuera de las expectativas de negocios por los “moches” de constructores de obra pública y de proveedores y las “mordidas” en áreas tradicionalmente “productivas” como Gobernación, Licencias, Protección Civil, Tránsito y más, Roberto y Julio se vengaron revelando la existencia del dicho contrato. Fue tanto su coraje y codicia, que no les importó ponerse en evidencia ellos mismos y, jugándose el todo por el todo como en una partida de tahúres, tampoco pareció interesarles que el partido de su propiedad, el PSD, haya quedado en peligro de perder el registro electoral. Llegado el caso del contrato a Cuauhtémoc a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ésta abrió el expediente INE/UTF/DA-F/2014/16, y al igual que en una diligencia judicial los “indiciados” fueron citados a comparecer para que presentaran documentos probatorios de sus dichos, so pena que de no hacerlo serían sancionados con multas de 500 salarios mínimos para personas físicas, y de hasta de 100 mil salarios para personas morales. Pero desde el inicio del escándalo el Alcalde ha dicho a reporteros que la firma del contrato no es suya, que es apócrifa. Llamado a comparecer en la Fiscalía General del Estado (FGE), ahí también aseguró que la firma no es la de él, y al comprobar la FGE con pruebas periciales que la firma es auténtica habría cometió el delito de rendir falsas declaraciones a la autoridad. Un ilícito que no lo  llevará a prisión, pero delito al fin; una mentira como las que suelen  decir los políticos, no la gente sencilla del pueblo como de hecho continúa presumiéndose el infractor, y la interpretación social de  una traición del “Cuau” a los Yáñez y viceversa, de esas  que los bandidos no perdonan en sus código de ética. Otra cosa es que Bravo impugnará el peritaje de la FGE, según anunció este miércoles el secretario de la Comuna, Guillermo Arroyo Cruz. O sea, la presunción de inocencia que es regla de los procesos penales… ME LEEN EL DOMINGO.

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]

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