De las generaciones presentes se compadecerán las futuras.
Dirán: pobres, les tocó la pandemia del Corona virus.
Pero esperamos que añadan: afortunadamente los científicos descubrieron pronto el medicamento para curar a las personas infectadas, así como la vacuna para evitar la enfermedad.
Y en el campo de la administración pública, los presidentes municipales serán recordados como las autoridades a las que les tocó lidiar de manera directa con la parte social de un problema de salud pública inédito.
Casos de Antonio Villalobos Adán y Rafael Reyes Reyes, de Cuernavaca y Jiutepec respectivamente, citados en el comentario por gobernar los municipios más poblados de Morelos con 366 mil y 214 mil habitantes, según números no actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) pero en realidad muchos más.
Como del nivel del problema es el tamaño del mismo, la clave está en la aplicación del justo medio que no adelante el reinicio de la normalidad, pero tampoco la frene de forma tajante.
Que las personas comiencen a salir a la calle poco a poco, gradual a inteligentemente para que no rebote la epidemia en la zona conurbada del valle de Cuernavaca donde el semáforo sanitario sigue estando en rojo y, según pronósticos de expertos, así continuará durante lo que resta del mes.
Atemorizada, una parte de la gente se resiste a dejar el encierro en casa, mientras sectores que están en el límite de la desesperación económica comienzan a amenazar con reabrir negocios no esenciales como restaurantes y tiendas de muchas cosas.
Paciencia, pues… UN juez y su esposa fueron ultimados en Colima, el martes, y al instante los anti-AMLO le echaron la culpa… a AMLO.
Una: todos los homicidios son condenables, y dos: preocupan los asesinatos de servidores públicos, en este caso de un juzgador.
El hecho da lugar a la reflexión de que si un juez es ejecutado, qué puede esperar cualquier persona común y corriente.
Sucedió en Morelos hace 33 años.
De acuerdo a la versión oficial, el asesinato del juez federal Pedro Ocampo Villafuerte pasó por el descubrimiento de un laboratorio clandestino.
El 28 de noviembre de 1985, elementos de la Policía Judicial Federal al mando de los jefes de grupo Guillermo Arriaga Muñoz y Ernesto Zetina Correa Nieto detuvieron a Felipe Cuenca Maldonado, Reynel Cuenca Merino, Marcial García Maldonado y la señora Natividad Cuenca Maldonado.
Estaban en la casa de doña Nati, ubicada en la esquina de Geranio y Jazmín de la colonia Satélite, donde operaban una “cocina”.
Les decomisaron un kilo de morfina y joyas.
Dos años después se fugaron de la desaparecida Penitenciaría de Atlacomulco, el 26 de junio de 1987.
Salieron por la puerta grande, disfrazados de custodios, y por un tiempo se refugiaron en su pueblo natal, Corral de Piedra, Gro.
Pero regresaron tres meses más tarde, y la noche del domingo 20 de septiembre “venadearon” al juez primero de distrito afuera de su casa del número 104 de la calle Tepozteco, colonia Reforma.
Lo llenaron de plomo, cuando enfundado en una bata salió por breves momentos con la intención de meter el coche al garage.
Y escaparon para no volver a ser vistos en Morelos, hasta que pasaron catorce años y el 19 de noviembre de 2001 una casualidad puso en el entonces nuevo penal de Atlachohaya a Reynel.
Un día antes había sido detenido en Chilpancingo, por un incidente de tránsito, y al checar sus antecedentes los policías vieron que tenía una orden de aprehensión en Morelos, por el delito de evasión de reos.
Así que lo mandaron acá, pero no lo detectaron relacionado con el homicidio del juez y poco tiempo debió transcurrir para que recuperara la libertad… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com