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El encarcelamiento del ex alcalde de Cuautla, Jesús González Otero, podría ser el primero de la serie, entre otros, el de Temixco, Miguel Ángel Colín Nava, mencionado en más de una ocasión por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso Estatal (ESAF) como presunto responsable de desviaciones presupuestales por al menos cincuenta millones de pesos. En la misma situación estarían los presidentes municipales de Jiutepec y Huitzilac correspondientes al mismo período de 2012-2015, quienes antes o luego del lunes, cuando se enteraron de la detención de González, quizá emprendieron la huida que, al contrario de los toreros, en sus casos nada habría tenido de graciosa. Quedado el miércoles en prisión preventiva por los delitos de peculado agravado y ejercicio indebido del servicio público, en la audiencia de formulación de imputación el Ministerio Público precisó que a González le fueron detectadas cuarenta anomalías por 77 millones 593 mil 039 pesos con un centavo, de recursos de programas federales para obra pública que en cambio fueron usados para pagar nómina de personal de confianza, cabildo e “ingresos de gestión”. Pero aparte los tecnicismos propios de estos actos, que en buen romance significan desviar a otros gastos o al bolsillo propio recursos etiquetados para fines específicos, la probabilidad de que otros ex ediles corran la misma suerte que el cuautlense fue confirmada el mismo miércoles por el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso local, Enrique Laffitte Bretón. Sin decir nombres, aseguró que serán reactivados los procedimientos que ya han sido iniciado por la ESAF en contra no sólo de ex autoridades municipales, también estatales. Advirtió, textual: “Hay algunos casos importantes que se han ventilado en el seno de este Congreso y también de la pasada Legislatura, y ver cuáles han prescrito y cuáles están vivos y, por cierto, mandarlos a la Fiscalía Anticorrupción para que hagan su trabajo”. Lo cual seguramente metió miedo a más de un ex alcalde y a algunos ex funcionarios del Gobierno Estatal, quienes llegado el momento deberán gastar en buenos, para que no les suceda igual que a González, al que en la audiencia de anteayer la juez le puso un abogado de oficio “para que tuviera una defensa adecuada” pues una de dos, o el suyo confiaba en su retentiva mental o ignoraba que debía ir tomando notas del desarrollo del evento… El tema de alcaldes en riesgo de ir a parar con sus huesos a la cárcel, trae a cuento esta historia en la que el tiempo vuelve borroso dos que tres datos. Trinidad Rosario era presidente municipal de Miacatlán o Mazatepec. Electo en 1976, no terminó la gestión de tres años. Un asunto de actas de nacimiento le llevó a la destitución... y a la desaparecida Penitenciaría de Atlacomulco. Estuvo preso varios meses, y así terminó su carrera política. Podría haber sido diputado local, pero el antecedente penal lo regresó a la docencia. Profesor de primaria (si la memoria del atrilero no falla), Trinidad tenía reputación de ser un buen hombre. Siempre negó haber negociado la expedición de las actas a un grupo de salvadoreños. Una y otra vez afirmó que autorizó los documentos junto con otros que la secretaria le pasó “para firma”. Las actas “chafas” fueron descubiertas cuando los centroamericanos tramitaron pasaportes y visas, con la intención de viajar a Estados Unidos. La embajada del vecino país reportó el asunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ésta a la de Gobernación y el entonces gobernador Armando León Bejarano salió del brete separando del cargo al alcalde por medio del recurso de la licencia. Pero de no haberse metido los gringos, nada habría pasado. Era la época en la que para “ciudadanizarse” morelense bastaba con tener un amigo alcalde o algún contacto en cualquier ayuntamiento del interior. Abundaban las actas con datos falseados. De esta manera muchos políticos originarios de otras entidades se hicieron “morelenses por nacimiento”. La Constitución local exigía el requisito de la oriundez para poder ser presidente municipal o diputado local. Modificada años más tarde, dicha condicionante quedó en la de ser morelense por adopción. Porque además había comenzado ya la modernización nacional del registro civil. Parecía fácil. La computación empezaba a ser una herramienta de uso común, y México se preparaba para entrar a la cibernética. Sin embargo, lo que se antojaba sencillo, acabó complicándose. Hasta la fecha, la susodicha modernización lleva años dando traspiés... ME LEEN EL DOMINGO.

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]