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¿Dónde están los 43 estudiantes? Tal es la pregunta que en tres años no ha atinado a responder el gobierno federal. Por principio de cuentas, es necesario subrayar que la tragedia constituye un crimen que no solamente agravia a la sociedad mexicana, también implica un crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad, cuyas especificaciones corresponden al Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en julio de 1998. Los actos inhumanos graves cumplen dos requisitos: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y deliberado conocimiento de dicho ataque”, según define el Diccionario de Acción Humanitaria. Porque no sólo fueron atacados y desaparecidos los estudiantes: las cifras de las personas dañadas incluyen 8 muertos (entre quienes están dos de los 43 normalistas, Alexander Mora Venancio y Jhosevani Guerrero de la Cruz); también una mujer pasajera de un taxi que pasaba por el lugar del primer ataque, el chofer del autobús del equipo Avispones de Chilpancingo y un jugador del mismo. Igualmente, una docena de normalistas heridos y otra docena de personas, entre quienes se encontraron la periodista Norma Angélica Rendón Chávez, seis jugadores y el cuerpo técnico de ese equipo. Definición: El “ataque generalizado” quiere decir que los actos se dirigen contra una multiplicidad de víctimas, como ocurrió en Iguala. La definición proviene del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el que juzgó a los nazis cuando Alemania fue vencida en 1945, con lo cual concluyó el genocidio de Hitler. El Tribunal de Nuremberg fue el primer instrumento internacional que aplicó el concepto de “crimen contra la humanidad”, ya que al examinar los actos inhumanos como posibles crímenes de lesa humanidad aclaró que la política de terror “se realiza sin duda a enorme escala”. En este sentido, el mencionado estatuto aclara que por “ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”. En base a la anterior definición, para llegar a una conclusión resulta necesario hacer un breve resumen de algunos de los hechos del caso, con los cuales queda en evidencia que la negligencia de un gobierno lo hace copartícipe de un crimen de lesa humanidad. Hechos: La desaparición forzada de Iguala fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la que la policía municipal persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En los ataques resultaron heridos civiles. Los eventos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 41 estudiantes desaparecidos y 27 heridos. Según el fiscal del estado de Guerrero, el 27 de septiembre fueron detenidos 280 agentes de la policía municipal de Iguala, de los cuales quedaron en calidad de indiciados 21 por su presunta participación en los hechos. Después de los ataques, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, declaró que no tenía conocimiento de lo ocurrido al instante, ya que cuando sucedieron él se encontraba en el baile por el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal. Inicialmente dijo que no renunciaría y manifestó estar dispuesto a que lo investigaran, pero el 30 de septiembre acudió al Ayuntamiento para solicitar una licencia, poder ausentarse del cargo por un mes y enseguida desapareció junto con su cónyuge. Al día siguiente, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció la orden de presentación en contra del ex alcalde y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, primo de José Luis Abarca. Mientras tanto, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunciaba la expulsión de Abarca de este partido. Cinco semanas más tarde, acusados de homicidio y crimen organizado fueron capturados el ex alcalde y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y a fines de octubre de 2016 fue detenido Felipe Flores, imputado de ser uno de los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas. El 4 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República atrajo el caso, negada, sin embargo, a investigar al  27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Rápidamente la desaparición de los normalistas generó numerosas expresiones de repudio nacional hacia el presidente Peña, que siguen y continuarán ad infinitum… ME LEEN MAÑANA.

Por José Manuel Pérez Durán

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